Los problemas energéticos de Puerto Rico son un asunto serio. Mi administración ha estado enfocada en soluciones a corto y largo plazo, dentro del marco de la ley. Las propuestas que he escuchado no ofrecen nada nuevo. Hablar de fiscalización es hacer lo que estamos haciendo. Hablar de cancelación tiene consecuencias como un aumento sustancial en el costo de la luz y un atraso significativo en la transformación del sistema eléctrico. Hablar de cambios a los contratos con los operados privados que tenemos en el sistema eléctrico requiere que se cumpla con la ley y la constitución. Y ahora nadie quiere hablar de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica que sigue siendo otra piedra en el camino de la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico.
La solución a la falta de estabilidad energética en Puerto Rico está encaminada. Incluye las iniciativas que van a hacer la diferencia, tales como: el despeje de vegetación a nivel Isla con $1,200 millones de fondos de FEMA; la compra de baterías de 430 megavatios con fondos de FEMA a un costo de $800 millones, que se instalarán en nuestras plantas generatrices; la adquisición de generadores de rápida respuesta o “peakers” de 200 megavatios, también con fondos de FEMA, a un costo de $700 millones; y la nueva planta de generación de gas natural de 300 megavatios, cuyo contrato será otorgado próximamente, así como la continuación de los proyectos de energía renovable a escala industrial, pero solo aquellos que no vengan a impactar negativamente la tarifa de energía eléctrica.
Quien proponga regresar a que el gobierno retome la administración del sistema eléctrico, parece que olvida que el gobierno ya fracasó malamente en esa gesta y que la ley de política pública energética exige su privatización.
Es importante hablarle claro al pueblo.
