El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley cuatro medidas incluyendo el Proyecto de la Cámara 412 que enmienda la Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI a los fines de eximir del pago de derechos relacionados a las transcripciones de crédito de estudios universitarios a los hijos de veteranos menores de 25 años.
Por lo tanto, todas las agencias, oficinas y dependencias gubernamentales deberán tener en lugares visibles al público un rótulo expresando que será libre de pago los certificados a todas las personas veteranas. También que en este beneficio se incluye a sus cónyuges o cónyuges supérstites, sus hijos e hijas menores de edad y los hijos e hijas menores de 25 años cuando se trate de las transcripciones de créditos de estudios universitarios que cumplan con los requisitos del reglamento. Será deber del Procurador del Veterano velar por el fiel cumplimiento de esta disposición.
“Nuestros veteranos y veteranas han dado lo mejor de sí a Puerto Rico y a nuestra Nación en todos los frentes, incluyendo en el frente de batalla. Por eso siempre les voy a apoyar y seguiré tomando todas las medidas necesarias para que tengan el mejor acceso a los beneficios a los que tienen derecho por sus años de servicio y sacrificio”, sostuvo Pierluisi.
Por otra parte, Pierluisi firmó dos Resoluciones Conjuntas camerales para asignar dinero a los municipios de Gurabo y Orocovis. Mediante la Resolución Conjunta 263 se asigna al municipio de Gurabo $150 mil para obras y mejoras permanentes y con la Resolución Conjunta 245 se destinan $9,300 a la ciudad de Orocovispara llevar a cabo mejoras a escuelas del sistema de educación pública y en comunidades de escasos recursos. Los fondos asignados en ambas Resoluciones podrán ser pareados con otras aportaciones particulares y gubernamentales ya sean municipales, estatales o federales.
Otra medida firmada por el gobernador es la Resolución Conjunta de la Cámara 247 que denomina un tramo de la carretera PR-117 en el Barrio Maginas de Sábana Grande como el Boulevard Adrián Nelson Ramírez Vega.
Por otra parte, y en una comunicación a los presidentes legislativos, Pierluisi les informó que vetó los Proyectos de la Cámara 504 y 1025.
En torno al Proyecto de la Cámara 504, incluía a los alguaciles de la Rama Judicial como empleados de alto riesgo en la Ley del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno. El gobernador indicó que, aunque favorece que se les reconozca como empleados de alto riesgo, la medida va en contra del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) aprobado por la Asamblea Legislativa y avalada en el Tribunal Federal. Sin embargo, impartió instrucciones a los directores ejecutivos de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y de la Junta de Retiro del Gobierno, Omar Marrero y Luis Collazo Rodríguez, respectivamente, a ejecutar todas aquellas acciones administrativas necesarias que viabilicen alternativas, desde el marco jurídico antes señalado, que sean de beneficio para estos funcionarios públicos.
“Ellos y ellas definitivamente ponen en riesgo sus vidas al servicio del pueblo de Puerto Rico y ese sacrificio debe ser debidamente recompensado”, acotó Pierluisi en la carta.
En lo que respecta al Proyecto de la Cámara 1025, el gobernador les indicó que tal y como le llegó la medida para su consideración, la misma representa un menoscabo de las obligaciones contractuales de todos los aseguradores, sus agentes generales, representantes autorizados, entre otros, que suscribieron pólizas de seguros de propiedad en Puerto Rico vigentes antes de la aprobación de la medida, y quienes finiquitaron la reclamación mediante pago.
El gobernador explicó en su misiva que la medida contiene lenguaje que podría violentar el Artículo II, Sección 7, de la Constitución de Puerto Rico que expresamente proscribe la aprobación de leyes que menoscaben las obligaciones contractuales y la Constitución de Estados Unidos. Además, pretende aplicar retroactivamente una legislación que altera el estado de derecho vigente.
“Es altamente preocupante que este proyecto pretenda establecer una nueva norma, mediante la aplicación retroactiva a ciertas reclamaciones relacionadas con estos eventos, cuando las mismas ya han sido adjudicadas en los foros correspondientes. Lo que dispone la medida atenta contra la certeza jurídica de miles de reclamaciones y pleitos ya resueltos, que sería en total contrasentido a la doctrina de cosa juzgada, según esta es aplicable en nuestra jurisdicción. Además, coloca a los aseguradores, así como a los propios reclamantes y asegurados en incertidumbre sobre los acuerdos finales y firmes sobre sus reclamaciones”, expresó Pierluisi sobre la pieza legislativa que no contó con el aval de la Oficina del Comisionado de Seguros.
