(El Capitolio ) – La Comisión de Transportación e Infraestructura, presidida por el representante José “Cheito” Hernández Concepción, evaluó bajo la Resolución de la Cámara 352 la implantación de la “Ley de Tránsito” específicamente el requisito de que todos los centros de inspección de vehículos deban adoptar un nuevo sistema y equipo para llevar a cabo dichas inspecciones a los vehículos.
Durante los trabajos de la mañana, compareció el ingeniero Marcos García, secretario asociado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), quien afirmó que en la actualidad 29 centros de inspección están cerrados y han emitido alrededor de 40 multas por diferentes violaciones al reglamento, que rige el proceso de emisión de los certificados de inspección para obtener la licencia del vehículo.
Las multas inician en $500 y pueden alcanzar los $5,000.
Entre las violaciones que mencionó se encuentran la utilización de formularios falsificados para emitir el certificado y “vehículos que se inspeccionan, que sabemos que se está tomando la información de los gases, de las emisiones de otro vehículo que no es el correcto”, para lograr pasar la inspección
Ante ello, García reiteró la necesidad de “modernizar los equipos. Lo que queremos es que cada centro tenga un equipo que sea moderno, que pueda cumplir con el reglamento, las leyes federales y las leyes estatales”.
Además, enfatizó, que es necesario que los dispositivos tengan mecanismos para “evitar este tipo de fraude, mediante la alteración de los equipos. Cámaras que tengan visibilidad activa, que en el DTOP podamos entrar en cualquier momento y ver los carros”.
No descartó que los equipos actuales puedan ser modernizados de modo que cumplan con los parámetros, en su defecto, se debe adquirir mecanismos nuevos.
A preguntas de la representante Lisie Burgos Muñiz, el funcionario señaló que no se contempla un alza en costos para los consumidores, pero tampoco pudo descartar que los centros de inspección reciban un golpe al bolsillo.
“En la actualidad, el equipo tiene un costo de $29 mil, pero puede ser que las máquinas nuevas tengan un costo mayor y eso va a tener un impacto económico a los pequeños comerciantes en Puerto Rico, y eso hay que tomarlo en cuenta ya que finalmente quienes vamos a pagar esto somos el pueblo y debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos hoy día ya que el pueblo no aguanta un aumento más de ningún tipo”, advirtió la representante al cuestionar si la agencia hará un estudio del impacto económico.
A lo que el ingeniero García del DTOP manifestó que “hemos sido claros en que no va a haber ningún impacto para el ciudadano en este aspecto, lo que se cobra está estipulado por el reglamento, pero claramente estamos buscando que haya múltiples modelos de negocios y en muchos casos algunos de estos equipos llevan funcionando más de veinte años”.
El funcionario declaró que contemplar un aumento sería “especulativo” ya que no ha salido la propuesta “si eso conlleva un aumento en los equipos, que entendamos que es muy drástico, en ese momento se evaluará. Tenemos reuniones con los diferentes centros, recogeremos su insumo como debe ser y decidiremos qué hacer”.
Informó a renglón seguido, que la nueva propuesta será atendida en este año.
Por su parte, Emilio Banchs, presidente y gerente general de Cartek Caribe, compañía a cargo de suplir los equipos que se utilizan para llevar a cabo las inspecciones, no planteó reservas para que nuevas entidades se sumen al proceso. Sin embargo, criticó el hecho de que la anterior solicitud de cualificación, en la que ganó Worldwide Enviromental Products, tuviera parámetros que aplican a California y que no son compatibles con los requerimientos locales.
A preguntas del autor de la medida, el representante José “Conny” Varela, la empresa Cartek decidió, según Banchs, no participar en la subasta, ya que los requerimientos eran imposibles de lograr en un periodo de diez días días brindado por DTOP.
“El tiempo que nos daban para hacer la presentación era demasiado corto, ¿usted sabe lo que tarda en conseguir una certificación del estado de California? Eso puede tardar años”, expuso Banchs.
Sostuvo que los equipos en función “cumplen con los estándares de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) por lo que nos parece duro que quieran cambiar los equipos”.
No obstante, a preguntas del representante Hernández Concepción, el directivo admitió que los equipos actuales pueden ser alterados y que, desde hace 15 años, un mecanismo- que bloqueaba la posibilidad de que pudieran ser manipulados-fue descartado ya que entendían no era viable el que se diera este caso, ya que arrojaría un código de error y tendría que ser atendido por los empleados de Cartek.
Igualmente, salió a relucir que desde el 2011 Cartek no cuenta con contrato con el DTOP, ni con los dueños de los centros de inspección, por lo que la compañía cobra por mantener a los centros conectados a CESCO Digital y por las reparaciones realizadas.
Banchs mencionó que está en manos del DTOP realizar las inspecciones a los centros, ya que ellos no cuentan con la potestad de fiscalizarlos, solo se encargan de certificar que el equipo cumple con lo establecido para operar.
El presidente de la comisión, el representante Hernández Concepción, hizo una solicitud de documentación con las alegaciones de ambas partes al tiempo que criticó el hecho de que solo hay 20 inspectores para fiscalizar los centros a través de toda la isla, y las declaraciones que los equipos pueden ser alterados, por lo que declaró que “por eso es que pasan estas cosas, no hay un proceso de fiscalización, porque no hay un proceso seguro para que cada vez que hayan un movimiento de una máquina alguien lo sepa, quiero que esto quede un récord, esto está al garete, no tengo otra manera de decirlo que está al garete, como dicen en mi barrio”.
“Claro, lo entendieron y por eso es que están haciendo una nueva solicitud de cualificación, se están reuniendo con los centros de inspección para hacer algo seguro, lo entiendo, pero creo que mientras eso ocurre, hay que dar mayor énfasis y mayor visibilidad al proceso que sigue pasando, entiendo que tienen que ser más estricto con el asunto porque van a seguir ocurriendo cosas mientras esto no cambie”, aseveró el representante Hernández Concepción.
En esta audiencia pública también estuvieron los representantes Víctor Parés Otero. Roberto Rivera Ruiz de Porras y Joe “Joito” Colón Rodríguez.
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