Tras contar con el endoso del Departamento de Educación (DE) y de la Defensoría de Personas con Impedimentos, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley el Proyecto del Senado 1209 para que los alumnos con discapacidad visual tengan la oportunidad de tomar el examen de College Board utilizando el sistema de lectura y escritura Braille, letra agrandada, lectores, anotadores y, en caso de necesitarlo, cualquier asistencia tecnológica.
Precisamente en temas de educación, el gobernador también firmó varias medidas en las que se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) evaluar conforme a las disposiciones de ley y reglamento, la transferencia-usufructo o cualquier otro negocio jurídico la titularidad de los terrenos de antiguas escuelas en Cidra, Guayama y Salinas a los municipios para realizar proyectos comunitarios. Estos proyectos legislativos están contenidos en las Resoluciones Conjuntas de la Cámara 194-238-253 y 255. Sucede lo mismo con la Resolución Conjunta de la Cámara 426, para que se evalúe la transferencia de la antigua escuela elemental Borinquen Pradera a El Acueducto Rural Pedro Calixto Inc, con los mismos fines que las medidas anteriores.
En torno al Proyecto de la Cámara 45 que proponía eliminar la figura de las cartas testamentarias para acelerar los trámites de los interesados en el manejo de la herencia, el gobernador impartió un veto expreso por incongruencias en la medida, pero de ser corregidas mediante otro Proyecto, se mostró dispuesto a impartirle su firma.
“La medida presenta una incongruencia en un asunto medular. La Sección 4 se enmendó para establecer una nueva fecha de vigencia y validez de las cartas testamentarias expedidas bajo el ordenamiento jurídico actual, pero en el título del proyecto de ley se mantuvo la fecha establecida en una versión anterior de la medida. Así, la versión ante mi consideración establece que la fecha sobre la vigencia y validez de las cartas testamentarias es el 29 de febrero de 2024, mientras que el título dispone que es el pasado 31 de diciembre de 2023”, indicó el gobernador.
También, Pierluisi explicó que no firmó el Proyecto del Senado 1306 que viabiliza enmiendas a la Ley de Cooperativas y Sociedades de 2004.
“El lenguaje del proyecto de ley resulta ser muy amplio y añade exenciones municipales que pueden tener un impacto fiscal y económico negativo en las finanzas de los municipios. Principalmente, porque se incluye entre las exenciones a este tipo de cooperativas el pago de arbitrios y patentes municipales, impactando directamente estas fuentes principales de ingresos de los municipios”, explicó Pierluisi.
De hecho, a pesar de esto, la medida no cuenta con un estimado de su impacto fiscal por parte de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), la cual según establecido en La Ley 1-2023, conocida como la Ley de Investigación, Análisis y Fiscalización Presupuestaria de Puerto Rico, debe preparar los estimados de costos para proveer a los legisladores un análisis objetivo del efecto económico de las medidas ante su consideración.
“Además, no establece que las subsidiarias y afiliadas de las cooperativas a las cuales el Artículo 23 de la Ley 239-2004 extiende las exenciones también tienen que ser cooperativas. Ello da margen a interpretar que la medida pudiera aplicarle a cualquier entidad, sin tener que ser una cooperativa. Si se aprobara un proyecto similar que no extendiera sus disposiciones a las patentes y arbitrios municipales, y que requiera que toda entidad a recibir las exenciones provistas en el mismo fuera una cooperativa, estaría en posición de firmarlo”, añade el veto expreso.
