Pedirán gobernadora entregue información sobre negociaciones con la JSF.
(SAN JUAN ) La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, celebró una conferencia de prensa hoy martes para desenmascarar la propuesta contributiva presentada por la administración de la gobernadora Jenniffer González. “Pretenden enmendar el Código de Rentas Internas y la realidad es que aunque el liderato del Partido Nuevo Progresista (PNP) se empeñe en llamarle una ‘reforma’, no hay tal cosa como eso”señaló el portavoz Luis Javier Hernández Ortiz.
“Una reforma se supone que le baje los impuestos a la gente. En el Proyecto del Senado 912 (y su versión Proyecto de la Cámara1014), no hay un solo impuesto que se elimine, al contrario, y por eso alertamos al País cosas que hoy no pagan un impuesto, lo pagarían de aprobarse según la propuesta de la primera ejecutiva”, aseguró la portavoz alterna, Marially González Huertas.
La delegación PPD informó que alertó a la Junta de Supervisión Fiscal ante el tema, porque cuando el gobierno central presentó la pieza pieza legislativa, señaló que para lograr la reducción de las tasas contributivas y cumplir con el requisito de la Junta de Supervisión Fiscal de que toda medida contributiva tenga un efecto fiscal neutral en el fisco, había que derogar (eliminar) exenciones al impuesto de ventas y uso que hoy tienen: los vehículos híbridos y eléctricos, así como los equipos solares eléctricos, utilizados para producir y/o almacenar energía eléctrica.
El senador Josian Santiago expuso que esas exenciones fueron precisamente contemplada en el Código de Rentas Internas para incentivar la autosuficiencia energética. Su eliminación penaliza una solución que tienen los ciudadanos ante los constantes aumentos en la factura de la luz y la crisis energética que vive Puerto Rico. “De acuerdo con las declaraciones públicas realizadas por La Fortaleza, estas iniciativas han sido discutidas con la Junta de Supervisión Fiscal.
“Ante ello, el pasado jueves 15 de febrero se 2026 cursamos una carta a la Junta de Supervisión Fiscal con el propósito de que dicho ente federal nos comparta: Cualquier nota, documento, flujograma, análisis o estudio que haya realizado la Junta de Supervisión Fiscal junto con el Gobierno de Puerto Rico para lograr las enmiendas propuestas por el ejecutivo propuestas en el Proyecto del Senado 912”, expuso Santiago Rivera.
El expresidente senatorial José Luis Dalmau Santiago argumentó que “del mismo modo, le pedimos que nos informaran su parecer ante la propuesta legislativa y la posibilidad de que dichos cambios, de aprobarse, puedan implementarse en el presente ciclo contributivo. Ya hay una respuesta a nuestra carta y este próximo jueves 22 de enero de 2026 tendremos una reunión a las 10 de la mañana con el director ejecutivo y su equipo de trabajo”.
La delegación acudirá con el propósito de conocer la posición del ente fiscal en cuanto a estos cambios propuestos, pero también a defender lo que se considera es una buena política pública, que es la exención de la que hoy gozan los equipos solares eléctricos, utilizados para producir y/o almacenar energía eléctrica. Su eliminación sería el llamado impuesto al sol que la delegación no favorece y que van a combatir.
Mientras, la senadora Álvarez Conde señaló que en la tarde de hoy martes, tendrán una petición de información dirigida a La Fortaleza, como parte del Orden de los Asuntos del Senado en la sesión. “Vamos a solicitar lo mismo que se ha requerido a la Junta de Supervisión Fiscal. Que nos provean los documentos, notas, informes que nos permitan a nosotros hacer un análisis sobre las propuestas enmiendas en el Proyecto del Senado 912”.
La petición surge luego que los portavoces de los distintos partidos tuvieran una reunión con la gobernadora y ella no ofreció ni una sola comunicación, garantía o seguridad de que esta pieza legislativa ha sido discutida y analizada por el ente fiscal. “¿Por qué esto es importante tenerlo? Porque a la gobernadora Jenniffer González ya nadie le cree en Puerto Rico. Un día dice una cosa, pero luego vemos que la realidad es otra. Nos quiere vender que esta reforma contributiva es buena para la gente y que cuenta con el aval del ente fiscal, sin embargo no tenemos garantía de esas conversaciones”.
El portavoz Hernández Ortiz detalló además sobre un requerimiento de información a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. “Los cambios propuestos tendrían un impacto fiscal de $00 a $700 millones aproximadamente. El número que hasta ahora más se ha repetido es de $550 millones. El gobierno ha dicho, por voz del director ejecutivo de OGP, Orlando Rivera Berríos, que cerca de $200 millones a $300 millones provendrían de reducciones en gastos en el gobierno, particularmente de contratos, compras y alquileres, aunque no se han precisado las agencias ni las partidas específicas”.
La Delegación señala que pueda haber recortes en áreas esenciales, y que el gobierno centrak, por tal de lograr la aprobación de esta “reforma” realice un recorte en áreas que es imposible recortar: salud, educación, seguridad, servicios sociales, entre otras. “Para conocer el detalle, hoy a través del Cuerpo Legislativo realizaremos un requerimiento de información al director ejecutivo de la OGP que ha sido el funcionario que ha hablado de este asunto en particular, para que nos pueda proveer esos datos. Queremos que nos sometan un informe o narrativo detallado por agencia a la qu ese le realizarán reduciones en sus gastos para lograr los ahorros de $200 a $300 millones”.
Finalmente, las delegaciones del PPD en la Cámara y el Senado, han ha presentado legislación precisamente sobre ese tema. “En el caso nuestro, se trata de la Resolución Conjunta del Senado 119. La medida precisamente busca ordenar a las agencias, departamentos, oficinas, dependencias, corporaciones públicas e instrumentalidades que identiquen en coordinación con la OGP, un ahorro ascedente a un 5% de su presupuesto para el año fiscal 2026-2027 de manera que puedan financiarse una “reforma” contributiva”, añadió el portavoz.
“Recordemos que el presupuesto con cargo al Fondo General ha ido en aumento desde la pasada década hasta el presente. El del 2016-2017 que ascendía a 8,897,000,000, hoy ha ascendido a $13,095,315,000 para el año fiscal 2025-2026. O sea, un aumento de 45% en menos de una década. A decir más, el presupuesto del 2025-2026 fue el más alto en la historia de Puerto Rico. Así que, pueden identificarse ahorros en las agencias, sin recortar servicios esenciales. Esa información es importante para ofrecerla al País”, finalizó Hernández Ortiz.
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