El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley un paquete de 11 medidas legislativas de las cuales siete están enfocadas en la salud y la seguridad, para, entre otras cosas, ampliar los derechos de las embarazadas, no discriminar a menores en el proceso de vacunación por su estatus migratorio, y elevar a rango de ley la educación continua de los miembros del Negociado de la Policía sobre cómo abordar y procesar casos de abuso sexual.
La primera de las medidas salubristas es el Proyecto del Senado 304 que, al enmendar la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, aumenta de 12 a 16 semanas la licencia por maternidad a las empleadas del Gobierno central. De esta manera se iguala el periodo de licencia de maternidad otorgado a las empleadas municipales a través de la Ley 24 de 2022. También, se aumentaría la licencia de maternidad para las empleadas del Gobierno que adopten a un menor de cinco años o menos que esté matriculado en una institución escolar. La pieza legislativa fue favorecida por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico y por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).
Por otra parte, mediante el Proyecto del Senado 10 se dispone que no se le podrá negar servicios médico-hospitalarios a cualquier persona que esté sufriendo una condición de emergencia médica o mujer que esté de parto, que acuda a la sala de emergencia de hospitales públicos o privados, por razón de raza, color, sexo, edad, religión, nacimiento, origen o identificación étnica, ideología política, identidad de género, estatus migratorio, entre otros. Asimismo, esta nueva ley establece que ninguna escuela, ya sea pública o privada, podrá discriminar contra estudiantes que no cuentan con su certificado de vacunación al día a causa de su estatus migratorio. Ante esto, la institución educativa deberá realizar todas las gestiones pertinentes con el Departamento de Salud (DS) para que los menores sean vacunados sin tomar en consideración su estatus migratorio, el de sus progenitores o tutores.
Otras dos medidas vinculadas a la industria de la salud son la Resolución Conjunta del Senado 428 y el Proyecto de la Cámara 1151. La Resolución Conjunta 428 denomina el Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce, adscrito a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), con el nombre del Dr. José E. Cangiano Rivera. Mientras, a través del Proyecto de la Cámara 1151 se declara el 30 de noviembre de cada año como el Día de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria y de la Ingesta de Alimentos.
En temas de seguridad pública, el gobernador firmó la Resolución Conjunta del Senado 164 que eleva a rango de ley el requerir cursos de educación continua en temas de abuso sexual a los agentes del Negociado de la Policía y a los cadetes de la Academia de la Policía. Esta legislación es conforme con los esfuerzos que ya realiza el Gobierno para cumplir con las obligaciones de la Reforma de la Policía. Por otra parte, mediante la Resolución Conjunta de la Cámara 386 se ordena a que se realicen todas las gestiones requeridas y necesarias para trasladar las operaciones del cuartel de la Policía de Puerto Rico que brinda servicios al municipio de Comerío a las instalaciones del antiguo Club de Leones.
Por otro lado, el gobernador Pierluisi dio paso al Proyecto de la Cámara 348, para que la secretaría del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) tenga la facultad de autorizar a los confinados que cuenten con permiso para salir de las instituciones correccionales y con licencia de conducir, a poder utilizar vehículos de motor privados, bajo su propia responsabilidad en el horario restringido. A esos fines, se establecerá un reglamento y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) emitirá una licencia o permiso de conducir con la anotación del horario restringido al dorso. El DJ no encontró impedimento legal para firmar la medida que fue favorecida por el DCR en vistas públicas de la Cámara de Representantes y que implementa estatutos del Programa de Gobierno relacionados a la rehabilitación de los confinados.
Otras medidas firmadas por Pierluisi son los Proyectos de la Cámara 374 y 1770 que declaran el Día del Rotarismo en Puerto Rico y enmiendan el Fondo de Mejoras Municipales, respectivamente. También, las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 413 y 294 a través de las cuales se ordena al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) y al DTOP a transferir terrenos y estructuras al municipio de San Juan mientras que el Departamento de Agricultura (DA) y la Autoridad de Tierras deberán proceder con la liberación de restricciones y condiciones sobre preservación de unos terrenos en Aibonito para desarrollar actividades ecoturísticas y turismo agrícola.
En torno al Proyecto de la Cámara 1773, que pretendía establecer la Unidad de Manejo de Emergencias, Fuego y Rescate Municipal, el gobernador impartió un veto expreso porque trastocaría todos los Negociados del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el asunto está sobreseído por distintas leyes, regulaciones federales y estatales.
“Es una realidad ineludible que los municipios son la primera línea de respuesta ante una catástrofe, dado a que conocen con exactitud las áreas más propensas a experimentar daños y donde tradicionalmente se encuentran localizados los sectores más vulnerables, incluyendo refugios, albergues, centros de cuidado extendido, organizaciones sin fines de lucro y asilos, entre otros. Sin embargo, en nuestro ordenamiento jurídico le corresponde al Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) desarrollar y mantener al día un Plan Estatal para el Manejo de Emergencias para todas las fases de manejo de emergencias y desastres, coordinando las acciones de las agendas esenciales para cubrir las necesidades de nuestros ciudadanos y la restauración de estos a la brevedad posible. Para ello se cuenta con un Plan Operacional de Emergencias desarrollado en concordancia con el Marco de Respuesta Nacional y con la colaboración del gobierno federal, estatal, empresa privada y organizaciones sin fines de lucro”, dijo Pierluisi en una carta dirigida a los presidentes legislativos en la que les explica que los municipios forman parte del Plan de Emergencias desarrollado por el NMEAD.
