Puerto Rico logra entrar junto a 47 estados en el acuerdo por $573 millones con McKinsey & Company por su papel en “impulsar” la epidemia de opioides con Purdue Pharma
A Puerto Rico le corresponde sobre 4 millones de dólares
(San Juan, Puerto Rico) – El Secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández se ha unido a una coalición de Secretarios de Justicia de otros 47 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios de Estados Unidos en un acuerdo por $573 millones. Este acuerdo dispone de investigaciones contra la firma consultora McKinsey & Company, en relación con su trabajo de promover drogas y medicamentos para beneficiarse de epidemia de opioides.
Como parte del acuerdo, Puerto Rico recibirá $4,338,607.00, luego del pago de los costos, los cuales se usarán para aliviar los problemas causados por el abuso de los opioides. Este es el primer acuerdo que resulta en un pago sustancial a los estados para abordar la epidemia.
La demanda que se presentó, detalla cómo McKinsey aconsejó a Purdue para maximizar las ganancias de sus productos opioides, incluyendo dirigirse a los prescriptores de opioides de alto volumen, usar mensajes específicos para que los médicos prescribieran OxyContin a más pacientes y eludir las restricciones de farmacia para entregar recetas de dosis altas.
La epidemia de opioides ha provocado daños considerables a personas y comunidades en Puerto Rico. Como consecuencia de esto, han muerto ciudadanos puertorriqueños. A nivel económico, han creado costos considerables para Puerto Rico en forma de atención médica, bienestar infantil, justicia penal y muchos otros programas necesarios para disminuir la epidemia.
El Departamento de Justicia de Puerto Rico, a través de su Oficina de Asuntos Monopolísticos, continúa investigando y litigando contra otras compañías que también son responsables por la epidemia de opioides que ha provocado la pérdida de vidas. El Secretario Emanuelli fue enfático al indicar que no escatimará en sus esfuerzos para llevar ante la justicia a todos los responsables.
La investigación de los estados fue dirigida por un comité ejecutivo compuesto por California, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Nueva York, Carolina del Norte, Oklahoma, Oregón, Tennessee y Vermont. Al comité ejecutivo se unieron Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Dakota del Norte, Ohio, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia, Wisconsin, Wyoming, el Distrito de Columbia y los territorios de Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.
