El Capitolio; 30 de mayo de 2020 – El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, exigió hoy la aprobación urgente del Proyecto del Senado 1486, que busca crear la “Oficina Enlace de la Comunidad Sorda del Gobierno de Puerto Rico” ante las necesidades que enfrenta esta población, en particular durante la pandemia del COVID-19.
“Aunque el gobierno ha dado pasos en la dirección correcta para atender reclamos de la comunidad sorda, es urgente que a nivel gubernamental se establezca una Oficina de Enlace de la Comunidad Sorda que ofrezca orientación y servicios especializados y permanentes para atender todas las necesidades de esta población. El PS1486, de mi autoría, recoge ese reclamo histórico de la comunidad sorda”, señaló el portavoz senatorial del PIP.
Estudios recientes demuestran que la tasa de desempleo más alta entre las personas con diversidad funcional es la de las personas con alguna dificultad auditiva (50.2%), sin embargo, a pesar de haberse logrado adelantos en otras áreas, nuestras oficinas creadas a esos efectos no están preparadas para atender la población sorda.
“Los líderes de la comunidad sorda han denunciado que, por falta de intérpretes y recursos tecnológicos indispensables, hay personas sordas que no han podido solicitar ninguno de los servicios y apoyos gubernamentales extendidos en el contexto de la pandemia, pues se encuentran totalmente desorientadas y no saben cómo proceder. Incluso, han destacado que los vídeos explicativos existentes y otros materiales cibernéticos publicados por el Departamento del Trabajo no cuentan con intérpretes, por lo cual tampoco les son accesibles. Precisamente, mi medida busca establecer una estructura gubernamental que sirva de interlocutor entre la comunidad sorda y el gobierno”, puntualizó el también candidato a la Gobernación del PIP.
El legislador independentista indicó que ante la falta de personal idóneo y acomodos razonables en la agencias de gobierno, la ley que propone establecería lazos permanentes de comunicación con la comunidad sorda, no sólo en el contexto de las crisis pasadas y presente, sino en la vida diaria de cada persona sorda en el país. “Se trata de una población vigorosa que se aproxima a las 200,000 personas en el Archipiélago y que, tras una larga historia de marginación merece ocupar un sitial prioritario en la reorganización de la estructura gubernamental”, añadió.
La medida radicada el 4 de febrero de 2020 propone la creación de una oficina especializada, con presencia regional, que brindará servicios de interpretación, enlace, gestoría, referidos y coordinación de servicios a los sordos entre las diferentes agencias del Gobierno de Puerto Rico, de manera que ninguna persona, por razón de su impedimento auditivo y/o sordera, quede excluida de recibir los servicios básicos a los que tiene derecho.
