San Juan, Puerto Rico – Tras ser confirmado por el Senado de Puerto Rico, Fernando L. Díaz Rivera, asumió la dirección de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), con el compromiso de convertirla en una entidad visible, accesible, ágil y verdaderamente cercana a la gente.
“Puerto Rico necesita una Defensoría accesible, visible y cercana a las comunidades, alineada con los principios más básicos de equidad, justicia social y respeto a la dignidad humana”, expresó el nuevo defensor al exponer ante la Cámara Alta la hoja de ruta que guiará su gestión.
Entre sus objetivos, Díaz Rivera explicó que, a corto plazo, su enfoque estará en “la visualización de la Defensoría a nivel Isla, el fortalecimiento de las plataformas digitales, la evaluación del recurso humano, la revisión de los procesos de querellas y el inicio de jornadas educativas comunitarias”.
Añadió que implementará “herramientas digitales accesibles, se realizarán mejoras de infraestructura y se establecerán mecanismos de servicio en la región montañosa de la isla”. Mientras, su visión a largo plazo, la meta es que la DPI “sea modelo de accesibilidad gubernamental, con sistemas eficientes, personal altamente capacitado y una presencia permanente en todas las regiones”.
El funcionario afirmó que su norte es “garantizar la protección, promoción y defensa efectiva de los derechos de las personas con impedimentos, asegurando igualdad de oportunidades y acceso pleno a los servicios”. Así mismo adelantó que su visión es “transformar la Defensoría en una institución líder, accesible y confiable, reconocida a nivel isla como una verdadera aliada de esta población”.
Díaz Rivera recalcó que la DPI tiene “una responsabilidad histórica y moral con una población que por décadas ha enfrentado barreras físicas, sociales, institucionales y culturales”, por lo que su compromiso será atender esas realidades con acciones concretas.
El nuevo defensor tiene experiencia en supervisión administrativa, cumplimiento normativo, investigación de querellas y coordinación interagencial, con un enfoque centrado en la accesibilidad e inclusión de las personas con discapacidad, elementos que, según indicó, serán clave para fortalecer la fiscalización y la respuesta institucional de la DPI.
Díaz Rivera completó un Bachillerato en Psicología en Salud Mental, en la Universidad de Puerto Rico en Cayey. Posteriormente, obtuvo una Maestría en Consejería en Rehabilitación en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, fortaleciendo destrezas en “evaluación, planificación de servicios, intervención profesional y defensa de los derechos de las personas con impedimentos”.
Sobre su trayectoria profesional, recordó que comenzó laborando en el Departamento de Retención de National University College, donde fue reconocido a nivel nacional “por lograr la mayor tasa de porcentaje de retención estudiantil a nivel isla”. Más adelante, se desempeñó como consejero en rehabilitación, ofreciendo “servicios de consejería laboral, emocional y familiar, desarrollando planes individualizados y promoviendo la inclusión social y laboral”.
También fungió como director regional de la Administración de Rehabilitación Vocacional, donde estuvo a cargo de “la supervisión de personal, presupuestos y servicios a miles de ciudadanos”, expresó.
Desde el 2019, se desempeñó como ayudante ejecutivo en el Municipio Autónomo de Barranquitas, aportando en “procesos administrativos, accesibilidad y atención de querellas relacionadas con derechos o servicios denegados”, indicó.
Natural de Barranquitas, Díaz Rivera reiteró al asumir el cargo que pone “a disposición del pueblo de Puerto Rico mi experiencia, preparación y vocación de servicio para garantizar que cada persona con impedimentos sea escuchada, respetada y defendida con acciones concretas”, aseguró.
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