“Le decimos al pueblo que no hay Policías, pero a la misma vez, no queremos que los ciudadanos busquen mecanismos de defensa”
Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), lamentó hoy que los detractores del derecho individual a la portación de armas intenten entrelazar la primera masacre ocurrida en el año 2025 con la flexibilización de la Ley de Armas de Puerto Rico 168-2019.
Las expresiones de Torres Meléndez surgen luego de que analistas políticos e influencers, entre ellos Jay Fonseca, señalaran aspectos de la Ley de Armas vigente y la falta de policías en la isla como responsable de incidentes violentos.
En primer lugar, la Ley de Armas de Puerto Rico 404-2000 se enmendó porque era inconstitucional. Se tenía que atemperar a la Constitución de Estados Unidos y las decisiones del Tribunal Supremo con relación a la Segunda Enmienda y a los derechos individuales. “No fue por capricho, solo se les hizo justicia a los puertorriqueños”, puntualizó.
Segundo, en el caso del contable Luis H. González Torres, sospechoso de cometer esta lamentable masacre el pasado lunes y luego suicidarse en un negocio en San Juan, tenía licencia y portación de armas desde el año 2017. Por ende, las obtuvo bajo la derogada Ley de Armas de Puerto Rico 404-2000, mediante la cual se requería presentar tres testigos de reputación ante un juez, someterse a una investigación por el vecindario y área de trabajó, etc. “Eso quiere decir que lo aprendido sobre armas de fuego no se lo podemos atribuir a la nueva Ley de Armas 168-2019, la cual entró en vigor en enero de 2020”.
Cabe destacar que, al momento de la masacre, los investigadores en la escena señalaron que tenía dos armas legales y dos armas ilegales sobre su persona, lo cual es contrario a la ley.
Tercero, como ex miembro de la policía, el presidente de CODEPOLA admitió que la Policía de Puerto Rico siempre ha carecido de personal. “También es correcto decir que actualmente existe un programa de reclutamiento con mejores incentivos salariales, seguro social y el cobro de las horas extra a tiempo, gracias a las gestiones del exsecretario del Departamento de Seguridad, Alexis Torres. Si los ciudadanos no solicitan unirse a la uniformada, no es culpa del Estado, pero tampoco podemos penalizar al pueblo restringiéndole sus derechos”.
A su vez, Torres Meléndez desmintió que bajo la Ley de Armas anterior se regularan la cantidad de municiones que se podrían comprar. “Hablan de que tenemos hasta 20 mil municiones para que la policía pueda intervenir, lo que no te dicen es que ahora existe un tope, pero antes no había límite de municiones. También es importante explicar que antes había varios tipos de licencia de armas. Con la de tiro al blanco te podías comprar todas las armas y municiones que quisieras. Si solamente querías la licencia de tenencia de armas, sólo podías tener un arma en tu hogar y cuando fueras a renovar, se te autorizaba a comprar 50 municiones. Hasta ahí. Luego estaba la licencia de portación, con la cual podías tener el arma sobre tu persona. La realidad es que bajo la Ley 17, anterior a la Ley 404, tampoco había restricción de municiones”, detalló el presidente de CODEPOLA.
Torres Meléndez insistió en que, como sociedad, debemos de dejar a un lado la práctica de demonizar el tema de la portación de armas legal, sino promover nuestro derecho individual a defender la vida y propiedad. Los medios deberían contribuir en este proceso para el bien de la ciudadanía.
“Nosotros estuvimos 19 años, con la policía de Puerto Rico cayéndonos encima con una ley inconstitucional. Había que enmendarla”, enfatizó.
Torres Meléndez manifestó que la letanía de que se deben realizar evaluaciones psicológicas a los que solicitan licencia de armas, le traen a la mente el caso del agente Guarionex Candelario Rivera, sospechoso de matar a tres compañeros policías en la Comandancia de Ponce en el 2015, quien estuvo desarmado por presuntos problemas de conducta. “Este caso nos demuestra que el asunto no es un problema de mayor regulación porque los policías son evaluados por psicólogos, pero a la hora de la verdad, la conducta humana es impredecible”.
Afirmó que ningún especialista en salud mental podría certificar cuándo ni donde algún individuo cometerá un acto lamentable. Por eso, cuestionó a los que siguen clamando por un examen psicológico, pero obvian estos ejemplos. Tampoco quieren entrar en lo que es constitucional vs lo que es inconstitucional.
Dijo que llegó el momento en que el gobierno, la prensa y la ciudadanía entiendan que poseer licencia de armas de fuego es un derecho de carácter individual, que no se puede enmendar por moda o según las ideas de los políticos de turno. Debemos educar y tener claro que los individuos tenemos el derecho de defender nuestra vida y la de quienes nos rodean y que no se puede seguir criminalizando a los ciudadanos de bien.
Afirmó que, “la nueva Ley de Armas no se legisló para un grupito porque antes, estábamos obligados a hacernos socio de un Club de Tiro y de la Federación de Tiro para poder obtener tu licencia de armas. En cambio, bajo la nueva ley se trata como un derecho, no para los que pueden pagar. Nosotros tenemos un derecho a la libre asociación y logramos que se nos reivindicara”.
Torres Meléndez concluyó que la policía y las entidades gubernamentales concernientes deberían educar al pueblo “para evitar que se siga malinformando y provocando issues donde no lo hay. Tanto en la isla como en cualquier parte del mundo, hay problemas de salud mental. La diferencia es que, pero Puerto Rico, gracias a que somos un territorio bajo la República Constitucional de Estados Unidos de América, nuestros derechos y libertades individuales están garantizadas y debemos protegerlas”.
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