(El Capitolio)- La Cámara de Representantes aprobó hoy, el Proyecto de la Cámara 18, de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, para establecer la “Ley de Asistencia, Protección y Albergue a Víctimas y Testigos con el fin de proveer protección y asistencia tanto a víctimas como testigos de delitos, incluyendo su núcleo familiar, cuando sea necesario para asegurar su participación en los procedimientos investigativos y judiciales que se lleven a cabo para enjuiciar un delito.
En su esfuerzo por mitigar la violencia doméstica, Méndez Núñez presenta esta legislación de avanzada que tiene un impacto real en las vidas de las víctimas de este terrible mal social.
“Reconocemos que nuestro sistema de justicia no está para criminalizar a las víctimas y a los más vulnerables que necesitan ayuda y asistencia. Por ello, es nuestro compromiso fortalecer los programas de la Oficina para las Víctimas de Crimen, creando una infraestructura que sirva a las víctimas de delito, al igual que sus hijos y familiares cercanos. Es hora de actuar con premura a favor de aquellos que más lo necesitan”, enfatizó el líder cameral.
El proyecto autoriza al secretario de Justicia de Puerto Rico a tomar medidas y acciones necesarias para proveer la protección y asistencia a las víctimas y familiares, así como a establecer el “Programa del Albergue de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos”.
Dentro del Programa se establecerá los albergues como dos unidades separadas, una que será el “Hogar para Víctimas de Delitos” adscrito a la Oficina de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito y otra que será el “Centro de Protección a Testigos Cooperadores”, adscrito a la Oficina del Jefe de los Fiscales. El secretario de Justicia establecerá mediante reglamento los criterios de admisión y el sistema de referidos al Programa del Albergue de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos. Está pieza entrará en vigor el 1 de julio 2025.
Además, fue aprobada la Resolución de la Cámara 37, del líder cameral Méndez Núñez y el representante Félix Pacheco, que ordena a la Comisión de Seguridad Pública una evaluación sobre todo asunto relacionado con la seguridad y el orden público, el fortalecimiento de los esfuerzos gubernamentales de ley orden contra la violencia, el crimen y el trasiego de drogas.
“Estamos en un momento crucial en el que es imprescindible darle un giro en la dirección correcta a la forma en que el Estado responsablemente debe responder a sus constituyentes. Por tal motivo, la Cámara de Representantes entiende que es menester impostergable que esta Comisión lleve a cabo los estudios e investigaciones que se ordenan en esta resolución, de tal forma que se puedan hacer las recomendaciones pertinentes a todos los organismos que componen las tres ramas de gobierno”, señala la pieza legislativa.
“Recalco que los policías hacen una labor titánica con los recursos que poseen por lo que tienen mi total apoyo””, enfatizó Méndez Núñez.
Esta pieza trabajará un tema medular para el líder cameral, que en el pasado ha propuesto iniciativas tales como los acuerdos colaborativos con el Negociado de Investigaciones Federales (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional, para proveer adiestramiento adicional a los policías estales en las instalaciones de estas agencias.
También se le dio visto bueno al Proyecto de la Cámara 22, de la autoría del líder cameral Méndez Núñez, y el representante José “Che” Pérez Cordero, para agilizar la inscripción de todo documento presentado en papel en o antes del 31 de marzo de 2016 bajo unos parámetros mínimos de calificación que garanticen los principios registrales de tracto y especialidad.
Las inscripciones bajo esta ley se podrán ejecutar de manera expedita, mediante la entrada de estos datos a la plataforma de datos conocida como Karibe, lo que permitirá actualizar los datos del Registro de la Propiedad en un término improrrogable de dos años.
“Existe un problema real con el registro de documentos. Es importante para los ciudadanos que todo documento asociado a propiedades inmuebles esté debidamente inscrito y esta medida facilita esto, brindando mayor acceso a nuestra gente”, aseguró el representante Pérez Cordero.
Con esta ley se busca crear establecer una base jurídica moderna, atemperada a los nuevos desarrollos legales y jurisprudenciales junto a los nuevos modos de realizar negocios. Otra medida que recibió el aval fue el Proyecto de la Cámara 13, radicado de igual forma por Méndez Núñez y el representante Pérez Cordero, para enmendar la Regla 23.1 de las de Procedimiento Civil del 2009 a fin de establecer límites en el descubrimiento de prueba con respecto a los borradores de informes de personas peritas anunciadas como testigos en un procedimiento judicial y las comunicaciones entre un representante legal de una parte y las personas peritas anunciadas como testigos en un procedimiento judicial.
Estas enmiendas recogen sugerencias emitidas por el Tribunal Supremo en su opinión en torno al caso McNeill Healthcare, LLC v. Municipio de Las Piedras para que la Asamblea Legislativa enmiende esta regla y se tome como ejemplo la jurisdicción federal, que protege estas comunicaciones que son el producto del trabajo que realiza una parte o sus representantes legales y personas peritas.
El lenguaje de la medida establece que con este proyecto “el ordenamiento procesal se beneficia cuando las partes y sus representantes, incluyendo sus representantes legales, pueden consultar personas peritas sin que toda comunicación con la persona perita pueda escudriñarse bajo el criterio amplio de pertinencia reconocido para el descubrimiento de prueba. De lo contrario, ello tendría un efecto desalentador que llevaría a las partes y a sus representantes legales a no comunicarse entre sí o con la persona perita por temor a que pueda argumentarse que eran comunicaciones dirigidas a intervenir indebidamente con la opinión pericial”.
Durante los trabajos del día, se dejó para un turno posterior la Resolución Conjunta de la Cámara 3, del líder cameral Méndez Núñez, y los representantes José Aponte Hernández, José “Cheito” Hernández Concepción y Ángel Morey Noble como coautores, para denominar con el nombre del ex gobernador de Puerto Rico, Honorable Carlos Antonio Barceló (QEPD), la Avenida Las Cumbres (PR-199), que discurre entre los municipios de Bayamón, Guaynabo y San Juan.
A renglón seguido se dio paso al Proyecto de la Cámara 6, con el propósito de restituir al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) la capacidad para expedir el denominado “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar” y permitir el empleo de exconfinados y exconfinadas en el servicio público municipal.
La pieza de la autoría del líder cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y el representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, es impulsado en aras de fomentar la reinserción en la comunidad como personas productivas y útiles para así restaurar el daño ocasionado a la víctima y a la sociedad.
El representante Pérez Ortiz, que a su vez preside la Comisión de Asuntos Municipales, manifestó que todas las agencias que comparecieron para dar su insumo sobre la medida opinaron que “esta medida atiende una necesidad apremiante en nuestra sociedad; ofrecer una verdadera segunda oportunidad a aquellos que han cumplido su sentencia y han demostrado su compromiso con la rehabilitación y están listos para contribuir de manera productiva a sus comunidades”.
“Este proyecto no es un acto de indulgencia, sino de justicia y de sentido común, sabemos que el acceso al empleo es una de las herramientas más efectivas para prevenir la reincidencia delictiva y para lograr una rehabilitación real, si le cerramos las puertas, los estamos condenando al fracaso”, añadió Pérez Ortiz.
Con esta pieza se restituye este instrumento que fue eliminado cuando se derogaron la “Ley del Mandato Constitucional de Rehabilitación” del 2004 y el “Código Penal del 2004”, lo que dejó al DCR sin herramientas para ayudar a los exconfinados que se han rehabilitado y están capacitados para trabajar y cumplir con el mandato constitucional de buscar la rehabilitación de las personas que han cometido algún delito.
“Con la ampliación de los programas de trabajo del DCR se impacta a la población sentenciada interesada en ser partícipes del mejoramiento económico de Puerto Rico, a través de su reinserción al mundo laboral”, indica en el proyecto.
La medida, que recibió 51 votos a favor, tiene como intención permitirles el empleo en el servicio público municipal a estas personas, salvo varias excepciones entre las que se mencionaron si están dentro del “Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores”, el “Registro de Personas Convictas por Corrupción y Delitos Relacionados”, el “Registro de Personas Convictas por Maltrato a Adultos Mayores”, entre otros delitos que giran en torno a delitos que implique depravación moral o infracción a los deberes oficiales.
Antes de que se otorgue la certificación, el secretario del DCR debe contar con una evaluación y recomendación psicológica a los efectos de que el confinado está capacitado para convivir libremente en la sociedad y de que los otros profesionales lo evaluaron informen detalladamente y por escrito sus determinaciones de la condición de rehabilitado del sentenciado.
A renglón seguido se atendió la Resolución de la Cámara 160, del representante José “Cheito” Hernández Concepción, para dar paso a una investigación por parte de la Comisión de Transportación e Infraestructura en torno a las carreras de competencia o regateo, concursos de velocidad y concursos de aceleración no autorizados conocidas popularmente como “carreras clandestinas” de vehículos de motor en las carreteras públicas de Puerto Rico.
Esto con el fin de evaluar los peligros asociados, las estadísticas de accidentes, la efectividad de las sanciones actuales y la viabilidad de nuevas medidas legislativas para fortalecer la seguridad vial y la fiscalización de estas conductas.
Por otra parte, se dejó sobre la mesa, el Proyecto de la Cámara 152, de la autoría del representante Ángel Morey Noble, para enmendar la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, a los fines de disponer sobre la utilización de dispositivos reflectores cuando las personas se vean obligadas a desmontarse de un vehículo de motor por estar detenido en el paseo a partir de la 6:00 p.m. y hasta las 6:00 a.m. en aras de evitar accidentes fácilmente prevenibles.
Mientras tanto, la Resolución de la Cámara 12, presentada por la representante Wanda Del Valle Correa, recibió el respaldo para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social realizar una investigación sobre la disponibilidad y efectividad de los servicios de apoyo que se le ofrecen a los cuidadores de los adultos mayores en Puerto Rico en especial aquellos residentes en el Distrito 38, que comprende los municipios de Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto.
Más adelante, se apoyó la Resolución de la Cámara 31, de la autoría de la representante Lisie Burgos Muñiz, para ordenar a la Comisión de Salud, que se estudie el tema del uso de cigarrillos electrónicos” en menores de edad a pesar de que está prohibido por ley.
Como parte de la investigación se solicita auscultar los efectos nocivos a la salud que produce esta práctica, evaluar las acciones gubernamentales para fiscalizar la venta de dichos artefactos y atender el problema de salud pública que generan estos estos dispositivos en la población antes mencionada.
A su vez, se ratificó a viva voz, la Resolución de la Cámara 62, de la representante Sol Y. Higgins Cuadrado, para solicitar a la Comisión de Educación realizar una investigación sobre la deserción escolar, sus causas, impacto y estrategias de prevención en las escuelas públicas del distrito representativo 35 que comprende los municipios de Las Piedras, Humacao y Naguabo. Esto tomando en consideración los factores socioeconómicos, la falta de acceso a servicios especializados y las barreras educativas que enfrentan los estudiantes, particularmente aquellos de educación especial.
Más adelante, se le dio el visto bueno a la Resolución de la Cámara 86, radicado por el representante Pedro J. “Pellé” Santiago Guzmán para auscultar las deficiencias en la reparación y reemplazo de luminarias en las carreteras estatales y municipales de Toa Baja, y Cataño, así como el “Programa Iniciativa de Alumbrado Público Comunitario” de LUMA y los recursos económicos y tecnológicos para atender esta problemática.
A la lista de aprobaciones se añade la Resolución de la Cámara 88, del representante Santiago Guzmán para ordenar a la Comisión de Asuntos del Consumidor una investigación sobre las interrupciones y fluctuaciones de voltaje en el servicio eléctrico, su impacto en los consumidores, así como examinar el proceso de reclamación de daños a enseres eléctricos, lo que incluirá la accesibilidad, transparencia y efectividad. También evaluarán el rol de la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC) en la supervisión y fiscalización de estas reclamaciones.
De otra parte, se acogió la Resolución de la Cámara 112, del representante José Aponte Hernández para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura a evaluar la implementación y operación de cualquier aplicación digital o plataforma, utilizada para el intercambio, alquiler o venta de automóviles, que haya solicitado autorización y así operar en Puerto Rico ante el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos, junto a las regulaciones y leyes aplicables a dicho negocio.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos legislativos de la Sesión Ordinaria hasta el próximo jueves, 13 de marzo, a las 11:00 a.m.
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