El proceso de aprobación del nuevo presupuesto del país se ha convertido en otra pantomima legislativa.
El burdo escenario de que iban a celebrar vista públicas sobre un presupuesto impuesto por la Junta de Control Fiscal (JCF) demuestra, una vez más, que es puro aguaje cuando dicen que “quien determina la política pública es la Legislatura”. Desde el calendario, el proyecto y las partidas presupuestarias, han sido determinadas por la Junta.
Ahora han decidido esperar por el “gobierno central” para continuar con la pantomima y aparentar que están legislando.
Tampoco olvidemos que este jueves la Gobernadora tendrá un “mitin político” en el Centro de Bellas Artes utilizando, como excusa, un supuesto mensaje de presupuesto y de situación del país a días para que la JCF imponga su presupuesto.
Nadie se puede llamar a engaño. Además de ser una irresponsabilidad, es escandaloso convertir las vista públicas en un acto teatral en un intento de hacerle creer al país que se está legislando cuando en realidad es la JCF la que dicta y toma las decisiones.
Por otro lado, el ejercicio de redactar un presupuesto debería ser el resultado de un proceso consensuado en el que participen los distintos sectores de nuestra sociedad. Cada agencia o departamento gubernamental debería comenzar con un calendario de consulta meses antes del inicio del año fiscal, mediante la coordinación de reuniones/contactos con los sectores sociales a los que sirve y representa.
Esta visión contrasta dramáticamente con lo que ha ocurrido en Puerto Rico bajo los gobiernos que han estado en el poder, agravado aún más, con la presencia de la JCF y sus insensibles políticas de austeridad que atentan contra el pueblo.
De igual forma, el presupuesto tiene que considerar la realidad económica y social del país, unida a las diversas emergencias que hemos experimentado (huracanes, terremotos, Covid19), y que no pueden quedar excluidas del análisis presupuestario. Lo contrario sería un ejercicio fútil y desatinado, en detrimento de los servicios esenciales que el país necesita y que la JCF nunca ha considerado pues su función no es otra que velar por los intereses extranjeros y no de los puertorriqueños.
