El Capitolio- El Secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez señaló que endosa con enmiendas el Proyecto de la Cámara 1945 de la delegación del PNP en la Cámara Baja que busca establecer la “Ley para la Educación de los Niños y Jóvenes con Discapacidades en Puerto Rico” a los fines de asegurar la prestación de servicios educativos inclusivos para los menores con discapacidades entre las edades de tres a 21 años. En adición, la pieza legislativa crearía la Secretaria Asociada del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico.
El Secretario de Educación compareció hoy ante la Comisión Senatorial de Educación y Reforma Universitaria que preside el senador, Axel “Chino” Roque Gracia, dejando claro que no solo, endosan la medida con enmiendas, sino, señalando que el proyecto “recoge aspectos importantes ya establecidos en la Ley Federal Individuals with Disabilities Improvement Act del 2004 (IDEA) y la propia Ley 51-1996 mejor conocida como “Ley de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos”. “Este estatuto ya contiene varios de los procesos que están siendo implementados en la agencia”, dijo.“Creemos que la iniciativa presentada es un paso de avance que contempla tener en un solo documento la base para la prestación de los servicios de educación especial.
Ahora bien, el proyecto presenta varios elementos nuevos que deben considerarse dentro de lo que hemos expuesto. En primer lugar, trae como un cambio en la forma en que se designa o nombra al Secretario Asociado de Educación Especial. Reconocemos que esta propuesta busca darle mayor legitimación o importancia a la figura de quien dirige el Programa de Educación Especial. No obstante, no debemos perder de perspectiva que este funcionario debe ser considerado dentro del contexto del Departamento y su deber ministerial.
Filosóficamente, quien ocupa este puesto debe ser afín a quien esté dirigiendo el Departamento y la política pública que se busca implementar. La separación o autonomía mayor puede crear un potencial choque de política pública. Debemos fomentar el trabajo en equipo, pues con ello fomentamos la inclusión de nuestros estudiantes”, indicó el secretario.
Otra de las preocupaciones traídas por Eligio Hernández Pérez fue sobre la propuesta de separar los jueces administrativos de educación especial para que sean nombrados por el gobernador con el consentimiento del Senado, el jefe de Educación sugirió que estos continúen siendo nombrados por el Departamento, ya que, el proceso de querellas está regulado por legislación federal y dispone de un término corto para resolver las querellas (45 días). Asimismo, recordó, que estos funcionarios son contratados con fondos federales (Ley Federal IDEA) lo cual requiere que no sean empleados de la agencia ni que estén envueltos en la educación o cuidado del menor, que no tengan intereses personales ni profesionales que puedan tener algún conflicto de interés con su objetividad en la vista administrativa. Además, deben tener conocimiento y la habilidad para entender la Ley IDEA, las regulaciones estatales y federales sobre el citado estatuto.
“El mecanismo propuesto, a pesar de que separa el nombramiento de los funcionarios, termina por mantenerlos bajo la supervisión directa de la agencia, lo que pone el mecanismo en contra de las disposiciones de ley y, por ende, pone en riesgo el uso de los fondos federales”, sostuvo sobre el particular.
El proyecto cameral también contiene la derogación de las disposiciones de la Ley del Servicio de Evaluación Vocacional y de Carrera (Ley Núm. 263-2006) a lo que el Departamento recomendó que antes de ser incorporadas al proyecto estas sean revisadas, ya que las experiencias de los maestros de educación especial de hoy día se alejan de los deberes establecidos en esa Ley.
“Ni el Departamento ni el Programa de Educación Especial cuentan con suficientes recursos diestros para llevar a cabo las evaluaciones vocacionales y de carrera a los 59,101 estudiantes que se benefician de ese servicio.
Por lo tanto, sugerimos se evalúe el aumentar la edad y establecer consideraciones especiales para esta evaluación, pues el proceso y las consideraciones varían entre los estudiantes. Por otro lado, recomendamos que este tema no forme parte del proyecto sea atendido en conjunto con los maestros de Educación Especial, consejeros escolares, la Administración de Rehabilitación Vocacional y las escuelas y universidades, de forma tal que se pueda mejorar lo existente
Por último, destaca que se elimine el término defensor y se mantengan los intercesores. “Concurrimos con la medida en la cual establece que estos deben estar regulados por un ente externo y debe existir un registro oficial de los mismos y un código de ética que les aplique”, explicó Hernández Pérez.En la ponencia presentada por el Secretario, establece que la matrícula servida del Programa de Educación Especial ha variado significativamente desde el 1996. Actualmente la matricula es de 103,137, desglosándose de la siguiente manera: 11,799 la matricula es servida de 3 a 5 años y 91,338 de 6 a 21 años. Comparado para el 1994-1995 que la matricula era de 40,606 y para el 2012-2013 de 130,212.
Asimismo, el titular de la agencia detalló que para el año fiscal 2018-2019, el presupuesto federal fue de $130,954,235. En total para este año fiscal la Secretaria Asociada de Educación Especial (SAEE) contó con un presupuesto combinado (estatal y federal) de $451,270,235.00 para atender 114,231 estudiantes más los de nuevo ingreso que se van integrando durante el año. “Al hacer un análisis del presupuesto podemos destacar que del total de fondos que recibe el Programa de Educación Especial, 29% representan fondos federales y 71% fondos estatales.
Por otro lado, a la vista pública se presentó la madre de una estudiante de educación especial quien expresó inquietudes sobre el P. de la C. 1945 por entender que “uno de los problemas más grande de la medida está en la falta de participación de expertos en el tema”.
Para la Sra. Jinnette Morales Díaz una de las inquietudes que tiene es propuesta de separar la Secretaría de Educación especial del Departamento de Educación. “Creo que personalmente el 100% de nuestra población debe estar en un proceso de inclusión y no de segregación”, dijo la señora Morales Díaz a preguntas del presidente de la Comisión sobre en que se basa para aseverar que “separar la Secretaría (Secretaria Asociada del programa de Educación Especial) es hacerle un templo a la segregación”.
“Nuestros hijos e hijas no necesitan seguir siendo separados de la sociedad y crear espacios exclusivos. Muy al contrario, nuestra población necesita confrontar la vida como es y nuestro deber como sociedad es aceptarlos con sus diversidades, desarrollar al máximo su potencial, pero siempre con el norte de la inclusión”, insistió Morales Díaz.
Morales Díaz cuestionó como un Secretario de Educación Especial que gozará de una supuesta autonomía logrará impactar al 76% de su población que ya está en corriente regular.
Mientras tanto el senador Roque Gracia anunció que la semana próxima realizará otra vista pública para que asista el personal de la Administración de Rehabilitación Vocacional para que respondan y den su parecer sobre la medida.
“Queremos asegurarnos de escuchar a todas las partes vinculadas de alguna manera a este proyecto. Por lo que les informamos que la semana próxima realizaremos una vista pública citando nuevamente al personal de la Administración de Rehabilitación Vocacional, ya que fueron convocados para presentarse hoy y no asistieron. No se excusaron ni enviaron ponencia. Para nosotros es bien importante escuchar lo que tienen que decir de esta medida”, insistió Roque Gracia.
