(El Capitolio)- La Comisión de Recursos Naturales, que preside la representante Elinette González Aguayo, comenzó ayer la evaluación del Proyecto de la Cámara 25, que propone enmendar la “Ley de Muelles y Puerto Rico” de 1968 y la “Ley de Vigilantes de Recursos Naturales y Ambientales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales” de 1977, a los fines de atemperar la definición de Zona Marítimo Terrestre (ZMT) para utilizar como marco de referencia el lugar hasta dónde llega el desplazamiento de las mareas.
Durante los trabajos, el Agrimensor del Estado, Marcos Colón Mercado, se mostró de acuerdo con el proyecto, de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, ya que se toma como medida para determinar la zona marítimo terrestre, “el espacio de las costas que baña el mar hasta donde llega el mayor desplazamiento de la marea durante los equinoccios, en donde son sensibles las mareas y las mayores olas en los temporales ordinarios no ciclónicos en donde las mareas no son sensible”.
Según el también profesor de agrimensura, “el proyecto procura que se establezca como referencia el promedio de la marea más alta, ya que en la ley actual no está especificado”. A su vez, recomendó lenguaje para hacer más concreta la definición de “marea más alta”.
El agrimensor recomendó, además, enmiendas en el lenguaje del proyecto a los efectos de determinar la extensión de la marea, tomando en consideración el nivel medio del mar como punto o superficie de referencia. De igual forma, sugirió que se debe hacer un reglamento a esos fines particulares.
“Actualmente no hay un reglamento que cubra específicamente el tema de las mareas. Está dentro del Reglamento 4860 que utiliza el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que cubre todo lo que son los mangles, los estuarios, las dunas y las marianas”, dijo el funcionario, adscrito a la secretaría auxiliar de gerencia de permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
Colón Mercado expresó que el tema de la zona marítimo terrestre se trata en dos páginas de este reglamento y el DRNA hizo una guía para tratar de cumplir con la ley.
Asimismo, sugirió enmiendas para definir el término de servidumbre, que según la ley es el derecho a la utilización del terreno propiedad de otro para un uso en particular. En específico, lo que se trata una servidumbre de salvamento que es utilizada en momentos en que naufraga un buque o barco de pesca para protegerse durante un temporal. Se trata de una zona desde donde termina la creciente del mar hasta 20 metros tierra adentro según la ley actual y el proyecto propuesto.
“Definir adecuadamente lo que constituye la zona marítimo terrestre es indispensable al momento de guiar a la rama ejecutiva – en especial al DRNA – al momento de llevar a cabo un análisis científico y técnico de las condiciones topográficas, geológicas y geofísicas que asisten al deslinde marítimo terrestre”, aseguró el agrimensor.
Colón Mercado señaló que “todos queremos que la administración de gobierno logre agilizar los procesos evaluativos de permisos, pero el factor que más afecta es la sobrerregulación. Este proyecto provee para ello siempre y cuando el DRNA lo adopte tal cuál y no lo diluya dentro de su Reglamento 4860. Esta enmienda es muy buena, pero como se ha hecho hasta ahora el DRNA se excederá a lo establecido aquí entendiendo que hace lo mejor, establecerá que la ZMT llega hasta la vegetación y no por la marea, tal y como lo establece la ley en el proyecto”.
Por su parte, Ivelisse Espinosa, secretaria auxiliar de Permisos en el DRNA, también se mostró de acuerdo con la medida, pero sugirió enmiendas a los efectos de aclarar cuál equinoccio será utilizado en esta ley para definir el nivel de la marea.
“No obstante, resulta meritorio aclarar que, en el equinoccio de verano, el agua cubre menos tierra y en el equinoccio de invierno el agua cubre más tierra, por lo que se recomienda establecer cuál es el estaremos utilizando en la definición”, señaló la funcionaria.
Recomendamos, además, incluir después de referirse a los equinoccios el lenguaje “que se excluye el movimiento de las aguas una vez la ola rompa y se desplaza gradiente arriba…”, señaló Espinosa.
Ante la pregunta de la presidenta de la Comisión, en torno al número de casos pendientes de deslindes en la ZMT, la secretaria auxiliar informó que tienen 177 casos acumulados desde 2017, ya que ante la falta de agrimensores de carrera dentro del DRNA, han tenido que contratarlos bajo servicios profesionales.
Mientras que el agrimensor Julio Figueroa Carrillo, presidente de la Asociación de Agrimensores de Puerto Rico, propuso que se coloque la división de agrimensura del DRNA “en posición de autonomía con libertad de criterio” mediante su separación en un ente técnico, ya que en la actualidad es parte de los negociados que están dentro de la división de Servicios Especializados que a su vez está bajo la Secretaría Auxiliar de Permisos y se le añade la influencia de su División Legal.
Figueroa Carrillo indicó que con esta separación la “estará en libertad de determinar sin presiones exteriores al ámbito topográfico geodésico y para ello se debe hacer un reglamento independiente que esté en cumplimiento de la “Ley de Procedimientos Administrativos Uniforme” (LPAU) y con el artículo 4 de la “Ley Ambiental”.
Al finalizar la vista, la representante González Aguayo planteó que “los proyectos no están escritos en piedra, por eso se hacen las vistas públicas para escuchar, para entender y para esta representante ha sido un proceso de aprendizaje, así que estamos abiertos a escuchar diferentes posiciones y la próxima vista tenemos otras agencias de gobierno que tendrán a bien exponer su posición como el Departamento de Justicia y la Asociación de Constructores”.
La legisladora añadió que también “vamos a tener organizaciones ambientales que van a tener su oportunidad de someter sus argumentos. Esta servidora es una persona de apertura, al igual esta Cámara de Representantes es una legislatura que estamos abiertos a escuchar y lo que pretendemos es que esta definición de ZMT sea una uniforme por el bienestar de nuestro pueblo y la conservación nuestro ambiente y nuestras playas”.
Es importante mencionar que en esta audiencia pública también estuvieron los representantes Adriana Gutiérrez Colón, Lisie J. Burgos Muñiz, Luis Junior Pérez Ortiz, Luis Josean Jiménez Torres, Wilson J. Román López, Jorge Navarro Suárez y Edgardo Feliciano Sánchez.
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