(El Capitolio ) – La Comisión de Educación, presidida por la representante Tatiana Pérez Ramírez, inició la evaluación del Proyecto del Senado 224, para establecer un término máximo de un año natural, durante el cual una persona empleada por el Departamento de Educación podrá permanecer aislada o trasladada temporeramente de su área de trabajo como parte de una medida cautelar.
Con ello, se busca garantizar el derecho al debido proceso de ley del personal docente, según reza esta medida en la exposición de motivos.
El análisis se realizó al amparo de la Resolución de la Cámara 122, que da paso a investigaciones sobre todos los aspectos que envuelve la administración y la docencia dentro del Departamento de Educación.
Actualmente, el reglamento de la agencia permite la separación temporal de un docente para proteger la seguridad y el funcionamiento del sistema, pero no establece un máximo de tiempo para dicha acción. Esta ausencia de límites ha provocado que maestros permanezcan aislados de sus funciones por más de un año, y en casos extremos, por más de cinco años, sin que sus casos sean adjudicados.
Durante los trabajos compareció un grupo de maestros que se encuentran en la actualidad bajo una medida cautelar, la cual fue calificada por los deponentes como una disposición “punitiva” y “hostil”.
Carlos Rodríguez, maestro de educación física de la escuela elemental María Libertad Gómez en Utuado, con 31 años de experiencia, señaló que “en la práctica actual del Departamento de Educación, la imposición de una medida cautelar tiene el efecto real de convertirla en una suspensión sumaria de facto. Aunque en teoría el remedio provisional debería consistir en una reubicación temporera, en la práctica no se permite al empleado desempeñar función alguna”.
El deponente narró que, a raíz de esta acción, fue recluido durante cinco días en un hospital psiquiátrico, ya que fue arrestado ante a la radicación de una orden de protección, por alegado acecho, presentado por la directora de su plantel, Ileana Oquendo Rivera, orden que fue desestimada por los tribunales.
Según expresó Rodríguez, la orden de protección y la medida cautelar fue solicitada por Oquendo Rivera, luego que este radicara una querella contra la funcionaria, tras “un patrón de hostigamiento laboral” por los pasados tres años.
“Hoy, luego de transcurrido 15 meses, el DE no ha atendido ni notificado formalmente el resultado de dicha querella. La Carta Circular contempla la adopción de medidas provisionales para proteger al querellante de posibles actos de represalias, particularmente cuando el querellado es el supervisor directo”, dijo el maestro quien ha buscado ayuda en el Programa de Ayuda al Empleado (PAE) por recomendación de un compañero de trabajo y no por orientación de la agencia.
En torno a la medida, el deponente recomendó que el término para resolver los casos sea de 90 días, tal y como se hace en otros ámbitos laborales.
Mientras que la educadora Taimí Figueroa Villalba, maestra de educación especial, declaró que la aplicación de la medida cautelar sin informar de inmediato la razón para este mecanismo, “carece de presunción de inocencia”.
“Aunque la agencia demostró las alegaciones, la responsabilidad de demostrar mi inocencia recayó sobre mí y cuando finalmente la DE no puede sostener las imputaciones, el desenlace casi nunca reconoce el daño causado”, indicó Figueroa Villaba.
Mencionó que estuvo un año y siete meses bajo este proceso, en el que se tenía que reportar a la Oficina Regional Educativa de Arecibo sin recibir “orientación, funciones claras ni información sobre los motivos de mi separación”, lo que causó en ella un “deterioro emocional considerable” del que fueron testigos sus hijos, en específico su hijo menor de dieciocho años con impedimentos múltiples y deficiencia intelectual.
Ella narró que durante ese periodo estuvo sentada con el resto de los docentes que estaban en igual situación, “la ausencia de tareas, la amenaza de consecuencias mayores y la prolongación injustificada del proceso, afectan la identidad profesional, la autoestima, la salud emocional, el estado anímico y la vida familiar de la persona afectada”.
A estos casos se unió, la situación del profesor CecilLewis Matías, maestro de educación física y veterano, que lleva dos años en medida cautelar, el cual sostuvo que “mi salud física, emocional y financiera ha sido seriamente afectada, tanto por las actuaciones individuales como por la ausencia de una reglamentación adecuada y balanceada para la utilización de este mecanismo”.
Por otro lado, la Asociación de Maestros- representada por su vicepresidente Raúl González- mostró “estar de acuerdo con que se tome acción para atender los casos en los que el Departamento de Educación mantiene a un empleado en medida cautelar por un periodo de tiempo excesivo”.
“No obstante, dudamos que el periodo de un año sea suficiente para que se garantice una investigación adecuada y exhaustiva, considerando la falta de personal que hay en las agencias gubernamentales y la cantidad excesiva de querellas que recibe la División Legal del DE”, dijo el deponente quien alegó que se debe evaluar con cuidado el hecho de que por cumplir con el término de un año se afecte la investigación.
Sus expresiones fueron secundadas por agrupaciones como EDUCAMOS y UNETE, quienes comparecieron a la audiencia pública.
Por su parte, la representante Lisie Burgos Muñiz, en su turno de preguntas calificó el trato recibido por los maestros como “un castigo cruel e inusitado”.
Mientras que la Lcda. Saraí Ruiz Maisonet, directora de Política Pública del DE, favoreció a nombre de la entidad gubernamental la pieza “por entender que ello promueve la eficiencia administrativa y la protección del debido proceso de ley. El término de un año propuesto en la medida resulta razonable, particularmente al contemplar excepciones por justa causa o fuerza mayor”.
Sin embargo, enfatizó que estas enmiendas a la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” deben realizarse de manera que no comprometa la integridad de los procesos investigativos, ni la capacidad del Departamento para atender adecuadamente situaciones complejas”.
A preguntas de la representante Pérez Ramírez, la directora de la Unidad de Investigación de Querellas Administrativa, Lcda. Frances Ginés Aldahondo informó que solo existen nueve investigadores para toda Puerto Rico, a pesar de que se han abierto convocatorias para reclutar nuevo personal.
La deponente admitió que los casos pueden tardar debido tanto a la falta personal, así como al hecho de que en los eventos hay envueltos menores por lo que deben ejercer cautela.
En la actualidad, existen activos 126 casos de medida cautelar, y 1,800 bajo la categoría de medidas disciplinarias, según fue presentado ante la comisión.
Ruiz Maisonet, aceptó que dentro de la agencia “esto es un reto” que se busca solucionar dentro del Plan de Clasificación y Retribución, así como la falta de abogados para atender los casos.
Ante las denuncias hechas por este grupo de maestros, y sobre el efecto en su salud emocional, trascendió en la vista pública que los servicios de (PAE) de la agencia tienen su sede en San Juan, lo que dificulta el acceso al servicio por parte de los más de 40 mil empleados que laboran en el DE.
Este dato fue calificado como “alarmante y preocupante” por parte de la representante Pérez Ramírez, quien sostuvo que estos datos abren la puerta para nueva legislación en beneficio de los docentes.
“Sabemos la situación que enfrenta Puerto Rico con la salud mental, al igual que el magisterio, por los retos y las dificultades que también atraviesan. Así que yo creo que disponer de más recursos es necesario”, dijo la legisladora Pérez Ramírez, quien puntualizó que es necesario presentar estas necesidades ahora que se evalúa el presupuesto para el próximo año fiscal.
Durante los trabajos comparecieron los representantes Joe “Joito” Colón Rodríguez, Reinaldo “Rey” Figueroa y Denis Márquez Lebrón.
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