Solicitud de fondos para el año fiscal 2025-2026
(San Juan, Puerto Rico) – El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Lcdo. Francisco Antonio Quiñones Rivera, compareció ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes para presentar un informe detallado sobre la población atendida por el DCR, los servicios que se ofrecen y las necesidades presupuestarias para el próximo año fiscal.
La vista contó con la participación de los representantes Eddie Charbonier Chinea (presidente de la Comisión de Hacienda), Ángel Morey Noble, Nellie Lebrón Rodríguez, Víctor Parés Otero (presidente de la Comisión de Gobierno), y Axel “Chino” Roque, así como del portavoz alterno del PNP, Wilson Román, quien participó de forma virtual.
El secretario destacó que el sistema correccional atiende a una población diaria promedio de 15,032 personas, incluyendo imputados, confinados adultos, menores transgresores y participantes de programas alternos al confinamiento.
En su ponencia, el DCR explicó que administra servicios para 7,318 adultos en instituciones, 93 menores, 1,280 imputados con antelación a juicio y 6,341 personas bajo programas en comunidad. Además, resaltó la diversidad de servicios ofrecidos, que incluyen salud física y mental, educación, rehabilitación, servicios religiosos y seguridad, entre otros.
La agencia también informó que su plantilla está compuesta por 6,109 empleados, de los cuales más de 3,800 pertenecen a la seguridad del sistema de adultos. A preguntas del presidente de la Comisión de Hacienda, Quiñones Rivera detalló que más del 50% del presupuesto de la agencia se destina a nómina. Asimismo, se discutió el impacto del aumento salarial a los oficiales correccionales —de un salario básico de $1,666 a $2,350— el cual fue posible inicialmente gracias a fondos federales, pero que ahora debe ser cubierto con fondos recurrentes de la agencia.
Para el año fiscal 2025-2026, el DCR solicitó una asignación de $515 millones, de los cuales $264 millones se destinan a nómina, $193 millones a gastos operacionales y $56 millones a obligaciones de PayGo. Parte de este presupuesto contempla el reclutamiento de 500 oficiales correccionales y 120 oficiales de servicios juveniles, así como la continuidad de los aumentos salariales.
En respuesta a preguntas del representante Charbonier Chinea, el secretario también especificó que el costo promedio anual de un confinado es de aproximadamente $50,000. Por su parte, la secretaria auxiliar de presupuesto y finanzas del DCR, María León Rodríguez, indicó a preguntas del representante Víctor Parés que la Junta de Supervisión Fiscal asignó $8.4 millones específicamente para la compra de equipo de seguridad con el fin de prevenir el contrabando en las instituciones correccionales.
En otro turno, la representante Nellie Lebrón cuestionó si los confinados están recibiendo servicios adecuados de salud mental y si estos son provistos directamente por el DCR. En respuesta, el secretario aclaró que los servicios de psiquiatría forense no pertenecen al Departamento, pero aseguró que se mantienen conversaciones con el gobierno federal sobre este tema y destacó el funcionamiento eficiente de la unidad psiquiátrica del Centro Médico Correccional.
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Finalmente, el secretario reiteró que las prioridades principales del Departamento son los programas de rehabilitación y de salud, y reafirmó su compromiso con la reintegración de la población correccional y el uso responsable de los recursos públicos, en cumplimiento con el mandato constitucional de la agencia
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