En la Administración Pública de Puerto Rico
(San Juan, Puerto Rico)–La representante Tatiana Pérez Ramírez presentó hoy el proyecto de “Ley P. de la C. 364 para la Integración e Implementación de la Tecnología Blockchain en la Administración Pública de Puerto Rico”, un innovador proyecto legislativo cuyo objetivo es establecer proyectos piloto para la implementación de la tecnología blockchain en varias instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico. En un esfuerzo por mejorar la transparencia, eficiencia y seguridad en la gestión de la información y los servicios públicos, esta ley propone la creación de un marco normativo que permitirá la adopción progresiva de esta tecnología en áreas clave, como las contrataciones públicas, la recaudación y auditoría de impuestos municipales, y la gestión de registros demográficos y de propiedad. “En la era digital, es imperativo que nuestra administración pública se modernice y se adapte a las necesidades de los ciudadanos. La tecnología blockchain ofrece una solución segura y eficiente que puede transformar la forma en que gestionamos la información gubernamental”, expresó la representante Pérez Ramírez durante la presentación de la medida.
La ley también establece la creación de un Comité Asesor de la Asamblea Legislativa, encargado de estudiar y presentar un plan específico para la implementación de los proyectos piloto. Este comité estará compuesto por expertos en tecnología y representantes de diferentes agencias gubernamentales, garantizando así un enfoque integral y colaborativo. Pérez Ramírez enfatizó que “la implementación de blockchain no solo busca modernizar nuestros procesos gubernamentales, sino también fomentar un ecosistema propicio para la inversión y el desarrollo de empresas tecnológicas en Puerto Rico”.
La propuesta legislativa se presenta como una respuesta a los retos actuales que enfrenta la administración pública en términos de burocracia, falta de transparencia y vulnerabilidad de datos. Con la integración de esta tecnología, se espera ofrecer a los ciudadanos un mayor nivel de confianza en sus instituciones gubernamentales. El próximo paso en el proceso legislativo será la discusión y evaluación del proyecto por parte de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.
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