Gobernador Pierluisi llega a acuerdo con la Junta en beneficio de policías, maestros y otros servidores públicos
() El gobernador Pedro R. Pierluisi anunció que se llegó a un acuerdo con la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), dirigido a mejorar el retiro de los policías, implementar una ventana de retiro incentivado que produzca ahorros para el fisco y buscar alternativas que mejoren la compensación de los maestros.
El acuerdo —que fue presentado ante la jueza Laura Taylor Swain para su aval— delinea un plan alterno para adelantar los objetivos que perseguían las leyes 80, 81 y 82, las cuales fueron aprobadas en el año 2020.
“Hemos presentado el acuerdo ante la jueza Laura Taylor Swain, conscientes de que las leyes aprobadas en el 2020, pese a su loable propósito, no son consistentes en su totalidad con el Plan Fiscal. Siempre que los acuerdos beneficien la sostenibilidad de la deuda y el desarrollo económico de Puerto Rico, nuestro gobierno mantendrá diálogos de colaboración con la Junta. El norte y propósito final de estos acuerdos siempre será una mejor calidad de vida para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y, en este caso particular, para nuestros servidores públicos, policías y maestros”, puntualizó el gobernador.
Según establece al acuerdo, dentro de un término de 60 días, el Gobierno y la JSAF deberán colaborar para desarrollar alternativas para mejorar el retiro de los policías, dentro de los parámetros del Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la Deuda.
Una vez se acuerden los detalles, la Junta proveerá las aprobaciones necesarias bajo el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado, a fin de que ese plan pueda ser implementado para beneficio de los policías retirados.
Por otra parte, dentro de un término de 120 días, el Gobierno y la JSAF deberán explorar alternativas consistentes con el Plan Fiscal y el Plan de Ajuste de la Deuda, con el propósito de mejorar la compensación de los maestros del Departamento de Educación.
Finalmente, el Gobierno y la Junta trabajarán en conjunto para desarrollar un plan de retiro incentivado que genere ahorros netos en las respectivas entidades gubernamentales en que sea implementado. Para garantizar la responsabilidad fiscal, los puestos de los empleados que se acojan a esta ventana deberán ser eliminados y no podrán ser sustituidos en el futuro.
