San Juan – El gobernador Ricardo Rosselló firmó la Orden Ejecutiva 2019-031 para crear un Registro cabildero en el que los grupos de presión deben registrarse y revelar cualquier actividad de presión antes de que una agencia gubernamental Puerto Rico.
Del mismo modo, el decreto ordena la creación de un Código de transparencia para todos los miembros del gabinete ejecutivo Branch.
“En el pasado, la práctica de algunas personas dedicadas a la presión ha abierto la puerta para actos ilegales. Es por ello que es necesario establecer medidas adicionales y novedosas que regulan la presión ante las entidades gubernamentales y establecer un marco que promueva la transparencia de este profesional la práctica”, lee la orden ejecutiva.
La orden ejecutiva también expresa la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas actuales para aumentar la transparencia en el servicio público, de manera que los ciudadanos tengan acceso a la información que les permita monitorear las acciones del gobierno.
La plataforma de registro cabildero estará bajo la custodia del Departamento de Justicia y toda su información será pública.
Cualquier persona que es un grupo de presión y lleva a cabo cualquier actividad de presión antes de una agencia gubernamental debe inscribirse en el Registro de grupos de presión y proporcionar una declaración jurada con los clientes que representa ante el Gobierno de Puerto Rico; el grupo de presión también debe revelar las empresas en las que tienen papeles, ya sea a través de acciones o contratos de servicios profesionales.
Además, la declaración jurada debe incluir una certificación de que las individuales, accionistas, socios o miembros de una entidad que proporciona servicios de lobby, no ha advertido, intervenido o ha trabajado con la materia que están presionando a favor o en contra de que un empleado del gobierno o contratista dentro los últimos 2 años.
Este requisito de cumplimiento se aplicará a todos los accionistas, socios o miembros de una entidad de empresa o profesional – incluyendo pero no limitado a bufetes de abogados, autorizó las empresas públicas de contabilidad, agencias de publicidad, así como la comunicación y las agencias de permisos – interesados en grupos de presión o de prestación de servicios de lobby , como se define en la orden ejecutiva, ante las entidades gubernamentales.
Por otra parte, el Código de Transparencia se prohíbe a todos los miembros ejecutivos del gabinete rama de participar en cualquier tipo de reunión – ya sea en persona, por teléfono o por videoconferencia – con cualquier persona que practica el lobby de acuerdo con esta orden ejecutiva y que no está debidamente registrada en el Registro de grupo de presión.
Independientemente de lo anterior, la medida también especifica la prohibición a los miembros ejecutivos del gabinete rama de participar en cualquier reunión – ya sea en persona, por teléfono o por videoconferencia – con cualquier persona que practica el lobby y que está relacionado por sangre o afinidad – hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad – al miembro del gabinete.
A los efectos de esta orden, un grupo de presión se define como cualquier individuo que actúa como un agente de otra persona y que recibe ningún tipo de compensación para la realización de actividades de presión.
Las actividades de lobby se entenderá que las comunicaciones verbales o escritas, por cualquier medio, dirigida a un oficial de la Rama Ejecutiva y llevado a cabo en nombre de otra persona en relación con la elaboración, adopción, modificación o derogación de cualquier regulación, orden administrativa, ejecutiva fin, las políticas públicas, así como cualquier posición asumida por el Gobierno de Puerto Rico.
La administración o la ejecución de cualquier programa estatal o de orden público también se entenderán como actividades de presión.
Esto puede incluir la negociación, la concesión o la administración de cualquier contrato para ofrecer o recibir bienes o servicios, préstamos, obtención de permisos o licencias, así como que intervienen en los procesos de licitación y la adjudicación de las subastas formales o informales.
Por último, las actividades de presión incluirán la preparación y formulación de la legislación; así como cualquier otro asunto gubernamental que influye o afecta a la formulación, aplicación y ejecución de políticas públicas.
