Expresiones del Representante PIP, Denis Márquez Lebrón, tras la más reciente carta de la Junta de Control Fiscal sobre el presupuesto del país:
La Junta de Control ha sido terriblemente consistente en mutilar y destruir los derechos de la clase trabajadora. Durante su existencia han enviado varias cartas anti obreras para promover su agenda neoliberal e imponer al gobierno y a la legislatura la eliminación de derechos adquiridos de los empleados.
No podemos olvidar que la actual reforma laboral, la ley 4 de 2017 que defienden en su reciente carta, es el resultado de su imposición sobre la pasada legislatura quienes fueron sus cómplices al aprobarla. De igual forma en el 2018 la Junta impulsó la eliminación de la ley 80 sobre despido injustificado y lo expresó mediante carta que fue acogida por el gobernador y la Cámara que aprobaron legislación. Por lo tanto no es sorpresa para nadie esta “amenaza” de la junta con su trillado discurso de que la nueva reforma laboral -enmendada en el Senado- es contraria al plan de ajuste fiscal.
Resulta bochornoso que a estas alturas del siglo 21 la Junta no quiera reconocer que, precisamente, medidas de justicia salarial y de mejoramiento en las condiciones de trabajo de la fuerza obrera en diversos países del mundo, son las que han permitido aumentar la productividad de los trabajadores. Han incrementado el ingreso personal disponible y el ingreso familiar promedio en cada una de esas jurisdicciones, creando las condiciones para el estímulo al gasto de consumo personal y a la inversión de capital por parte del sector privado . Esto ha resultado en crecimiento sostenido en la inmensa mayoría de esos países.
Con sus medidas neoliberales, lo que pretende hacer la Junta en Puerto Rico es precisamente lo contrario. Medidas de recorte de beneficios a la fuerza obrera, lejos de estimular el crecimiento y recuperación de las economía, lo que hacen es profundizar y perpetuar, no sólo las recesión como la que sufre Puerto Rico desde abril de 2006, sino empeorar las condiciones sociales de las clases más necesitadas, aumentando los niveles de pobreza y desigualdad.
Por eso la medida que se aprobó en la Cámara, ahora enmendada en el Senado, lo que hace es restituir el estado de derecho para que mejoren las condiciones laborales de nuestra fuerza obrera. Eso le mortifica a la Junta porque su rol es la defensa del gran capital de lo que se beneficia.
La Cámara tiene la obligación de concurrir con las enmiendas del Senado que mejoran el proyecto ampliando las protecciones a los trabajadores y rechazar las pretensiones de la Junta. Claro está, no podemos perder de perspectiva que la Junta es la expresión más burda del colonialismo y utilizará todos sus poderes para detener la nueva reforma laboral, con lo que sigue presente la necesidad urgente de combatirla políticamente e iniciar un verdadero proceso de descolonización.
