(El Capitolio)- La Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo Rey Ocasio Ramos, inició la evaluación del Proyecto de la Cámara 654, que busca crear la “Ley para la Educación Obligatoria de Crianza Responsable” y establecer talleres a todos los padres y madres que brindarán orientación temprana con el objetivo de prevenir el maltrato infantil.
Otro de sus propósitos es promover entornos familiares seguros conforme al marco jurídico vigente, como parte del alta hospitalaria y requisito a servicios de etapa preescolar en el ámbito público.
El Departamento de Salud (DS), estaría a cargo de monitorear que los hospitales ofrezcan el taller e imponer multas administrativas de hasta cinco mil dólares por el incumplimiento con lo establecido en esta medida.
La pieza legislativa señala que, en Puerto Rico, los casos de maltrato infantil han mostrado una tendencia preocupante en los últimos años, con cifras que reflejan “una crisis social que exige acciones preventivas inmediatas”.
Según el informe más reciente del Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos (AFCARS Report, 2023), durante el año fiscal 2022 se reportaron 4,320 víctimas de maltrato infantil en Puerto Rico, representando una tasa de 8.3 por cada 1,000 menores. De estos casos, un 78.9% correspondió a situaciones de negligencia, el 59.3% a abuso emocional y el 22.1% a abuso físico.
Durante la vista, el Dr. Juan Carlos Malavé Rexach, especialista en maltrato a menores y abuso sexual, vio con buenos ojos esta medida ya que “la inversión estatal en orientación temprana evita intervenciones judiciales y reduce costos a largo plazo en salud mental, protección social y educación especial”.
El también sexólogo forense señaló que “el Estado si quiere, en vez de ser reactivo, debe ser preventivo, teniendo una primera plataforma para que tanto padres, madres, tutores y adoptantes tengan ese conocimiento previamente”.
Rexach Malavé apuntó que la legislación, de la autoría del representante Ramos Ocasio, recoge mucho del espíritu de la legislación federal Family First que enfatiza en la prevención, en vez de intervenir luego de ocurrido los hechos.
“El problema de intervenir después, aunque tengamos buenísimos programas de intervención, es que tengo que trabajar con trauma; es más difícil trabajar con trauma y más si se trata de abuso sexual, ya que es mucho más costoso para el gobierno, remediar, que desarrollar este tipo de programa, puesto que en cierta medida estamos aportando además de la prevención, el desarrollo de lo que es ser ciudadano”, añadió el también sexo pedagogo.
A preguntas del representante Ramos Ocasio, el deponente opinó que el tema de la prevención de abuso sexual debe incluirse dentro de las materias que se ofrecerán en los talleres que serán impartidos antes del nacimiento del menor y que serán requisito para poder matricularlos en programas tales como Head Start, Early Head Start y el Departamento de Educación.
“No es que el proyecto de ley quiera decirles a los padres cómo cada familia tiene que criar, porque los procesos culturales, la subcultura, las tradiciones de cada una de las familias y sus ideales y creencias de lo que debe ser el proceso de crianza no está en duda, lo que pasa es que no entra, desde el punto de vista cultural, cómo es el cuidado básico de un recién nacido, esos son cuestiones del área de las ciencias médicas, que trabajan las etapas del desarrollo”, aseguró el deponente.
Por su parte, el Dr. Carlos A. Rivera Otero, administrador auxiliar de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia (ADFAN), mostró su apoyo a la medida, pero sugirió estudiar más a fondo la obligatoriedad del taller para inscribir a los menores en los programas educativos públicos.
“Nos preocupa que se imponga como requisito un taller para que se pueda inscribir a un niño en diversos programas educativos públicos como Head Start y Early Head Start. Esto va en contra del espíritu de estos programas federales que fomentan la mayor participación”, comentó Rivera Otero.
A preguntas del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, el administrador de ADFAN, opinó que “el proyecto me parece un gran proyecto, es uno de prevención, se alinea de alguna manera con la política federal, porque la prevención es actuar antes que ocurra de algo, ciertamente tendríamos que mirar este parte de la obligatoriedad como se podría manejar que no afecte el asunto de los fondos federales”.
Mientras que el Lcdo. Miguel Hernández Vivoni, asesor legal del Departamento de la Familia, recomendó estudiar cómo se pagaría todo el andamiaje del ofrecimiento de los talles y presentó como alternativa la posibilidad de los planes médicos puedan cubrirlo.
El presidente y director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, Marcos Santana Andújar, apoyó la propuesta, a la vez que recomendó enmiendas “para asegurar que la ley sea accesible a todas las poblaciones”.
Entre los cambios sugeridos, señaló que es fundamental que los talleres de crianza responsables sean accesibles a todas las poblaciones incluyendo aquellas áreas remotas, con diferencias lingüísticas, discapacidades, con acceso limitado a tecnología o que opten por un nacimiento no tradicional como parto en el hogar.
“Proponemos que se ofrezcan modalidades presenciales, material audiovisual en plataformas virtuales y una campaña de orientación para asegurar la participación del mayor número de padres, madres o cuidadores”, apuntó Santana Andújar.
Asimismo, el también trabajador social, exhortó a que el proyecto no limite el derecho a la educación y que se realice una campaña educativa sostenida por un mínimo de tres años en todas las modalidades de comunicación para informar sobre los beneficios que los talleres aportan al desarrollo infantil y a la prevención del maltrato.
Este defensor de los derechos de la niñez y juventud propuso que el contenido del taller sea uno basado en evidencia, con procesos de medición sobre su alcance, así como estandarizado por el Departamento de la Familia para garantizar uniformidad y calidad.
De otro lado, el secretario del Departamento de Salud de Puerto Rico (DSPR), el Dr. Víctor Manuel Ramos Otero, no favoreció la legislación, mediante un memorial sometido a la Comisión, ya que en la actualidad la agencia brinda un curso similar conocido como “Crianza Responsable” a nivel comunitario ofrecido por los orientadores de salud, que consiste en cursos para las etapas de 0 a 5 años y de 6 a 11 años.
El titular calificó, el fin de la medida como una “loable”, pero enfatizó que ofrecer el taller durante la estadía en el hospital luego del nacimiento “puede resultar en una sobrecarga de información para la mujer que se encuentra en un proceso de recuperación, el cual ya conlleva una considerable carga emocional. El proyecto asume que durante la hospitalización por nacimiento toda la familia está involucrada, lo cual no siempre refleja la realidad”, por lo que recomendó que la función del hospital se limite a proporcionar la referencia a las familias que busquen el servicio ya sea por parte del Departamento de la Familia o la agencia que lidera.
En cuanto al aspecto de monitoria por parte del DSPR, Ramos Otero, lo consideró como “un mecanismo valioso ya que prioriza la educación y el bienestar de los niños en Puerto Rico, pero a renglón seguido, sugirió que se apruebe una partida para esos fines de modo que puedan contar con la infraestructura necesaria para lograr estos fines.
En su turno de preguntas, la representante Wanda Del Valle Correa, comentó que también el Departamento de Educación se involucre en esta iniciativa mediante los cursos de paternidad responsable, que se llegaron a ofrecer dentro del currículo como requisito para la graduación de los estudiantes de escuela superior.
El representante Ocasio Ramos, aseguró que la comisión evaluará las enmiendas presentadas por los deponentes para darle la seriedad que amerita a esta medida, “porque estamos viendo que a pesar de que el Departamento de la Familia y otras entidades cuentan con programas de prevención del maltrato de menores, continúan los abusos, así que estaremos estudiando las recomendaciones para que estos cursos sean voluntarios, de modo que no se afecten los derechos de los ciudadanos”.
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