La Fortaleza) “La política pública de la administración del gobernador Ricardo Rosselló es una de transparencia y apertura.
Tan pronto advinimos en conocimiento sobre las peticiones de información relacionadas a la empresa BDO, se ordenó a las agencias de gobierno cooperar con las autoridades y suministrar toda la información requerida, solicitada o pertinente.
Además, se refirió el asunto a la Oficina de la Inspectora General para que realizara una auditoría de estos contratos, adicional a las auditorías internas que puedan ejecutarse o haberse realizado. Siendo esta nueva agencia una independiente, cualquier hallazgo encontrado luego de su análisis será atendido inmediatamente.
Asimismo, como medida cautelar, las agencias han comenzado a rescindir los servicios con dicha empresa.
Todo funcionario tiene el deber y la obligación moral de cooperar con las autoridades. Reiteramos que nadie está por encima de la ley y que cualquier funcionario o contratista que le haya faltado a sus funciones inherentes o al interés público, no tendrá cabida en esta administración y será referido a las autoridades de ley y orden.
No podemos permitir que asuntos como estos distraigan nuestra misión de restaurar la credibilidad y confianza de todos, lo que es uno de los mayores retos de gobernanza de toda administración. Es por esto que el gobernador Rosselló ha sido firme en su política de cero tolerancia a la corrupción y no le ha temblado el pulso en actuar cuando así amerita basado”.
