Dos proyectos de ley persiguen disponer que la obligación alimentaria se base únicamente en el ingreso neto del alimentante
(El Capitolio ) – El Departamento de la Familia rechazó una legislación que propone excluir las horas extras trabajadas de los ingresos considerados para fijar la pensión alimentaria tras afirmar que su aprobación provocaría un trato desigual en contra de la persona custodia del menor y que el estado de derecho provee salvaguardas para no penalizar los ingresos extraordinarios.
La licenciada María del Mar Mateu Meléndez, titular de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), reiteró este lunes que la ley permite separar las horas extras cuando no son recurrentes y promediar ingresos variables para proteger la estabilidad económica del alimentante.
“La medida no atiende un problema real del sistema. Todo lo contrario, y peor aún: reduce y pone en riesgo la protección alimentaria del menor”, manifestó Mateu ante la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes, presidida por Ricardo “Chino” Ocasio Ramos.
El Proyecto de la Cámara 1140 es impulsado por los representantes Félix Pacheco Burgos y Ensol Rodríguez Torres, quienes aseguraron que la propuesta nace del reclamo de padres y madres trabajadores que desean cumplir con sus responsabilidades “sin ser empujados a la precariedad económica”.
Los legisladores también son autores del Proyecto de la Cámara 1161, que busca aplicar las mismas exenciones en el cómputo de la pensión alimentaria para los agentes del orden público. Este último también fue objetado por la administradora de ASUME luego de explicar que las guías mandatorias de la agencia -que se revisan cada cuatro años- solo consideran el dinero extra que tenga una recurrencia de 36 meses o más.
Mateu Meléndez añadió que, respecto a ingresos esporádicos, los jueces administrativos de ASUME tienen “discreción amplia” para modificar las órdenes de pensión. “Las pensiones son proporcionales a las necesidades de ese menor, y a la capacidad económica e ingreso de las partes. Ese es el principio rector. No podemos irnos contra una parte”, insistió la funcionaria.
El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, requirió a la comisión legislativa incluir los comentarios del Departamento de Justicia en el expediente de ambas medidas, mientras instó a un análisis minucioso de las posibles implicaciones jurídicas y constitucionales de estas convertirse en ley.
“Hay que ver las repercusiones. Hay que ver las responsabilidades”, dijo el líder cameral. “Va a haber un cuestionamiento incluso constitucional sobre el deber de la Asamblea Legislativa en menoscabar lo que es una obligación de un alimentante”, opinó.
Trabajadores favorecen las medidas
Por su parte, los proyectos fueron endosados por varios gremios de trabajadores que comentaron que la pensión alimentaria debe beneficiar al menor mediante un sistema “justo, balanceado y humano” a la luz de la inflación económica y elevado costo de vida en Puerto Rico.
“El alimentante necesita también crecer para poder tener a ese menor bien, porque el menor no se va a quedar menor. Va a crecer, va a estudiar en una universidad, y la carga va a ser mayor”, argumentó Edwin Méndez, presidente de la Unión General de Trabajadores.
Las legislaciones también recibieron el respaldo de la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, cuyo presidente José Taboada indicó en un memorial explicativo que redundarán en un alivio económico para los agentes del orden público.
Específicamente, el Proyecto de la Cámara 1161 persigue favorecer a los miembros de la Policía de Puerto Rico y los diversos cuerpos de la Policía Municipal, al igual que los oficiales de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
“No tenemos duda de que esta exclusión redundaría en un beneficio económico para los miembros de estos tres cuerpos… que, a su vez, constituye en un aliciente económico y, por ende, una mejor calidad de vida”, expresó Taboada.
Los propulsores de la medida señalaron en la exposición de motivos que las horas extras trabajadas por empleados de agencias de seguridad “no solo son pagadas con extremo retraso, sino que también obedecen a ocasiones extraordinarias que requieren la prestación de servicio”.
Mientras, el presidente del Sindicato de Bomberos Unidos, José Tirado, peticionó que el proyecto se enmiende para incluir al personal del Cuerpo de Bomberos a las exenciones propuestas.
Los representantes Pedro Santiago Guzmán, Luis Pérez Ortiz y Wanda del Valle Correa también participaron de esta audiencia pública.
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