(Trujillo Alto) – Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Puerto Rico (CODEPOLA), lamentó que la celebración de la Semana de la Policía haya iniciado con la violación de ley y de derechos de los empleados civiles del Departamento de Seguridad Pública (DSP), a lo cual se unió la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
“¿A dónde vamos a llegar? Por un lado, se aprueba una nueva Ley de Armas para permitirle al ciudadano decente tener herramientas para defender su vida y propiedad, es más, hasta un Superintendente de la Policía nos dijo tiren a matar, y por el otro el Estado nos prohíbe defendernos. La pregunta es con qué, si nos están desarmando sutilmente y violando nuestros derechos”, reaccionó Torres Meléndez.
Insistió en que el pueblo de Puerto Rico lleva meses viendo en la prensa local reportajes sobre viles asesinatos de mujeres indefensas, pero ninguno de esos escritos ha incluido expresiones por parte de funcionarios del gobierno orientando al pueblo sobre el proceso expedito para las víctimas de violencia doméstica contenido en la Ley de Armas de Puerto Rico, (Ley 168 del 11 de diciembre del 2019).
“Este artículo fue presentado por la entonces senadora Zoé Laboy, a quien ni siquiera hemos visto defenderlo. Por el contrario, su postura en el tema es anti armas. Pueden buscar el récord en los medios, habla por sí solo”, lamentó Torres Meléndez.
Según la Ley de Armas vigente, para obtener un arma, las víctimas de violencia domestica deberá poseer una orden de protección expedida por un tribunal, y tendrán unos 90 días para que puedan solicitar sus armas con todos los requisitos que la ley implica.
El presidente de CODEPOLA dijo que, ante las recientes continuas muertes de mujeres indefensas, el gobierno, la ciudadanía y las instituciones de ley y orden deberían unirse para llevar un mensaje claro y positivo sobre la violencia de género. ”¿Acaso piensan que sería un error promover una ley vigente? Ya deberían haber asimilado que es una solución efectiva, pero prefieren obviar la realidad del Puerto Rico que vivimos”, expresó.
Torres Meléndez describió como absurdo que el Departamento de Seguridad Publica emitiera el Comunicado DSP-08-2024-036, prohibiéndole portar sus armas a los empleados civiles que laboran en las dependencias del DSP y les advierte que tampoco las pueden dejar en sus vehículos, citando esto último como un delito que “no existe” en la Ley 168-2019.
“Lo triste es que los empleados civiles del DSP destacados en el Negociado de la Policía de Puerto Rico llevan una identificación idéntica a los compañeros de la uniformada, entonces ¿cómo el delincuente va a diferenciar quién es civil y quien no? ¿Pidiéndole el ID para leerla y luego determinar si lo mata o no? Reconozco el trabajo del DSP, pero esta decisión hace evidente el desconocimiento que aún tienen sobre la Ley de Armas 168-2019”, manifestó el presidente de CODEPOLA.
Para colmo de males, esta circular de la policía provocó que la Contralor de Puerto Rico “se montara en la ola” y emitiera un correo electrónico a todos sus empleados, prohibiéndoles la entrada a su área de trabajo a los que portan armas. “Aquí fueron más creativos al exigirle a cada empleado que entraran a su perfil y contestaran preguntas sobre su licencia de armas y que subieran al portal de la agencia una foto de su licencia, en una clara violación de ley y de sentido común.
Aunque la Contralora Yesmín M. Valdivieso hizo estos requerimientos, fundamentándose en el Reglamento 60, la realidad es que el Artículo 2.01 de la Ley 168-2019 establece que “[…] La información personal de identificación de una persona que haya solicitado o recibido una Licencia de Armas es una de carácter privado y confidencial. Dicha información solo podrá ser revelada mediante orden de registro y allanamiento obtenida del Tribunal de Primera Instancia, según garantizado en la Constitución de Estados Unidos en su Carta de Derechos, Enmienda II, IV y XIV y en la Constitución de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7 y 10, excepto se trate de una investigación criminal o debido a que la seguridad de un civil o del estado estén en peligro o sea realizado por el Departamento de Seguridad Pública o las autoridades federales correspondientes […]”.
El presidente de CODEPOLA cuestionó lo “fácil que se les hace atropellar y cohibir al decente. Me gustaría ver al DSP y a la Contralor pedirle estos mismos requerimientos a los delincuentes, esos son el problema real”.
Torres Meléndez destacó que, tanto el tráfico ilegal de armas y municiones, como el tráfico ilegal de drogas es un problema que el Estado no ha podido atajar. “Mucho estamos haciendo nosotros los civiles, buscando mecanismos de defensa para protegernos, para que ahora venga el propio Estado a pescar en una pecera. Deben de reconocer que el mensaje está obsoleto. Ahora, el mensaje debe ser enfocado a defenderse, con lo que la persona entienda, pero que se defienda. No podemos tener jefes de agencia anti armas y menos que no reconozcan la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, nuestro derecho fundamental de carácter individual que tenemos a defendernos”.
Concluyó que el Secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, dijo una vez “…Si usted tiene un arma de fuego, tire a matar. ¿Qué pasó? ¿Les cogieron miedo a esas palabras o no hay el coraje para validar esa premisa? Comenzamos celebrando la Semana de la Policía, pero a los empleados civiles que laboraban en el Negociado de la Policía los desarmamos y les violamos sus derechos. Vamos por buen camino y más cuando se quieren zafar del tema”.
