San Juan, Puerto Rico, .—El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz Burgos y el candidato al Senado por el Distrito de Ponce, licenciado José Luis Galarza, denunciaron hoy el nuevo impuestos a pequeños y medianos comerciantes por venta de agua durante la sequía y tras meses sin poder generar ingresos por el toque de queda y orden de cierre ordenado por la gobernadora.
“Es triste que mientras el pueblo no tendrá servicio de agua potable, el gobierno anuncie que estará vendiendo agua en grandes cantidades a los que puedan pagarla. Una vez más dejan maltrechos a pequeños y medianos negocios que intentar reabrir en medio de una pandemia que exige medidas de salubridad e higiene en hogares, comercios e industrias”, denunció Cruz Burgos en comunicado de prensa.
“Para el gobierno de Wanda Vázquez, la prioridad son los que pueden pagar premium por los servicios, ahora es el agua, pero antes era la salud y los carros deportivos de lujo. Si no pagas premium no tienes acceso a los servicios, a eso ha llegado esta administración. Durante la pandemia, la gobernadora ha castigado con el cierre y el olvido a los pequeños y medianos comerciantes, con la sequía les pretende cobrar por un servicio de entrega de agua a precios de lujo. Esta administración trabaja para los que tienen dinero, los demás que aguanten como puedan. La lista es larga, pero para mencionar algunos, no hay cheques por desempleo, ayudas a agricultores, servicios de salud, comedores escolares, educación o amas de llaves para los viejos, por mencionar algunos. Sin embargo, hay reuniones y concesiones para los dealers de autos lujosos, las grandes cadenas de cine, contratos para los que tienen concesiones con el partido de gobierno, entre muchas otras conductas de favoritismo“, expuso Cruz Burgos.
Recientemente la gobernadora intentó hacernos creer que el gobierno está listo para la época de huracanes. Como parte de ese intento, anunció que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) había adquirido 261 generadores. Lo que no dijo la gobernadora es que los mismos no están instalados, y que 11 días antes de su anuncio, la Junta de Gobierno de la AAA usó el mecanismo de declaratoria de emergencia para autorizar 2.7 millones para contratar sin subasta la instalación de generadores.
Por su parte, el Lcdo. Galarza expuso que “está acción plantea dos problemas, en primera instancia se dividió la tarea en la venta del generador con un proveedor y en la instalación con otro proveedor. Todos sabemos que de entrada eso no sólo es una división de tareas ilógicas y contraria a las prácticas administrativas, sino que coloca en riesgo las garantías de un equipo tan costoso. Segundo, la práctica de declarar emergencias para eximir de los procesos de subastas se ha convertido en un asunto demasiado común en esta corporación pública, lo que implica una manera absolutamente inadecuada de hacer negocios y administrar una empresa pública”.
“Como un asunto adicional, la gobernadora anunció tener unos equipos que no están instalados, ya que la orden para contratar se dio a penas 11 días antes de su conferencia de prensa. Lo que plantea otra mentira de esta administración. Mientras en las emergencias reales, como la sequía se le cobra a los que necesitan agua y se le da un servicio premium al que tiene dinero, en los tiempos de preparación se usan las declaraciones de emergencias como excusa para dar contratos sin subastas”, apuntó Galarza.
Cruz Burgos y Galarza presentaron ocho resoluciones de la Junta de Gobierno de la AAA en las que se declara una emergencia, sin haberla, para eximirse a sí misma de hacer subastas y contratar directamente trabajos ordinarios o, para dividir labores y compras aumentando costos y malgastando recursos públicos.
