(San Juan, Puerto Rico) – El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) presentó hoy su propuesta presupuestaria ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, como parte del inicio de las vistas públicas correspondientes al Año Fiscal 2025-2026. Esta comparecencia se produce tras la radicación de la Resolución Conjunta de la Cámara 79, que asigna $13,258,406,000 al Fondo General del Estado Libre Asociado para sufragar las operaciones del Gobierno durante el próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio.
El presidente de la Comisión de Hacienda, el representante Eddie Charbonier Chinea, explicó que el proceso presupuestario inicia con celeridad por instrucción del presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez, con el fin de garantizar una evaluación transparente y detallada de cada una de las partidas asignadas. “Queremos asegurarle al país un proceso ordenado, riguroso y participativo. Iniciamos temprano para escuchar a cada agencia y lograr un presupuesto balanceado que responda a las verdaderas prioridades del pueblo”, señaló el legislador.
Durante la vista, el secretario de Educación, Lcdo. Eliezer Ramos Parés, ofreció una presentación exhaustiva de las necesidades presupuestarias del Departamento, al tiempo que defendió el enfoque estratégico adoptado por la agencia en los pasados años. En su ponencia, destacó que el sistema de educación pública del país, además de ser uno de los pilares constitucionales del Estado, es también la principal herramienta para el desarrollo económico y social de la isla. Subrayó que la magnitud de la operación del Departamento no se limita al ofrecimiento académico, sino que incluye la administración de más de 5,300 edificios escolares, el manejo de programas de transportación, comedores escolares, servicios de salud física y mental, así como el apoyo a comunidades durante emergencias, como lo ocurrido tras el huracán María, los terremotos del suroeste y la pandemia de COVID-19.
El presupuesto consolidado vigente del DEPR para el año fiscal en curso (2024-2025) asciende a $5,312 millones, de los cuales $2,869 millones corresponden al Fondo General, $2,433 millones a fondos federales y poco más de $9 millones a fondos especiales. No obstante, el presupuesto solicitado para el próximo año fiscal 2025-2026 representa un aumento significativo, alcanzando los $5,546 millones. Esta solicitud incluye $3,375 millones provenientes del Fondo General, un incremento de más de $506 millones con relación al año fiscal anterior. Sin embargo, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) propuso una reducción considerable a esta petición, recomendando un presupuesto consolidado de $5,130 millones, lo que representa un recorte de $416 millones respecto a lo solicitado.
Durante su comparecencia, Ramos Parés recalcó que esta petición presupuestaria responde a cuatro apuestas estratégicas que el Departamento ha adoptado como hoja de ruta para los próximos años: el fortalecimiento de la infraestructura educativa, la atención al rezago académico, la inversión en recursos humanos y la ampliación de los servicios a estudiantes de Educación Especial. Explicó que muchas de las iniciativas que anteriormente se sufragaban con fondos federales no recurrentes del programa ESSER, ahora requieren una transición hacia fondos estatales, lo que hace imperativo contar con una asignación robusta del Fondo General.
Uno de los temas medulares abordados por el secretario fue la urgente necesidad de continuar invirtiendo en el recurso humano. El DEPR cuenta actualmente con más de 46,000 empleados, de los cuales el 94 % se encuentra directamente en los planteles escolares. Se hizo énfasis en el impacto del plan de clasificación y retribución que está en proceso de implantación para el personal no docente, así como en las medidas adoptadas para retener y atraer personal docente altamente cualificado, incluyendo el relanzamiento del programa de Carrera Magisterial y el ajuste salarial a diversos grupos profesionales dentro del sistema.
En cuanto a la infraestructura, se detalló que existen más de $3,000 millones en asignaciones federales para proyectos de reconstrucción, estabilización y mantenimiento de planteles escolares, fondos que se administran a través de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción del Departamento. Sin embargo, todavía existen retos administrativos y de ejecución que requieren apoyo operacional y fiscal adicional. En ese mismo sentido, se destacó la necesidad de contar con una asignación de al menos $10 millones para mantenimiento eléctrico, dada la complejidad de la infraestructura existente.
El secretario también destacó los avances alcanzados en el área académica, especialmente a partir del desarrollo de múltiples proyectos enfocados en la recuperación del aprendizaje. Entre estos se encuentran el proyecto DE Leer, el programa NEExt (Nuestra Escuela Extendida), el fortalecimiento de las competencias fundamentales en las materias STEM, la integración de nuevas tecnologías en el salón de clases y la creación del manual de inteligencia artificial para el sistema educativo. En particular, se resaltó que los resultados del más reciente examen estatal CRECE reflejan avances sustanciales en las materias de español, matemáticas y ciencias, aunque se reconoció la necesidad urgente de reforzar el aprendizaje del idioma inglés, materia que reflejó una baja de 2.6 %. Por esta razón, se presentó la estrategia de inmersión lingüística y se anunció la creación de un Programa de Educación Bilingüe como unidad operativa independiente dentro del Departamento.
En cuanto al Programa de Educación Especial, el Parés Otero explicó que el presupuesto requerido contempla un aumento en partidas esenciales como transportación, terapias, asistentes de servicios y remedios provisionales. También se solicitó un incremento en la partida correspondiente a reembolsos a padres, como parte del cumplimiento con el Plan Educativo Individualizado (PEI). De igual forma, se recalcó la importancia de garantizar el pago adecuado a los asistentes de servicios especiales, cuyo rol es indispensable para los estudiantes con diversidad funcional.
Otro componente importante abordado durante la vista fue el cumplimiento con el mandato de la Ley 85-2018, que requiere que al menos el 70 % del presupuesto del Departamento se dedique a servicios directos a los estudiantes. El secretario advirtió que, de no aprobarse la asignación solicitada, existe el riesgo de incumplir con este requisito legal, toda vez que muchas de las partidas propuestas por la OGP no garantizan la continuidad de servicios esenciales. Según los informes sometidos por la agencia, en los últimos tres años fiscales el DEPR ha mantenido un uso del 89 % del presupuesto para servicios directos, superando ampliamente el mínimo requerido.
Al concluir la vista, el representante Charbonier destacó la importancia de evaluar con detenimiento cada solicitud presupuestaria. “Nuestro interés no es simplemente aprobar o rechazar partidas, sino asegurarnos de que cada dólar asignado tenga un efecto real y positivo en la vida de nuestros estudiantes. El Departamento de Educación representa casi un cuarto del presupuesto del Fondo General. Esa responsabilidad nos obliga a examinar cada línea con seriedad y visión de futuro”, indicó el legislador.
Finalmente, el secretario Ramos Parés hizo un llamado al liderato legislativo y al país a ver más allá de las cifras globales y comprender el trasfondo operativo del sistema educativo. “Aunque mucho se habla del tamaño del presupuesto del Departamento de Educación, poco se analiza cuánto de ese presupuesto está verdaderamente disponible luego de atender las obligaciones fijas como nómina, pensiones, seguros y servicios esenciales. Lo que queda disponible es apenas suficiente para continuar brindando los servicios que nuestro pueblo espera y necesita”, puntualizó.
Las vistas públicas sobre el presupuesto continuarán en las próximas semanas, en las que se espera evaluar detalladamente las necesidades de otras agencias del Gobierno y determinar posibles reasignaciones presupuestarias. El proceso culminará con la aprobación de la versión final del presupuesto por parte de la Asamblea Legislativa antes del 30 de junio de 2025.
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