Representantes buscan enmendar la Ley Num. 54 conocida como “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”
(San Juan, PR) Ante la indignación que vive el país por las recientes muertes violentas de mujeres que ya suman 21 al cierre del mes de abril, un grupo de Representantes de todos los partidos políticos, solicitaron que se enmiende el Artículo 3.10 de la Ley Num. 54 de 15 de agosto de 1989, para que siempre haya un representante del Ministerio Público durante la vista de determinación de causa para arresto del agresor.
Los representantes Cruz Burgos, Ortiz González, Ferrer Santiago, Márquez Lebrón, Meléndez Ortiz, Torres Zamora y Nogales Molinelli, argumentaron que, “la presencia del Ministerio Público es medular para la presentación de evidencia, el apoyo a la víctima al prestar testimonio y la búsqueda de que cada caso se atienda con la urgencia y el escrutinio debido”, señalaron.
Las estadísticas del Observatorio de Equidad de Género informan que en Puerto Rico han ocurrido 21 muertes violentas de mujeres por razones de género al cierre del mes de abril de 2021. El Observatorio define como feminicidio la muerte violenta de mujeres por razón de género, ocurrido entre familiares, en el hogar, en la comunidad o en cualquier otra relación interpersonal, así como los perpetrados o tolerados por el Estado y sus agencias. Así mismo, la Orden Ejecutiva 2021-13 el Gobierno de Puerto Rico declaró un estado de emergencia por violencia de género que busca entre otros fines, establecer, impulsar y ejecutar programas de protección, prevención y orientación contra la violencia de género y establecer programas de atención a las víctimas.
Además, uno de los propósitos medulares es explorar maneras de mejorar la atención a víctimas vulnerables a través de las divisiones especializadas del Departamento de Justicia e identificar maneras en que se puede atajar la violencia de género y evitar que haya nuevas víctimas. “Ante este panorama, esta Asamblea Legislativa se reafirma y reitera la urgencia de corregir cualquier brecha que pueda existir que tenga el efecto de afectar o entorpecer la lucha de las agencias de seguridad, así como todo el sistema judicial contra la violencia de género” concluyeron.
