El Capitolio– A tono con las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico en torno a los juicios por jurado, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció hoy que radicó el Proyecto del Senado 1590 para que los jurados tengan que rendir veredictos unánimes para encontrar culpables a los acusados.
Asimismo, establece que, para un veredicto de no culpabilidad, serán necesarios, como mínimo, nueve votos.
De igual forma, la pieza legislativa que fue presentada permitirá que cualquier persona que está cumpliendo pena de reclusión a consecuencia de un veredicto que no fue unánime, pueda presentar moción para que se celebre un nuevo juicio conforme a las determinaciones del máximo foro judicial estadounidense en el caso Ramos vs. Louisiana y la interpretación del Tribunal Supremo local de que dicho caso, a través del caso Pueblo vs. Torres Rivera, es de aplicación a la Isla.
En el mencionado caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que conforme a la sexta enmienda de la Constitución federal, se requiere un veredicto unánime para encontrar culpable a un ciudadano de un delito grave, y que la unanimidad, es parte integral del derecho fundamental a un juicio por jurado. También, decidió que el caso es de aplicación a todos aquellos que no sean finales y firmes.
Aunque aún no se ha resuelto la retroactividad de estas opiniones, y existe un caso ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos, este proyecto hace retroactivo el cambio a casos finales y firmes.
“¿A cuanta gente queremos tener condenados con un juicio que no se llevó conforme a la ley y al derecho? Yo no quiero tener a ninguno. La pregunta en un País donde la democracia debe regir es ¿queremos tener a alguien condenado en un proceso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico han dicho que no es conforme a la Constitución? Yo no quiero tener a nadie”, dijo Rivera Schatz quien informó que las estadísticas que tiene del número de casos de juicio por jurado con una condena es de un estimado de entre un cuatro a un cinco porciento, aunque solicitó los números oficiales.
Al ser cuestionado sobre la reacción que pudiesen tener las allegadas víctimas en torno a esta propuesta legislativa, el presidente del Senado opinó que “no hay un abogado que esté en el ministerio público o en la práctica privada como abogado de defensa que no sea solidario con las víctimas. Aquí no se está exonerando a nadie. Aquí sencillamente se está diciendo que los procedimientos tienen que ser conforme a una regla correcta “.
“Alguna gente dirá que estamos sacando criminales a la calle. Nosotros no estamos sacando criminales a la calle, lo que estamos diciendo es que tiene que haber una sola regla para todos los ciudadanos irrespectivamente de si son carismáticos o no son carismáticos y de si nos parecen buenas personas o no nos parecen buenas personas. Después de todo nuestra aspiración debe ser que ninguna persona esté cumpliendo” añadió el presidente senatorial cuya pieza legislativa fue elaborada con la recomendación directa de reconocidos abogados de defensa y constitucionalistas
A raíz de la decisión del Tribunal Supremo federal, el presidente convocó a un grupo de abogados experto en derecho criminal. En dicha reunión se llevó a cabo una discusión profunda sobre los efectos del caso y se recibieron recomendaciones para atender el tema.
El grupo de abogados estuvo compuesto por la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, el procurador general Isaías Sánchez, la jefa de Fiscales Arlene Gardón. También participó un grupo de abogados del sector privado y de la academia tales como: Félix Vélez Alejandro, director de la Sociedad para la Asistencia Legal, Julio Fontanet Maldonado, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, los profesores Carlos Ramos y Andrés Córdova, así como los abogados criminalistas Harry Padilla, Roberto Alonso, José Andreu Fuentes, Leonardo Aldridge, Pablo Colón, Edgar Vega Pabón, Rubén Falú, Gerardo Cruz y Antonio Sagardía.
¿Qué dicen los abogados? (presentes en la conferencia de prensa)
Harry Padilla:
“La doctrina constitucional permite que los estados, incluyendo a Puerto Rico, pueden conceder mayores beneficios que los que podría dar una disposición constitucional. Lo que estamos recomendando al Senado es que se apruebe legislación haciendo retroactivo a toda persona que este convicta por un jurado en una votación que no fue por unanimidad que sea retroactivo si está cumpliendo pena de cárcel o si está dentro de unas determinadas condiciones…Es beneficioso para la justicia de este País desde el punto de vista retroactivo”
“Desde el punto de vista de política pública no le debemos negar a nadie que esté cumpliendo una pena que ha sido encontrado culpable con una votación, por ejemplo, de 9-3, que se le prohíba tener el derecho de un nuevo juicio. Eso no va a crear mayores consecuencias para el País”
José Andreu Fuentes: “Es un proyecto de ley que le hace justicia a muchos puertorriqueños que fueron convictos anteriormente por una regla que resultó ser inconstitucional y contrario a los derechos fundamentales del ser humano. Aquí hay una serie de personas que están cumpliendo cárcel y una condena sin haber sido convictos por unanimidad…en violación a un derecho fundamental que todavía no había sido adoptado ni en Puerto Rico y en solo en el estado de Oregón”.
“Esta legislación está creando nuevos derechos a la ciudadanía. Son derechos fundamentales, constitucionales y civiles que en el día de hoy se le están reconociendo a todos los puertorriqueños. Eso es un avance bien importante para nuestra sociedad” .
Félix Vélez Alejandro: “Si se aprueba esta legislación, este paso de avance que está haciendo el Senado de Puerto Rico, a esos que se le cerraron las puertas tan cerca como en enero y febrero de este año, donde inclusive se planteó que se aguantara la decisión de sus casos porque se estaba considerando esto en Estados Unidos, no se logró convencer a los foros y nos resolvieron en contra a principios del 2020. Esta legislación le daría la oportunidad a los clientes que venían luchando y planteando la unanimidad desde los foros primarios de reivindicar ese derecho” .
Pablo Colón Santiago: “Hoy se da un paso de avance por el Senado de Puerto Rico y se acogen recomendaciones nuestras y se ha hecho lo que se tenía que hacer. Se ha hecho retroactivo este derecho a toda persona que esté cumpliendo sentencia”
“Yo pienso que el Tribunal Supremo de Estados Unidos va hacer retroactividad como lo estamos haciendo nosotros aquí hoy. No hay de otra forma”.
Leo Aldridge: “Esta medida suple un vacío. No hay que esperar a que Puerta de Tierra (lugar donde queda ubicado el Tribunal Supremo local) o Washington D.C . He sido crítico en ocasiones anteriores de que la Asamblea Legislativa como actor principalísimo en la vida pública del País tiene que tomar un rol proactivo y no esperar que decisiones de política pública la tomen terceros. Esta ocasión es un ejemplo perfecto de una medida legislativa de avanzada”.
“Este proyecto es fundamental no tan solo para avanzar los derechos de los individuos sino la justicia colectiva y como sociedad”.
Roberto Alonso: “Si el presidente del Senado no hace las diligencias y actúa como actuó de manera rápida…prácticamente se detendrían los tribunales. La decisión del Tribunal Supremo federal ha provocado un montón de inquietudes o una inquietud unánime en los abogados litigantes que tienen pendiente el inicio de un juicio porque había que enfrentar una Regla de Procedimiento Criminal que no estaba adaptada al impacto de esta decisión fundamental. Este paso que ha dado el presidente permite que no se detenga el proceso judicial” La medida pudiese ser evaluada en la Sesión de esta tarde.
