(San Juan, Puerto Rico) – La Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, cuyo presidente es el representante José “Che” Pérez, discutió hoy en audiencia pública el Proyecto de la Cámara 321, que propone enmendar la Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba para excluir el beneficio de sentencia suspendida en casos donde un conductor, bajo los efectos del alcohol o drogas, cause la muerte o grave daño corporal a otra persona.
Esta pieza legislativa, presentada por el representante Fernando Sanabria Colón junto a otros miembros de la Cámara, reconocido como un paso importante para la seguridad vial, surge en respuesta a incidentes trágicos como los que arrebataron la vida a Justin Rafael Santos y a las hermanas Esther Raquel y Eunice Raquel García Vázquez, víctimas de conductores negligentes bajo los efectos de alcohol y/o sustancias.
El Departamento de Justicia destacó la importancia de la medida para reforzar las penas en estos casos, pero advirtió que, debido a que el tema se encuentra actualmente bajo consideración del Tribunal de Apelaciones en el caso Pueblo v. Nevárez Torres, la agencia no puede emitir una opinión legal sobre sus méritos al tratarse de un asunto sub judice. “La Secretaría de Justicia debe actuar con suma cautela, ya que emitir una opinión podría afectar procesos judiciales pendientes”, expresó la agencia representada por la Lcda. Carla Negrón Rodríguez. No obstante, señaló que la Ley 22 y la Ley de Sentencia Suspendida ya establecen que ciertos delitos graves, por política pública, no deben ser elegibles para libertad a prueba.
Por su parte, la fiscal Jimara Gabriel Rodríguez, directora de la Unidad de Procesamiento de Conductores Ebrios del Departamento de Justicia, estableció que, “el Departamento de Justicia tiene como alta política pública, ver, litigar e investigar los casos de conductores ebrios, así como aquellos conductores que estén bajo los efectos de sustancias controladas”, concluyó.
“El Departamento de Seguridad Pública reconoce la importancia de esta legislación para reforzar la seguridad vial y disuadir la conducta irresponsable de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas. Apoyamos la rigurosidad que propone esta medida como un paso necesario para reducir la incidencia de estos delitos y proteger la vida de todos los ciudadanos”, expresó la Lcda. Omara Arias, en representación del Departamento de Seguridad Pública.
Durante la audiencia, el ciudadano Josean García, padre de las hermanas García Vázquez, ofreció un emotivo testimonio en el que destacó la necesidad urgente de aprobar esta legislación para evitar que otros padres sufran pérdidas similares. “Apoyo esta medida porque crea conciencia y elimina privilegios para quienes, sabiendo su condición de embriaguez, toman la decisión errada de ponerse al volante y terminan causando la muerte de inocentes, como mis hijas”, expresó.
García también hizo recomendaciones importantes durante su ponencia. Si bien respalda la eliminación de la sentencia suspendida en estos casos, propuso considerar una aplicación gradual para evitar penas desproporcionadas en situaciones excepcionales. Además, abogó por que la ley incluya programas de rehabilitación para ofensores reincidentes y campañas de prevención. “No buscamos castigar al alcohol ni a los negocios, sino penalizar la decisión irresponsable de conducir bajo sus efectos”, puntualizó.
El presidente de la Comisión, el representante Pérez Cordero, subrayó que esta iniciativa responde a un reclamo urgente de la ciudadanía y de las familias que han sido víctimas del comportamiento negligente en las carreteras. “Esta ley busca que el peso de la justicia recaiga sobre quienes atentan contra la vida y la seguridad de otros al decidir conducir en estado de embriaguez. No podemos seguir permitiendo que tragedias como estas queden sin consecuencias adecuadas”, afirmó el legislador.
A preguntas del representante Sanabria Colón, el papá de las hermanas Esther y Eunice, víctimas fatales a manos de un conductor ebrio, narró el profundo dolor que la ausencia de sus hijas y de quien hubiera sido su nieto le han causado, “todavía entro al cuarto y me cuesta aceptar que ya no están. Es inexplicable el dolor que se siente y no hay manera de sobrevivir a este sin la presencia de Dios en nuestras vidas”, indicó. El representante Pérez Cordero, reconoció el temple de este padre que perdió a sus hijas y agradeció por su reclamo de justicia sin pretender un acto de venganza.
La representante Lisie Burgos Muñiz, estableció la importancia de no tan solo atender la problemática de los conductores que manejan en estado de embriaguez, sino, de todos aquellos conductores que manejan bajo el efecto de sustancias controladas y el cannabis medicinal, el cual ha sido regulado en Puerto Rico, pero se mantiene ilegal a nivel federal. Destacó, además, que no existen estadísticas que revelen los accidentes causados por conductores que manejan bajo el efecto del cannabis en la isla, “por lo que es importante que esa información sea recopilada”, finalizó.
A preguntas del representante Pérez Cordero, el Capitán de la Policía de Puerto Rico, Elvis Zeno, mostró su apoyo total a la medida presentada al mismo tiempo que solicitó la revisión del Art. 4 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico para limitar el tiempo que tiene un ciudadano para informar a las autoridades el haber sido parte de un accidente en el que resulten personas muertas o heridas. “Actualmente, cualquier conductor que haya causado un accidente en el que resultare herido o muerto otro ciudadano, dispone de 4 horas para notificar a las autoridades. Entendemos que este tiempo es excesivo y en muchas ocasiones podría dificultar la investigación correspondiente”, informó.
El representante José “Conny” Varela, destacó la importancia de que la Cámara de Representantes tome conocimiento sobre el adiestramiento que reciben los jueces para manejar casos en los que un ciudadano pierde la vida a manos de un conductor negligente que maneja, a sabiendas, bajo estado de embriaguez o sustancias controladas. Al preguntar sobre el criterio que utilizan los jueces para no imponer penas de cárcel en casos como el de Justin Santos el padre de las hermanas García, Josean García, cuestionó el criterio de la jueza al asumir un rol de terapeuta y no el de un oficial llamado a hacer justicia, “mientras uno debe sufrir día a día la ausencia de un hijo, los causantes de esta tragedia, quienes fueron negligentes al conducir un vehículo bajo efectos del alcohol, nos ven a través de la televisión compartiendo con sus seres queridos, eso no es justicia”, sentenció.
La medida propone añadir un nuevo Artículo a la Ley de Sentencia Suspendida, para establecer la privación obligatoria de libertad en casos de delitos graves y menos graves que involucren muertes o daños corporales severos relacionados con la conducción en estado de embriaguez. Asimismo, excluye explícitamente estos casos de la posibilidad de cumplir la pena fuera de una institución penal.
El Proyecto de la Cámara 321 se mantiene en proceso de evaluación y forma parte de una agenda legislativa enfocada en reforzar la seguridad vial y la justicia para las víctimas. “Nuestro propósito no es afectar el Debido Proceso de Ley protegido constitucionalmente, nuestra misión con este proyecto es hacer justicia”, concluyó el presidente de la Comisión de lo Jurídico.
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