Hermanos y hermanas puertorriqueños,
Hoy me dirijo ante ustedes no sólo como Gobernadora de Puerto Rico, sino como servidora pública de toda una vida, para hablar del estado actual de nuestros esfuerzos para poner nuestra Isla en orden y de la importante decisión que como pueblo tenemos ante nosotros. Me dirijo a ustedes con la misma transparencia y honestidad con la que siempre les he hablado. Hoy la Junta de Supervisión Fiscal presentó un plan que busca reestructurar los miles de millones de deuda que Puerto Rico tiene con sus acreedores. Ciertamente, la manera en que reaccionemos y respondamos a ese plan constituye un momento definitorio en la historia de nuestro pueblo. Sin embargo, para alcanzar esta meta se deben tomar decisiones importantes, responsables, pero a la vez muy difíciles.
Para comprender la magnitud de estas decisiones, debemos entender cómo Puerto Rico llegó a este punto y reconocer cuán lejos hemos llegado en el camino de la recuperación fiscal y económica. Tras décadas de mala administración, ineficiencias administrativas, una recesión económica desde 2016, y el impago de nuestra deuda en junio de 2016, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley PROMESA que, entre otras cosas, creó la Junta de Supervisión Fiscal. Mediante la Ley PROMESA el Congreso le concedió a esa Junta el poder y las herramientas para que Puerto Rico alcanzara la responsabilidad fiscal, así como para imponer reducciones de deuda cuando fuera necesario. Una de esas herramientas fue el derecho a comenzar un procedimiento de quiebra a nombre del Gobierno de Puerto Rico, lo cual la Junta de Supervisión hizo el 3 de mayo de 2017.
Durante los pasados dos años y medio, el Gobierno ha estado participando activamente en los procedimientos de quiebra y restructuración protegiendo así los derechos e intereses del pueblo de Puerto Rico. Este proceso ha redundado en éxitos, desafíos y, en ocasiones, frustraciones y desacuerdos con la Junta de Supervisión Fiscal. Lamentablemente, en ocasiones la Junta de Supervisión Fiscal ha tratado de usurpar los poderes de los oficiales electos y ha infringido los poderes políticos del Gobierno de Puerto Rico. Ante cualquier intento de usurpación de sus poderes políticos, el Gobierno siempre le ha hecho y ante todo le hará frente a la Junta para defender y proteger al pueblo de Puerto Rico. Sin embargo también en ocasiones el Gobierno y la Junta de Supervisión a llegado a consensos para tomar medidas necesarias y sin precedentes a fin de crear un gobierno más confiable; esas medidas incluyen: eliminar ineficiencias, mejorar los recaudos de impuestos y ejecutar reformas estructurales, todos necesarios para cumplir con ustedes. Como Secretaria de Justicia que fui y fiscal con más de 20 años de experiencia, siembre he estado comprometida en continuar abogando por estas reformas y adelantar las prácticas gubernamentales saludables que incluyen erradicar la corrupción y respetar el estado de derecho. Porque como tú, soy persona de ley y orden.
En medio de toda esta situación, en septiembre de 2017 los huracanes Irma y María impactaron severamente nuestra Isla, siendo este último el huracán más fuerte que ha pasado por la Isla en décadas, creando una de sus peores crisis humanitarias en la historia moderna de la Isla. La devastación que surgió de este huracán unió a nuestro pueblo de manera indescriptible y ya estamos viendo el fruto de la recuperación, aunque aún nos falte mucho por recorrer. Esto se acelerará en la medida en que los fondos federales finalmente lleguen a la Isla. De igual forma, en julio pasado miles de personas salieron a las calles para exigir un gobierno honesto, confiable y transparente. Ustedes exigieron un gobierno que sea ejemplo de responsabilidad fiscal, de honestidad y respeto, en un genuino ejercicio de la democracia en acción.
Durante estos dos acontecimientos, el pueblo de Puerto Rico demostró que es capaz de reponerse y seguir adelante. A pesar de esta turbulencia, el gobierno ha continuado trabajando para alcanzar metas esenciales en sus esfuerzos para restaurar la economía y restructurar la deuda que ha paralizado a la Isla por más de una década. Deuda que le cuesta al Gobierno $2,500 millones anuales solo en el pago de intereses. En otras palabras, nuestra la Isla se ahogaba en una deuda insostenible.
Valiéndose de las herramientas que le provee PROMESA, el gobierno ha dado pasos significativos para ajustar sus deudas a niveles más sostenibles e implementar reformas estructurales. Al día de hoy, se han restructurado exitosamente más de $23 mil millones en deuda a través de varias transacciones, entre estas, la restructuración de COFINA, el Banco Gubernamental de Fomento y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Estas transacciones fueron posibles gracias a la exitosa colaboración entre el gobierno, la Junta de Supervisión Fiscal, la Legislatura de Puerto Rico y grupos de acreedores. El gobierno también ha puesto de su parte, tomando medidas como reformas y reducción de gastos, entre otras.
Hoy tenemos el desempleo en su tasa más baja en nuestra historia y una de las tasas de participación laboral más alta de los últimos años. Asimismo, con las medidas tomadas han facilitado que el Gobierno asuma la responsabilidad de nuestro sistema de retiro, que está descapitalizado y quebrado para asegurar el pago de beneficios a los pensionados en el futuro a través del sistema PayGo. Por ello, el Gobierno ha realizado el recorte en gastos operacionales más grande en los últimos 40 años, y gracias a esto, nuestros retirados hoy siguen recibiendo sus pensiones. Porque nuestro compromiso siempre ha sido con ustedes.
Desde que asumí la Gobernación de una manera constitucional, ha sido mi compromiso trabajar para restaurar la credibilidad de Puerto Rico en Washington D.C. Una muestra de esto fue el resultado del viaje a la capital federal que hice a principios de mes, donde conseguimos, entre otras cosas, que FEMA aceptara desembolsar los fondos que darán paso al desarrollo de más de 1,500 obras que forman parte de la recuperación y eliminará el control sobre el proceso de desembolso. También hicimos énfasis en que Puerto Rico tiene que recibir un trato justo y equitativo en los fondos de Medicaid, porque se trata de tu salud.
Como les mencioné, la Junta de Supervisión Fiscal presentó ante el Tribunal del Distrito Federal un plan de ajuste de deuda. El plan provee para Puerto Rico una oportunidad para modificar aproximadamente $35,000 millones de deuda del gobierno central. El plan tiene muchas cualidades favorables, y reduciría la deuda del gobierno central en cerca de 65%. El plan es complejo y anticipamos que será enmendado en varias ocasiones hasta que finalmente sea aprobado en algún momento el año entrante. Tienen mi compromiso de que mi Gobierno se mantendrá vigilante y protegerá los intereses del pueblo de Puerto Rico durante todo ese proceso.
Bien importante. Este plan también garantiza que el Gobierno continuará financiando todos los servicios esenciales y estará en una posición que le permita proteger la salud, el bienestar y la seguridad de nuestro pueblo. El mismo incluye ciertas salvaguardas para asegurar la protección de las pensiones e impide que los gobiernos futuros incurran en préstamos irresponsables.
Junto al liderato legislativo, implementaré medidas para asegurar que esas prácticas no se repitan.
El plan propuesto presenta acuerdos negociados entre la Junta de Supervisión Fiscal, uniones obreras y el comité oficial de retirados, que tienen la encomienda de representar los intereses de los retirados en este proceso de quiebra.
Esa estructura negociada y acordada por el Comité de Retirados protegerá el pago de las pensiones en el futuro, y solo incluye una reducción de 8.5% en beneficios mensuales para los beneficiarios que reciben más de $1,200 mensuales de pensión, sin incluir los beneficios que reciben por Seguro Social y plan medico.
O sea, que solo aquellos pensionados que reciben más de $1,200 mensuales, se les aplicará esta reducción. El 60% de la población que recibe pensión hoy día estará protegida.
Ese acuerdo pactado por el Comité de Retirados incluye la creación de un fondo de reserva de pensiones multimillonario para asegurar el pago de las pensiones en el futuro y una prohibición expresa de futuros recortes a las pensiones.
Por principios, no apoyo ninguna reducción en beneficios a retirados, pues esta población ya ha hecho grandes sacrificios desde antes de que comenzara este proceso de quiebra, y nunca autorizaron poner sus pensiones en riesgo. Yo soy servidora pública y como tú pensionado, dependeré de mi pensión para vivir una vez me retire.
La decisión que tenemos que tomar hoy se reduce a lo siguiente: respetamos el acuerdo que alcanzó el Comité de Retirados con la Junta de Supervisión Fiscal, que reduce las pensiones hasta un 8.5%, o nos arriesgamos a enfrentar mayores recortes de hasta un 25% en las pensiones, que es lo que contempla el plan fiscal, según certificado por la Junta. Igualmente, nos arriesgaríamos a perder la oportunidad de restructurar más de $35,000 millones en deuda del gobierno y salir de la quiebra.
Por lo que les he expresado, estoy convencida de que la mejor alternativa en esta encrucijada es considerar la aprobación del plan de ajuste fiscal que ha sido presentado hoy por la Junta de Supervisión Fiscal. Mi evaluación de esta situación no está regida por encuestas o por cálculos para ganar popularidad o el mayor número de votos. El único interés de mi parte ha sido hacer un análisis objetivo y cuidadoso de cuáles son realmente los mejores intereses de los pensionados en Puerto Rico. No podemos seguir atascados en la quiebra por muchos años más y al igual que tú, quiero que la Junta de Supervisión Fiscal termine sus trabajos lo antes posible. Estoy confiada en que al final de este proceso, Puerto Rico obtendrá nuevamente su autonomía fiscal y se encaminará en la ruta de la recuperación económica.
Ciertamente, no es una decisión fácil, somos funcionarios que hemos dedicado nuestra vida al servicio público y dependemos de nuestra pensión para vivir. Pero no podía arriesgarlos a un descuento mayor. Quiero expresarles que el proceso de este plan de ajuste fiscal continuará en el Tribunal Federal y estaré muy vigilante a siempre procurar el mayor beneficio para los pensionados y para el pueblo de Puerto Rico.
