La legislación busca garantizar una intervención efectiva en los casos de Ley 54
(El Capitolio) – La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes consideró este viernes la elaboración de un currículo para fortalecer los adiestramientos en cuanto al manejo de la violencia doméstica, que reciben los miembros del Negociado de Policía, en respuesta a hallazgos del Monitor Federal sobre la falta de cumplimiento en áreas de capacitación respecto a estos casos.
El Proyecto de la Cámara 102 -de la representante Wanda del Valle Correa- busca implementar un nuevo instrumento para atender la ola de violencia de género y feminicidios íntimos en Puerto Rico que, en lo que va de año, ha cobrado la vida de seis mujeres.
El Departamento de Seguridad Pública (DSP) defendió en una vista pública que los agentes del orden público reciben cientos de horas en entrenamientos en la Academia de la Policía y readiestramientos anuales sobre la violencia doméstica, pero la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) debatió, en un planteamiento compartido por los legisladores, la insuficiencia de estos mecanismos.
“Hay que ir a los números, a la realidad, qué es lo que está pasando mucho más allá de que cumplamos con lo que dice una ley y con la cantidad de horas, porque definitivamente -seamos honestos- no está funcionando”, dijo la recién confirmada procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro.
La titular endosó la medida cameral en el primer día de vistas públicas, presididas por el representante Félix Pacheco Burgos, y destacó la necesidad de incorporar a los cuerpos de la Policía Municipal en el alcance de la legislación. Piñeiro informó que no es obligación en ley que la Policía Municipal tome estos adiestramientos y desde 2023 no reciben capacitaciones relacionadas a casos de violencia doméstica.
La representante del Valle Correa mencionó durante su intervención que la propuesta nace de diversos esfuerzos conducidos junto a la pasada procuradora de las Mujeres, Madeline Bermúdez, y experiencias con las que se ha topado al visitar cuarteles en los que ha presenciado efectivos de la Policía desconocer cómo llenar correctamente una orden de protección.
La legisladora, quien preside la Comisión de Asuntos de la Mujer, también repudió la falta de sensibilización que permea en los cuarteles, así como las conductas de revictimización, discriminación y negligencia contra la sobreviviente.
“Si tenemos una fuerza bien preparada para bregar con los casos, nos evitamos ver policías que maltraten, y nos evitamos tener que ver que otra mujer muere porque fue a un cuartel y no le dieron la atención correspondiente. Eso es lo que busca el proyecto”, manifestó.
“Salen de la Academia, ¿y después qué? ¿En la calle qué? Trabajar un caso de violencia doméstica no se trabaja como un robo”, subrayó la representante.
En la exposición de motivos de la medida, la autora señala que un informe del Monitor Federal entre octubre 2021 y marzo 2022 reveló que la Policía continúa con la necesidad de enmendar sus procesos con relación a las víctimas de violencia doméstica. Entre los hallazgos se destaca que de tres entrenamientos sobre este tema, en uno de ellos el 91 por ciento de los miembros recibió adiestramiento, ninguno recibió capacitación sobre el segundo y un 30 por ciento se adiestró en el tercero.
La OPM advirtió, por su parte, que sus números colocan a la Policía como el ente público con mayor incidencia de acoso y hostigamiento sexual en su estructura interna. Además, la representante Adriana Gutiérrez Colón compartió que entre 2010 y 2021 más de 800 policías fueron arrestados por 960 incidentes de violencia doméstica y solo 36 terminaron en convicciones, según una investigación periodística que analizó datos del DSP.
Del Valle Correa denunció que a la OPM no se le permite evaluar los currículos de enseñanza de los agentes del orden público, planteamiento que el DSP atribuyó al crisol del tribunal federal como parte de las disposiciones de la Reforma de la Policía.
La licenciada Omara Arias, directora de Asuntos Legislativos del DSP, defendió la preparación de los efectivos al asegurar que el tema de la violencia doméstica está cubierto en los cursos impartidos por la Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento, que exige un mínimo de 800 horas de entrenamiento en múltiples áreas para agentes que se encuentran en el periodo probatorio.
La portavoz de la agencia también detalló que anualmente reciben por lo menos 40 horas de capacitación con el fin de mantenerse actualizados en la política pública de la Uniformada, al tiempo que cuestionó la facultad de la OPM para ofrecer los adiestramientos en violencia doméstica como sugiere el proyecto de ley.
Arias alertó, por otro lado, que añadir más horas de capacitación podría resultar en que los oficiales pasen la mayor parte de su tiempo recibiendo talleres de educación en lugar de ejercer activamente sus funciones como agentes del orden público.
“No es que hay resistencia a cualquier cambio o mejorar el adiestramiento que se brinda al día de hoy. Los miembros de la Uniformada están siendo capacitados en todas esas áreas y, ciertamente, para el Negociado de la Policía poder adiestrar a su personal es un impacto en el presupuesto”, argumentó.
La representante del Valle Correa resaltó que también presentó legislación para reforzar la sensibilización en casos de violencia doméstica para la Policía Municipal, jueces y fiscales. Indicó, de igual forma, que pretende presentar un proyecto para enmendar la ley orgánica de la OPM, que no recibe cambios desde el 2015.
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