Reglamento de Técnicos y Mecánicos Automotrices

Andy-Dirigente

Consideran nuevo Reglamento de Técnicos y Mecánicos Automotrices como innecesario, ilegal y detrimental para la profesión

El presidente del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico (CTMAPR), Julio Bonilla, hizo un llamado en rechazo a la aprobación del proyecto de Reglamento presentado por la Junta Examinadora de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico (JETMA) por considerarlo innecesario, ilegal, y detrimental para la profesión.

“El Reglamento que pretende implementar la Junta constituye un obstáculo para el desarrollo de los técnicos y mecánicos y de colisión. No sabemos para el beneficio de quien es este Reglamento, pero sí sabemos que no es para el beneficio del país, ni tampoco lo es para el beneficio de esta industria”, sostuvo el presidente del CTMAPR.

Asimismo, Bonilla advirtió que “la mayor parte de los cambios propuestos en el referido proyecto de Reglamento, son innecesarios, caprichosos y no responden a ningún problema que se esté enfrentando, ni que se pueda vislumbrar en un futuro. Desconocemos a quien benefician, pero ciertamente no es a la ciudadanía ni a los miembros de los técnicos y mecánicos y de colisión”.

Según el presidente del CTMAPR, “la Junta sin mucho ruido, incluyó una cláusula que tendría el efecto de dejar sin sustento a miles de mecánicos, provocar el cierre de talleres, cerrar la inmensa mayoría de de los talleres de colisión del país y crear un descalabro en la industria, al cambiar la definición de la Ley 40 y la Ley 220, sobre lo que significa un mecánico, quitándole todo control, responsabilidad y autoría sobre su trabajo. Lo que pretende la Junta es limitar al mecánico a que puede trabajar solo en su respectiva área de especialidad, y lo despoja de su autoría y responsabilidad sobre su trabajo”.

Por otro lado, Bonilla dijo que “la Junta Examinadora, obvia importantes requerimientos procesales y regulatorios, en su empeño por implantar un Reglamento que no responde a los mejores intereses nuestra industria”. Además, denunció que la Junta comenzó a difundir dicho proyecto de Reglamento entre diversos sectores sin cumplir con el requisito de notificarlo al Colegio “en una clara afrenta a los procesos regulatorios, democráticos y de “juego limpio”.

Asimismo, explicó que los cambios propuestos en dicho Reglamento, complican innecesariamente y hacen más onerosa esta industria, y al mismo tiempo desalientan a los técnicos y mecánicos y de colisión a cumplir con los requisitos de su profesión. “Esto, no solo promueve el incumplimiento legal, sino que en una economía como la nuestra en los momentos que estamos viviendo, donde lo que necesitamos es que se desarrolle más actividad comercial y que se queden nuestros jóvenes contribuyendo al país, no podemos hacerle más difícil el incorporarse, contribuir y ganarse la vida legalmente en la industria automotriz”.

El nuevo Reglamento establece ciertos requisitos que resultarán en gastos adicionales para los aspirantes a esta industria como por ejempo: una declaración jurada para que el aspirante certifique que conoce las leyes que aplican a su profesión; una certificación médica sobre la capacidad física y mental del aspirante; y la entrega de determinadas fotos que son más costosas y que se ofrecen limitadamente solo en ciertos establecimientos.

Por otro lado, Bonilla destacó otros aspectos del proyecto de Reglamento que consideró como “cambios ultra vires”. “Pretender soslayadamente de perpetuar a los miembros de la Junta, que la Junta pretenda ser juez y parte en procesos contra técnicos, mecánicos y de colisión y de proveedores, el imponer requisitos a la autoridad nominadora para poder destituir a un miembro de Junta, y los cambios en los procesos para proveer educación continua, son algunos de los aspectos que el Colegio rechaza”.

“Nuestro Colegio tiene un fuerte compromiso con el país y con nuestros colegiados, y sabemos que la Junta tiene una gran responsabilidad social y reglamentaria. Por esto, solicitamos que no se apruebe este Reglamento y que se comience un proceso transparente, inclusivo, y de consenso, que culmine en un producto digno de los profesionales de esta industria, que propenda a la seguridad de la ciudadanía y que, siendo participativo y no impositivo, tenga el mayor cumplimiento de todos a los que atañe”, concluyó Bonilla.