Departamento de Justicia presenta cargos contra funcionario de la Colecturía de Guaynabo

Por un fraude al Departamento de Hacienda en el cobro de multas de vehículos de motor

San Juan PR – La secretaria de Justicia, Dennise N. Longo Quiñones, y el Director Interino de la División de Delitos Económicos, fiscal Alexis Carlo Ríos, informaron que hoy se radicaron 82 cargos contra Wilfredo Marrero Ortega por hechos ocurridos en la Colecturía de Guaynabo desde el 2010 hasta el 2014..

Según la investigación a cargo de la fiscal Luisa María Vázquez Cruz  junto con el agente Luis G. Green Rivera del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el imputado canceló fraudulentamente más de mil transacciones de pago de multas de vehículos de motor mientras trabajaba como Auxiliar de Colecturía en la Colecturía de Guaynabo. Estas cancelaciones fraudulentas ascendieron a la cantidad de unos $168,414.00 en fondos públicos dejados de recibir por el Departamento de Hacienda. 

Las denuncias presentadas contra Marrero Ortega, por los alegados delitos cometidos bajo el Código Penal vigente para el año 2004, fueron 20 cargos por violación al Artículo 220 por Falsificación de Asiento, 20 cargos por violación al Artículo 267 (c) por  Malversación de Fondos Públicos, 14 cargos por violación al Artículo 260 por Alteración o mutilación de propiedad y un cargo por violación al Artículo Art. 210 (b) por Fraude.  Además las denuncias presentadas por los delitos imputados bajo el Código Penal del 2012 fueron 10 cargos por violación al Artículo 213 por Falsificación de Asiento, 10 cargos por violación al Artículo 264 (c) por Malversación de Fondos Públicos, 6 cargos por violación al Artículo 257 por Alteración o mutilación y 1 cargo por violación al Artículo Art. 202 por Fraude.

El juez José Luis Parés Quiñones, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Marrero Ortega, fijándose una fianza de $32,500.  La vista preliminar quedó señalada para el 8 de octubre.  El imputado se expone a una pena de cárcel de hasta 15 años y la restitución de los fondos públicos.