De Refrigeración y Aire Acondicionado
Los primeros operativos conjuntos del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico (CTRA) con agentes del Negociado de la Policía produjeron la primera acusación contra una persona que operaba un taller durante 20 años sin contar con la licencia requerida, ni cumplir con las normas para el manejo de refrigerantes.
Esta intervención es producto de un reciente acuerdo entre el CTRA, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para sacar de circulación y procesar a quienes estén ofreciendo esos servicios sin estar debidamente licenciados, colegiados y adiestrados, arriesgando así la seguridad de los ciudadanos.
Este individuo fue acusado de operar un taller de nombre Darroll Cool Air en la jurisdicción de Ponce “de forma ilegal y negligente” al ejercer como técnico de refrigeración y aire acondicionado sin tener una licencia debidamente expedida por la Junta Examinadora que regula esta profesión, como lo dispone la Ley 36 del 20 de mayo de 1970, en su Artículo 32.
Dicha Ley es la que crea la Junta Examinadora de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado, adscrita al Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En su Artículo 32, esta ley que “toda persona que ejerciere en Puerto Rico el oficio de técnico de refrigeración y aire acondicionado sin estar provista de una licencia debidamente expedida por la Junta Examinadora y sin ser miembro del Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aire Acondicionado de Puerto Rico y toda persona que se hiciera pasar o se anunciare como tal sin estar debidamente colegiada y licenciada por la Junta, incurrirá en delito menos grave y será sancionada con multa no menor de $500 ni mayor $1,000. En caso de subsiguientes convicciones será sancionada con multa no menor de $1,000 ni mayor de$5,000”.
Contra el individuo en cuestión se determinó causa probable para juicio y fue citado por el Tribunal Municipal de Ponce a una vista el próximo 7 de octubre.
En las visitas que están realizando en conjunto el CTRA, la Junta Examinadora y la Policía se detectaron fallas administrativas en otros talleres y negocios, pero se les otorgó 30 días a sus propietarios u operadores para corregir las mismas y evitar enfrentar la justicia en el tribunal.
“En algunos talleres, identificamos que no estaban cancelando sellos ni entregan certificación a los clientes por trabajo realizado (Ley 251 del 20 de agosto de 1998). Tampoco cumplían con el manejo de recuperación de refrigerantes porque no tenían las máquinas, ni los tanques; en otros casos, los equipos estaban deteriorados y los tanques con fecha vencida, tampoco llevaban una bitácora (Ley 416 del 22 de septiembre de 2004), explicó Santana Castro.
El presidente del CTRA señaló que esta colaboración atiende una problemática que enfrentaba la entidad ya que ahora, no solo puede identificar las violaciones a la ley, sino que se pueden tomar las acciones legales y judiciales que correspondan con mayor prontitud.
“En el CTRA siempre se han estado realizando operativos, pero era cuesta arriba lograr la atención de la policía y de los fiscales”, admitió. Sin embargo, luego de sostener una reunión el pasado 3 de septiembre con el Coronel Manuel de Jesús, Comisionado Auxiliar de Investigaciones Criminales y el Coronel Juan Cáceres, Comisionado Auxiliar de Operaciones de Campo, se libraron muchos escollos.
“Ahora, todos estamos claros. El mensaje es que, además de violar la ley por operar sin licencia, los ciudadanos les están abriendo las puertas de su hogar para la instalación o reparación de neveras y aires acondicionados a alguien que no puede certificar los trabajos realizados y que podría poner en peligro su seguridad. Esto es un punto vital”, destacó.
En otro adelanto, el pasado 5 de septiembre “sometimos por escrito a la fiscal general Jessika Correa González un listado de casos pendientes del año 2022 y 2023, para los cuales había sido un tanto difícil lograr la atención en fiscalía. Para satisfacción de nuestra Junta de Directores del CTRA, recibimos una carta del Departamento de Justicia solicitando información adicional para encaminar esos casos. Estamos trabajando en equipo”, resumió Santana Castro.
Santana Castro aclaró que las personas pueden ser buenas en su trabajo, pero si no tienen la licencia e incumplen con la Ley, están poniendo en riesgo a sus clientes y lamentablemente le están quitando trabajo a los técnicos licenciados por el Departamento de Estado que son responsables, que mantienen su educación continuada al día, y que cumplen cabalmente con la Ley.
“No estamos encaprichados contra ningún negocio o tienda en particular. Estamos visitando establecimientos y proyectos en toda la Isla. Ya estuvimos en San Juan, Ponce y Caguas y seguiremos visitando diferentes áreas del país, para sacar a las personas sin licencia de la calle.
Recalcó que el manejo de estos sistemas por personas no licenciadas pone en serio riesgo a la ciudadanía porque estos son equipos altamente inflamables y reiteró el llamado del Colegio para que los ciudadanos, los comercios y empresas se aseguren de que sólo un técnico licenciado y colegiado realice este tipo de trabajos en sus hogares y establecimientos.
“Estos son los únicos que garantizan la calidad del servicio e instalación, y que tienen el conocimiento actualizado en el manejo de los nuevos refrigerantes, que son altamente explosivos. El consumidor debe pedir la licencia, y si no la tienen no deben contratarlos”, insistió.
