San Juan – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmado hoy la ley que establecerá la política pública energética de Puerto Rico y que requiere la eliminación progresiva del uso de combustibles fósiles como fuente de generación de energía.
Con este fin, la ley establece un nuevo calendario para la implantación de energías renovables en la isla: la eliminación del 20 por ciento de los combustibles fósiles para el año 2022; 40 por ciento en 2025; 60 por ciento en 2040; y el 100 por ciento de energía renovable para el año 2050.
“Hemos diseñado un marco regulatorio para transformar nuestro sistema energético a uno resistente, fiable y robusto, con tarifas justas y razonables para todos los consumidores,” dijo el gobernador Ricardo Rosselló.
Rosselló ha añadido que “esta nueva medida, junto con la ley de la transformación de la Autoridad de Energía Eléctrica, nos proporciona las herramientas necesarias para reformar la manera de ver la producción y consumo de energía. Estamos dando un paso avanzado para mejorar la calidad de vida para todos los que residen en Puerto Rico “.
La medida prevé la modernización de la red de energía para desarrollar un sistema robusto, fiable, inteligente y flexible que pueda integrar las nuevas tecnologías y las energías renovables.
La nueva ley también establece la transferencia de la operación y mantenimiento de la transmisión y distribución de energía a un concesionario a través de una asociación público-privada (PPP) en o antes del 31 de diciembre de este año.
CEO Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico José Ortiz Vázquez dijo que “el bajo costo de los sistemas de energía solar y batería hará que la aplicación de esta ley es posible, que proporciona muchas opciones para los consumidores y hacer que la red de energía más resistente.”
El senador Larry Seilhamer Rodríguez dijo que “esta ley pone Puerto Rico en el camino correcto, que nos sitúa más cerca de la generación de energía a pequeña escala, en la que los proveedores más importantes son los propios consumidores, las cooperativas de energía, consorcios municipales, microrredes, entre otros. Puerto Rico está ahora a la vanguardia con otras jurisdicciones en el mundo que se están moviendo para producir el 100 por ciento de electricidad con fuentes de energía renovables “.
El senador agregó que” gracias al grupo de trabajo que dedica muchas horas de esfuerzo y dedicación, por lo que Puerto Rico puede tener un sistema robusto, resistente, económico, seguro y ecológico eléctrico. Con esta ley que promover la reconstrucción, modernización y actualización de la red de energía “.
Asimismo, el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Energía, el representante Víctor Parés Otero, explicó que “esta ley va a establecer las guías correctas para que Puerto Rico cuenta con un sistema de energía confiable, moderno y resistente que sirve como un vehículo para desarrollo económico sostenible.”
El presidente de la Comisión añadió que “pero lo más importante, establece garantías para que el proceso de privatización es transparente y beneficios al consumidor. Doy las gracias al gobernador por liderar el camino para que la isla puede pasar a un 100 por ciento de energía renovable.”
La ley ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para transferir los activos de generación a través de la venta o PPP a empresas privadas. También señala que ninguna empresa puede poseer el 50 por ciento o más de los activos de generación eléctrica.
Los contratistas que adquieren o que operan plantas de generación de AEE debe modernizarlos o reemplazarlas con plantas altamente eficientes en un plazo no mayor de cinco años.
Asimismo, las nuevas plantas que se establecen durante la transición a 100 por ciento de energía renovable tendrán que ser plantas de menor escala.
También deben tener la capacidad de operar con múltiples combustibles que reduzcan al mínimo las emisiones de gases de efecto invernadero, con la tecnología más moderna y de alta eficiencia, y con la capacidad de integrar la generación distribuida y energía eléctrica renovable.
El director ejecutivo de la Agencia de Administración y Fiscal Asesor Financiero de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino, ha destacado que “PS 1121 envía un fuerte mensaje a los mercados de inversión y la industria energética internacional. El mensaje es que en Puerto Rico existe un consenso , voluntad y determinación para transformar nuestro sistema energético a uno resistente y avanzada “.
La nueva ley promueve la distribución de la energía renovable mediante el establecimiento de una medición neta menor absoluta para los participantes del Programa de red de medición.
Bajo este programa, un cliente con un sistema de generación de elegibles – que utiliza una fuente renovable de energía – puede exportar el exceso de energía generada por su sistema de red de la AEE.
AEE medirá la energía que las exportaciones de los clientes a la red y facturar al cliente la energía neta consumida. La energía neta es igual a la energía consumida por el cliente menos la energía que se exporta a la red.
Si el cliente exporta más energía de la que consumen de la AEE (era AEE pero eso no tener una referencia anterior, pero no AEE que sé que es el acrónimo español para AEE), el exceso será enviado a su cuenta de modo que pueda ser utilizado en los meses posteriores.
A través del Programa de red de medición, el operador de red compensará el consumidor y el proveedor de la energía que exportan a la red al mismo ritmo por kilovatio-hora al que compran la energía.
El decreto también refuerza la Oficina de Energía de Puerto Rico (NEPR) como la entidad reguladora encargada de la ejecución de la aplicación de la política de energía pública.
El presupuesto de la Oficina se incrementará a $ 20 millones; que se concederá una mayor autonomía operativa y se le dará nuevos poderes de regulación a través de mecanismos basados en métricas de rendimiento de las empresas de energía.
Por otra parte, la medida crea un Energy Trust verde que promoverá los consumidores se conviertan en consumidores-proveedores.
La confianza será el encargado de establecer programas o apoyar financieramente proyectos que proporcionan acceso a la energía verde para los residentes de las comunidades de ingresos bajos y medianos.
La entidad también apoyará a las empresas municipales de energía, así como las comunidades solares, micro-redes en comunidades aisladas, así como los de las zonas de bajos y medianos ingresos; que facilitará la financiación de proyectos de energía verde en pequeñas y medianas empresas (PYME) o micro-empresas.
También se informó de que los nuevos mandatos de abogados sustitución de 100 por ciento de alumbrado público con el LED o luces renovables en 2030; y también garantiza que ningún empleado AEE perderá su trabajo como resultado de este proyecto de ley.
La medida también facilitará el desarrollo de proyectos de energía renovable a gran escala mediante la incorporación del proceso de permisos acelerado previsto en la Ley 76-2000.