El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtió hoy en ley tres proyectos camerales incluyendo el Proyecto de la Cámara 263 que le transfiere y confiere al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), los deberes y responsabilidades del Programa de Desarrollo de la Juventud, así como las disposiciones relativas al Programa de Internado e Investigaciones para estudiantes de maestría y doctorado.
Tras agrupar varias leyes en una, el DDEC establecerá y propiciará la coordinación y los mecanismos necesarios para la disponibilidad de plazas a ser ocupadas por los estudiantes internos del Programa que cursen estudios conducentes a grados de maestría o doctorado en cualquier institución de educación superior debidamente licenciada en Puerto Rico. Los internos laborarán en las distintas dependencias del Gobierno, según sea determinado por el DDEC, en coordinación con los diversos administradores o directores de las instrumentalidades públicas del Estado.
Por otra parte, el gobernador estampó su firma en los Proyectos de la Cámara 1350 y 1131. El primero declara el último domingo del mes de mayo de cada año como el ‘Día de la Radio Ponceña’’ mientras que a través del 1131 se declara la raza de Paso Fino como Patrimonio Cultural. Al igual que el Proyecto de la Cámara 263, estas dos medidas fueron aprobadas por unanimidad.
Por último, el gobernador Pierluisi comunicó a los presidentes legislativos, que luego de que la Legislatura no acogiera enmiendas del Departamento de Hacienda (DH) y de que no solicitaran la devolución de la medida tal cual fue recomendado, vetó el Proyecto de la Cámara 955 que proponía crear la Ley para la Protección de los Consumidores de Plataformas de Ventas en Línea o Marketplace.
Pierluisi les explicó que esta pieza legislativa, no tan solo no incluye las recomendaciones de Hacienda, sino que está en conflicto con la ley federal Consolidated Appropiations Act of 2023. Hacienda propuso a la Rama Legislativa enmiendas dirigidas a uniformar el Código de Rentas Internas (CRI) para atemperar las definiciones de “facilitador de mercado” y “vendedor de mercado” que estaban contenidas en el proyecto cameral con las del CRI y que están relacionadas al Impuesto de Ventas y Uso (IVU).
También, el Proyecto de la Cámara 955, tiene un conflicto directo con las disposiciones de mercados en línea establecidos en el Consolidated Appropiations Act of 2023. “Este nuevo estatuto federal, establece una norma nacional para brindar transparencia a los consumidores mientras protege la privacidad y la seguridad de las pequeñas empresas que venden en los mercados en línea. Este estándar nacional se aplica a todos los vendedores que son ‘high-volume third-party sellers’ que venden en Estados Unidos. Es una sólida doctrina federal de que las normas que se establecen a nivel nacional tienen prominencia sobre las normas que se establecen por los estados y territorios”, explicó Pierluisi.