Entre cánones y otras normativas, el gobierno busca prohibir la construcción de nuevas propiedades y la ampliación de las 147 que ya están edificadas
(El Capitolio) – En busca de resolver la problemática jurídica, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) endosó hoy en vista pública de la Cámara de Representantes la medida de administración que establece un régimen de concesión mediante el cobro de cánones por el uso de terrenos y aguas de dominio público que ocupen las residencias situadas en el litoral costero de La Parguera.
El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, no compareció a la audiencia y en su lugar asistió la directora de la Oficina de Asuntos Legales de la agencia, Brendaliz González Méndez, quien detalló que la medida impone el pago de gravámenes anuales entre 5 a 10% mayor a los cobrados a las marinas y muelles privados por el mismo uso público.
Ante la Comisión de Recursos Naturales, presidida por la representante Elinette González Aguayo, la deponente aseguró que el Proyecto de la Cámara 269 es responsable, equilibrado y “absolutamente necesario” para atender la falta de regulación que ha afectado esta zona en el municipio de Lajas por décadas.
“Esta legislación no se limita únicamente a permitir la ocupación de terrenos públicos a cambio de una compensación económica, lo que sería una medida incompleta e insuficiente, sino que también impone obligaciones ambientales y estructurales claras que aseguran que las actividades humanas en La Parguera se realicen de manera sostenible y en armonía con el ecosistema costero que define la región”, expresó González Méndez.
La pieza legislativa persigue, entre otras normativas, impedir la construcción de nuevas casetas o la ampliación de las 147 que ya están edificadas, de acuerdo con el último inventario reconocido por el DRNA en el 2013. Esta prohibición aplicaría si una propiedad es destruida total o parcialmente debido a causas naturales o deterioro provocado por el paso del tiempo, por lo que no podrá ser reconstruida.
Para la agencia, otro aspecto clave de la legislación es que evita la usucapión y cualquier reclamo de titularidad privada sobre los terrenos de dominio público. El proyecto dispone que el Estado mantendrá “autoridad absoluta” sobre la zona marítimo-terrestre y la facultad de intervenir en casos de incumplimiento con las condiciones establecidas en la ley.
La representante González Aguayo explicó que la pieza legislativa recoge algunos aspectos de la Orden Administrativa 2025-01, firmada por Quiles Pérez el pasado enero, así como del Reglamento 4860, que desde 1992 sirve de marco regulatorio para las concesiones sobre el uso de la zona marítimo-terrestre, aguas estatales y los terrenos sumergidos bajo ellas.
El DRNA afirmó que el proyecto, sin embargo, es más amplio y contempla una duración de 40 años para cada concesión, mientras que la Orden Administrativa otorga estas autorizaciones por cinco años con posibilidad de renovación en conformidad con las disposiciones del Reglamento.
“Este proyecto, de aprobarse, iría por encima de la Orden y cualquier reglamento existente. El Reglamento 4860 habría que disponer de él o eliminarlo o atemperarlo a la ley”, mencionó la legisladora. “Nosotros lo que queremos es poner las cosas en orden y por eso es que se trae este proyecto”.
Durante su turno de preguntas, la representante Adriana Gutiérrez Colón señaló la confiabilidad del alcantarillado sanitario de las residencias, cuyos dueños sufragaron hace décadas la conexión al sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para subsanar la contaminación por descargas de aguas residuales que ocurrió en el litoral costero cuando las estructuras fueron construidas a partir del 1960.
El DRNA defendió que la propuesta legislativa incluye mecanismos para requerir certificaciones sobre la integridad del sistema sanitario por parte de plomeros licenciados y que la contaminación hídrica es una problemática atendida, pero la legisladora cuestionó la ausencia de represalias hacia los titulares de las propiedades.
Junta de Planificación pide mayor claridad
El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, indicó en un memorial explicativo que el proyecto cameral necesitará determinar con mayor claridad la delimitación de la zona costera a la que le aplicarán las disposiciones de la ley.
El licenciado explicó que el área bajo estudio cuenta con varios planes especiales como son las Reservas Naturales, Bosques Estatales, Planes de Manejo, entre otros, que podrían solapar con la designación de la “Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles de La Parguera” que pretende la medida.
“Para la Zona Especial de Planificación, la Junta de Planificación elaborará guías, reglamentos y cualquier otro documento que se dirija a establecer las condiciones necesarias para propiciar la rehabilitación y el desarrollo integrado de esta. Dentro de estos límites generales, la Junta podría establecer áreas de prioridad delimitaciones más precisas”, comunicó el planificador.
Morales Martínez recomendó que otros municipios afectados, como Cabo Rojo y Guánica, enmienden sus Planes de Ordenamiento Territorial, en coordinación con la Junta, para que sean cónsonos con lo que se establezca en la nueva ley.
Además, sugirió al DRNA revisar el Plan de Manejo para el Área de Planificación Especial del Suroeste Sector La Parguera -aprobado en 1995- debido a que el área coincide con varias reservas naturales designadas.
Tanto la Junta como el Departamento de Justicia expresaron no tener objeción con la aprobación de la medida de acogerse las enmiendas técnicas que propusieron.
La representante González Aguayo adelantó que comparecerá a una próxima vista pública el Municipio de Lajas, la Compañía de Turismo y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). La comisión cameral también acogió la petición de diversos legisladores de citar a grupos ambientales y residentes de las comunidades aledañas al litoral costero.
“El proyecto, como está presentado, es para reglamentar, regular y permitir un desarrollo sustentable que no afecte nuestro ecosistema. El fin principal es poner el orden, poner las cosas en ley”, puntualizó la legisladora.
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