(San Juan, P.R.) El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) divulgó el estudio Evaluación del Desempeño de Incentivos Económicos, que consiste en un análisis riguroso del desempeño, rendimiento e impacto de los distintos programas cobijados bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019).
“Este estudio refleja los resultados del retorno de inversión de los incentivos. Aunque la agencia había realizado otros estudios, nunca había recopilado y creado una base de datos tan robusta como la de este análisis en el que se utilizaron declaraciones de impuestos estatales y municipales, informes de planillas de empleo, informes anuales y datos de los beneficiarios de los programas. Este tipo de esfuerzo se convierte en un instrumento esencial para la toma de decisiones de política pública y para el monitoreo y la fiscalización de los incentivos”, explicó Manuel Cidre, secretario del DDEC.
En el estudio de los distintos programas de incentivos, comisionado a la firma Abexus Analytics, se destaca que los ingresos fiscales generados suman $3,270.1 millones, mientras que los generados por corporaciones extranjeras incentivadas de la industria de la manufactura, alcanzaron los $2.3 mil millones, representando un retorno de inversión (ROI) positivo y significativo, en contraste con las entidades domésticas, cuyos resultados fueron neutros. En lo que concierne a los inversionistas residentes (Ley 22) y la exportación de servicios (Ley 20), ambos incentivos mostraron tener un impacto positivo según la formula del retorno de inversión.
Además de atraer a individuos que generan un impacto fiscal, el estudio evidenció que, bajo la conocida como Ley 22, la cifra de ingresos pagados en 2020 fue de $130 millones, mientras que se experimentó un incremento de recaudos para el 2022 al reportarse $144 millones en este renglón y duplicarse la aportación en impuestos al consumo para ese periodo con $24.5 millones.
El programa de exportación de servicios mostró resultados notables, ya que se robusteció el sector de servicios y se mejoraron las cifras de empleos y salarios. “En el año 2020 se reportaron más de 11,562 empleos, que aumentaron a 22,192 empleos en el 2022”, destacó Carlos Fontán, director de la Oficina de Incentivos de Negocios en Puerto Rico.
Los sectores que según el informe deben reevaluar su enfoque son las industrias creativas y la agricultura con retornos de inversión negativo. En el renglón del turismo, los incentivos han propiciado el desarrollo de infraestructura de hospitalidad y entretenimiento, pero su ROI histórico es neutral.
Cidre planteó que el DDEC estará analizando cuidadosamente los resultados del informe para determinar cómo seguir potenciando aquellos programas que reflejan un rendimiento positivo, así como potencialmente reformular aquellos que no están desempeñando el resultado esperado.
“Aunque los incentivos han tenido impactos positivos en áreas específicas, es un hecho que existe un margen para mejorar su diseño y aplicación para asegurar un alineamiento con los objetivos estratégicos de desarrollo económico”, aclaró Cidre.
La metodología
Mediante el uso de información granular administrativa y el análisis de datos recopilados a través de un amplio esfuerzo interagencial, el informe, aborda una evaluación sistémica y un análisis comprensivo e integral de los programas de incentivos, al tiempo que toma en consideración múltiples legislaciones de incentivos de años anteriores.
El subsecretario del DDEC, Humberto Mercader, destacó que “este informe sienta una nueva pauta en criterios de análisis para la creación de una herramienta de inteligencia cada vez más útil y completa. Es un paso importante para nutrir la discusión pública sobre este importante pilar del desarrollo económico y fundamentar la conversación en datos que nos permitan ir mejorando y ampliando nuestras apuestas de estímulos a la economía”.
Además de la amplia recopilación de datos a través de documentos provistos mediante la colaboración de agencias como el Departamento de Hacienda, la Compañía de Turismo, el Departamento de Agricultura y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), entre otras, se realizó un análisis de costo de oportunidad real, que sirvió para estimar con precisión el costo de aquellos incentivos que otorgan tasas contributivas preferenciales. Como parte de ese análisis se incorporó una perspectiva desde el punto de vista de las empresas internacionales para comparar a Puerto Rico con los países con los que compite. Este tipo de análisis evita sesgos y estimados que no tomen en cuenta los comportamientos económicos de los beneficiarios de los incentivos.
“A la hora de estudiar los incentivos, para el DDEC es crítico no solo mirar el retorno de la inversión, sino otros aspectos que se discuten menos, pero son muy importantes, como su efecto en la retención de negocios y la estabilidad económica que puede representar a largo plazo. Por eso se contempló en esta ocasión el costo de oportunidad para modelar lo que sería la respuesta de las empresas a diferentes escenarios de carga fiscal”, subrayó Cidre.
Fontán destacó cómo este tipo de análisis también es parte del conjunto de herramientas de fiscalización. “Este esfuerzo se suma a otras iniciativas del DDEC para promover la fiscalización y una gerencia responsable de los diversos programas de incentivos. Tal como hemos señalado previamente, los actos afirmativos del DDEC, incluyendo las revocaciones de decretos, han resultado en un aumento significativo de cumplimiento por parte de los concesionarios”.
Por otra parte, Kevin González de Abexus Analytics, destacó que la metodología que utiliza este informe representa un avance significativo en la evaluación de incentivos económicos.
“Es un esfuerzo novel donde se combinan las destrezas de “analytics”, economía y desarrollo económico. Los análisis realizados integran información económica, contributiva, y sectorial, lo cual evidencia un esfuerzo de colaboración entre las principales agencias custodias de los datos económicos de la Isla. La granularidad del análisis provee una mayor precisión y asegura la relevancia de los hallazgos. Este proyecto no solo refleja un esfuerzo de medición, sino también un compromiso con robustecer la infraestructura de datos económicos”.
