“Un confinado encarcelado erróneamente es suficiente”, dijo el senador Héctor Martínez autor de dicha medida
El Capitolio- El fundador del Proyecto Inocencia y Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Dr. Julio Fontanet Maldonado compareció hoy ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado para esbozar su punto de vista sobre el Proyecto del Senado 1461 de la autoría del senador Héctor Martínez Maldonado para crear la “Junta de Revisión de Convicciones Erróneas del Gobierno de Puerto Rico”, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación a los fines de facultar a dicho ente a evaluar reclamaciones de casos ya adjudicados donde se plantee la inocencia del acusado mediante evidencia nueva.
Fontanet Maldonado, quien antes de comenzar su ponencia dejó claramente establecido que apoya “enérgicamente” la medida en cuestión y felicitó al senador Héctor Martínez por radicar la misma, entiende que la creación de esta Junta de Revisión de Condenas Erróneas viene a atender una situación que ha señalado en el pasado el Proyecto Inocencia de Puerto Rico, iniciativa que dirige y de la cual es su fundador.
“En Puerto Rico, nuestro Proyecto Inocencia puede certificar tres condenas erróneas y estamos en proceso, muy cerca, de una condena errónea adicional. Precisamente, todo lo anterior refleja de manera inequívoca que existe un problema de condenas erróneas en los Estados Unidos y, por ende, en Puerto Rico. Así pues, es necesario tomar medidas que permitan atender de manera eficiente estos casos”, dijo Fontanet.
De hecho, en la Exposición de Motivos de la pieza legislativa, se indica que según el “National Registry Of Exonerations”, para el año 2018, ascendía a 1,639 años la cantidad de tiempo perdido en prisión por acusados que luego fueron exonerados por no haber cometido delito del que se les acusó y sentenció. Además, según consta en dicho informe, para el año 2018 hubo un record de 151 personas convictas exoneradas por convicciones erróneas.
También se establece en el P. del S. 1461, que hoy día en la mayoría de los estados existe lo que se conoce como “Conviction Integrity Unit”, el cual se encarga de evaluar la reclamación realizada por algún convicto sobre convicciones erróneas y determinar si lo alegado es cierto. Entre sus capacidades puede ordenar pruebas de ADN y someter el caso para nuevo juicio.
Otro dato que ofrece el proyecto en evaluación, es que existen alrededor de 44 unidades de revisión de convicciones alrededor de todo los Estados Unidos. Según estadísticas del Proyecto Inocencia de Puerto Rico, de 2.4% a 5% de las personas confinadas son inocentes; es decir que en la isla actualmente existen de 300 a 600 confinados inocentes. Otro dato, es que en el 75% de las convicciones erróneas que han sido revocadas mediante el análisis de pruebas de ADN, se ha debido a la identificación errónea del sospechoso.
A preguntas del presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Henry Neumann sobre cuál sería la diferencia en estos casos con la creación de esta Junta, el Decano contestó que más confinados inocentes serian atendidos.
“Este proyecto mejoraría dos aspectos. Primero, nosotros no damos abasto para investigar los casos, mientras más casos tenemos menos eficiente podremos ser. Los casos que no podamos atender podremos referirlo a la Junta. Así que más inocentes serán atendidos”, contestó Fontanet.
“La mayoría de las condenas son correctas. Entre un 5% y un 6 % son erróneas. Un inocente preso es demasiado. Hay casos donde es obvio la inocencia, donde la inocencia es palpable. La creación de este comité le quita ese tono adversarial a esto. Va a propiciar que esa identificación de los casos meritorios se aligere”, insistió el también abogado.
Mientras, el proponente de la medida, senador Héctor Martínez preguntó sobre el costo que tendría para un convicto litigar estos casos buscando ser exonerado por ser inocente. El doctor Fontanet señaló que estimaba que lo menos que cobraría un abogado por litigar este tipo de casos seria $50 mil dólares, dejando claro que su Proyecto Inocencia no cobra un solo centavo por defenderlos.
¿Cuál sería el costo de cualquier ciudadano con un abogado privado?”, preguntó Martínez.
“Sobre 50 mil dólares. Por el trabajo que tienen que invertir investigando estos casos. Un abogado que no lo quisiera ser pro bono estuviera cobrando lo menos 50 mil dólares”, señaló Fontanet.
“El propósito de esta legislación es brindar una herramienta de justicia adicional a nuestro componente legal, procurando por la revisión de convicciones erróneas impuestas por un Tribunal. No debe haber personas inocentes en nuestras cárceles. Un solo confinado convicto por un crimen que no cometió es suficiente, para buscar alternativas y herramientas que mejoren el sistema”, advirtió el también presidente de la Comisión de Nombramientos.
La Junta estará compuesta por cinco (5) miembros nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado. Estos deberán ser: un ex fiscal, un ex juez que haya atendido una sala criminal, un miembro de la Junta de Libertad bajo Palabra, un miembro del Proyecto Inocencia que deberá ser abogado, un Profesor de Derecho en el área criminal de cualesquiera de las Universidades de Derecho de Puerto Rico. Estas serán mayores de edad, residentes de Puerto Rico, de probidad moral y con reconocido conocimiento e interés en los procesos penales.
Mientras el Departamento de Justicia se opone al Proyecto, aunque también hacen sugerencia de enmiendas al mismo, pero asegura que la Junta propuesta en el Proyecto se aleja de las Juntas establecidas en muchas jurisdicciones de los Estados Unidos que están adscritas a las Fiscalías contrario a la propuesta.
Ante este argumento el senador Martínez Maldonado cuestionó dicho planteamiento. “El sistema de justicia se compone de varias áreas y todos tienen un norte de buscar la verdad y hacer justicia. El empezar a buscar los peros, de que está en Corrección y no en Justicia no me hace sentido. ¿Cuál es la diferencia de que esto esté adscrito a Corrección y no a Justicia y de si hay un fiscal o un ex fiscal”?
Acto seguido Martínez, les preguntó a los representantes del Departamento de Justicia, si reconocían, que en el Sistema hay personas que están cumpliendo condenas erróneas. La contestación del licenciado Daniel Vélez, Secretario Auxiliar es que lo que reconocen es que se hizo el proceso adecuadamente.
Por su parte, el senador Neumann Zayas le cuestionó del porqué la negativa de Justicia de oponerse a los reclamos de inocencia.
Otros de los deponentes lo fue el Departamento de Corrección que también solicitan enmiendas a la medida y la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico. .
Otro de los proyectos que se vieron en esta vista pública lo fue la Resolución Conjunta del Senado 462 también de la autoría del senador Héctor Martínez Maldonado para ordenar al Secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Lcdo. Eduardo J. Rivera Juanatey, establecer un programa piloto de visitas virtuales en el sistema correccional de Puerto Rico.
En cuanto esta medida Corrección aseguró que ya está en implementación dicho plan piloto. El mismo está operando en la Institución Correccional Bayamón 501, Centro de Ingresos Bayamón 705 y el Complejo Correccional para Mujeres en Bayamón, a través del contrato vigente con Global Tel Link.
