El caso está ante la Sala del juez Anthony Cuevas Ramos
(TRUJILLO ALTO) – La instructora de tiro Ixia Lee Castro Santana radicó el viernes a través de su representación legal, el Lcdo. Jorge Díaz Reverón, un Mandamus Perentorio por violación al derecho a portar armas y al derecho de libre asociación en la Sala Superior de San Juan del Tribunal de Primera Instancia “para que se obligue al Negociado de la Policía de Puerto Rico, la Oficina de Licencias de Armas, la Oficina de Registro de Armas y a todo aquel funcionario designado por estos, para hacer cumplir la Ley de Armas de Puerto Rico 168-2019 y su Reglamento” como están redactados y desistan de la práctica de añadir requisitos no establecidos.
En este caso, se solicita que se expida la recertificación como Instructora del Curso de Uso y Manejo de Armas de Fuego conforme el Articulo 2.07 de la Ley 168 de 2019 y del Reglamento para administrar la Ley de Armas de Puerto Rico a la peticionaria Castro Santana, ya que se han estado negando a cumplir con su deber ministerial de certificar y cualificarla como Instructora de Tiro, aún cuando ha cumplido con todos los requisitos.
Ariel Torres Meléndez, presidente de la Corporación del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA), explicó que durante meses alertando sobre este asunto, pero nadie tomó alguna decisión, bien sea positiva o negativa.
Confirmó que CODEPOLA sostuvo reuniones con funcionarios de la Fortaleza, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) en aras de crear un ambiente de diálogo y comprensión basado estrictamente en el texto de la ley y el reglamento, pero lamentablemente la ciudadana Castro Santana se vio obligada a recurrir en auxilio del tribunal para que les ordene aplicar la Ley 168-2019 y su reglamento de la forma correcta.
La génesis del problema surge cuando en el NPPR, particularmente en la Sección de Instructores de Tiro, están creando requisitos en violación a la ley y tampoco toman decisiones cuando se le notifica que están actuando de forma negligente. “Sus acciones dilata los procesos, dejando los trámites de los ciudadanos en un limbo permanente. Para colmo, el proceso de vistas administrativas es ineficiente, no hay personal suficiente para realizar el trabajo y los que están laborando, tienen desconocimiento de la ley”, denunció el presidente de CODEPOLA.
“La tiranía” en el Negociado de Armas al mando del inspector Víctor Castro ha llegado al punto de discriminar contra la mujer puertorriqueña. Es de conocimiento público que, en Puerto Rico hay un alza en relación con la violencia de género y por tal razón, muchas damas están sacando sus licencias de armas y en este proceso, para lo cual es compulsorio tomar un curso de uso y manejo.
“Cuando solicitan una instructora femenina, hay que brindarles esa opción”, afirmó Torres Meléndez. En palabras simples, la actuación del Negociado de la Policía al negarse otorgar la recertificación como instructora de armas a la peticionaria incide en el derecho constitucional a portar armas de un ciudadano respetuoso de la ley para su defensa consagrado en la Constitución federal, ya que no puede brindar el servicio a los hombres y mujeres que acuden a la oficina de la demandante para obtener su Certificado de Uso y Manejo de Armas requerido en la Ley 168-2019 y el Reglamento.
“La señora Ixia Lee había sido previamente certificada por el NPPR, pero ahora le han detenido su proceso de renovación, a menos que la instructora se haga socia de la National Rifle Association (NRA), una institución en los Estados Unidos, organización que no cubre los requisitos de materia como lo es el Código Penal de Puerto Rico, la Ley 168-2019, la Ley 46, entre otras leyes locales. O sea, el inspector Castro y la Lcda. Feliciano quieren que ella se haga socia de una entidad que no cumple con los requisitos que ellos establecen en su reglamento. Desconocemos cuales son los intereses que tienen con la NRA”.
Reclamó que “todo esto violenta crasamente su derecho a la libre asociación y la Ley 168-2019, entre otras leyes. Como dato curioso, el reglamento que fue creado por la misma policía no menciona en ninguna parte el proceso de renovación con relación a los instructores de tiro”.
Torres Meléndez aseguró que, tanto el inspector Castro como la Lcda. Feliciano actúan en total desconocimiento de Ley 168-2019 y de su propio reglamento. “Tanto en sus comparecencias ante la Legislatura que constan para récord, como en reuniones en el Cuartel General, hemos visto a una Lcda. Feliciano enajenada, en amplio desconocimiento de la Ley de Armas de Puerto Rico. No conocen la ley, pero están a cargo de hacerla cumplir. Eso sólo proyecta una mala imagen para el NPPR”.
El presidente de CODEPOLA insistió en que, “el discrimen que el inspector Víctor Castro y la Lcda. Feliciano tienen contra esta instructora de tiro tiene que culminar inmediatamente. Es por eso que, públicamente le solicitamos al Comisionado de la Policía, Antonio López y al Secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, que remueva a estas personas de sus funciones y ponga en esas oficinas personas competentes y con pleno conocimiento de la Ley 168-2019 y del Reglamento. De no ser así, entenderemos que tanto el Comisionado como el Secretario están de acuerdo con el discrimen y abuso contra la mujer puertorriqueña”.
Recalcó que “ninguno puede hacerse cómplice del discrimen castrense”. Dijo que lamentablemente, esta socia de CODEPOLA tuvo que acudir a los tribunales para que sea el magistrado quien nuevamente los ilustre, les arroje luz y los invite a leer correctamente la ley, como sucedió mediante el pleito incoado en defensa de los miembros de la Guardia Nacional y el caso en favor de las personas con discapacidad. Finalmente, el tribunal en una resolución que es un bochorno para la Policía, nos dio la razón”.
El presidente de CODEPOLA dijo que en múltiples ocasiones “tratamos de explicarle al inspector Víctor Castro -a través de nuestros abogados- sobre las violaciones de ley, pero fue una pérdida de tiempo. Lamentablemente, en el Negociado de Licencia de Armas, las decisiones que él tome son finales y firmes, aunque sean contrarias a la ley. De la misma forma, abogados del DSP y de la Fortaleza se reunieron con él para hacerlo entrar en razón, pero hizo caso omiso”.
Concluyó que “ante múltiples triunfos de CODEPOLA en los tribunales en defensa de los derechos de los ciudadanos, no queremos pensar que este discrimen hacia la instructora Ixia Lee Castro Santana es producto de una ignorante revancha o que sea porque es la esposa de Ariel Torres, presidente de CODEPOLA”.
