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San Juan – Ante los cambios en la política pública del gobierno con relación a los planes fiscales de los próximos años y el plan de ajuste de la deuda, candidatos al Senado por Victoria Ciudadana reiteran la necesidad de la cancelación total de la deuda pública. Añaden que el dinero que actualmente se tiene guardado para su pago, que sobrepasa los $4,000 millones, se debiera utilizar para impulsar e incentivar la economía y la gente durante esta crisis.
Desde inicios de esta semana, el gobierno de Wanda Vázquez ha propuesto posponer por dos años los recortes presupuestarios contemplados en sus planes fiscales. Además, ahora se habla de revisar los planes de ajuste de deuda que estaban bajo la consideración de la jueza Laura Taylor Swain. “Las medidas del gobierno son insuficientes, aunque sean un buen inicio. El gobierno, por fin, se empieza a ajustar a la realidad de nuestra situación económica y social. Sin embargo, todavía son políticas muy tímidas”, expresó Rosa Seguí, candidata al Senado por el Distrito de San Juan.
“Victoria Ciudadana, junto a otros sectores de la sociedad civil, ha insistido en la necesidad de auditar esa deuda y cancelarla en su totalidad. La auditoría se hace para que no haya impunidad para aquellos que hicieron emisiones de bonos de manera ilegal e ilegítima. La cancelación se hace a base de las doctrinas de cambio de circunstancia y de estado de necesidad. No cancelarla después del Huracán María, de los terremotos y del COVID-19 sostenemos que es un acto criminal”, finalizó Seguí.
Por otro lado, Victoria Ciudadana afirma que hay que redirigir la lógica que ha sido la política pública de las últimas décadas. “Posponer los recortes durante dos años no es suficiente. Las políticas de austeridad no nos ayudan a salir de la crisis, sino que, al contrario, la profundizan. Los recortes a la salud, a la educación, a la Universidad de Puerto Rico, terminan profundizando la crisis y empeorando la vida de la población”, sustentó el candidato al Senado por Acumulación, Rafael Bernabe.
“Puerto Rico requiere de lo contrario: una inversión en la economía por parte del gobierno, que sea coordinada, planificada y que pueda crear las bases de una nueva política económica equitativa y sustentable. Actualmente, el gobierno tiene guardados unos $4,000 millones para los bonistas. Entre los $2,200 que llegarán a Puerto Rico por el CARES Act, estos $4,000 millones, y todo lo que falta por llegar de los fondos de emergencia a causa de los huracanes y los terremotos, podemos transformar a Puerto Rico, invirtiendo en un Plan de Salud Universal, en el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, para que, entre otras cosas, pueda reducir la matrícula que pagan los estudiantes, en nuestra agricultura, en nuestra educación pública. Que nuestra gente sea el sustento de la economía y lo que ayude a atraer nuevas industrias”, continuó el también profesor de la Universidad de Puerto Rico.
