(El Capitolio) – El proyecto de ley que impondría una fianza fija en casos de delitos graves recibió este martes el rechazo de organizaciones como el Colegio de Abogados y la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) en medio de una discusión sobre la potencial violación de derechos constitucionales de implementarse una medida que podría incidir en la presunción de inocencia y el derecho a libertad provisional de imputados con escasos recursos.
En vista pública de la Comisión de lo Jurídico, presidida por el representante José “Che” Pérez Cordero, ambas entidades señalaron que el Proyecto de la Cámara 519limitaría la discreción del tribunal y establecería fianzas excesivas sin tener presente que “la inmensa mayoría” de los imputados de la comisión de un delito proceden de familias con necesidades económicas.
“La aprobación de la legislación en cuestión tendría el efecto de establecer fianzas excesivas para la mayoría de las personas contra las cuales se presentan cargos. Una fianza puede ser razonable para un individuo en particular, pero irrazonable y excesiva para otros”, afirmó el licenciado Donald Milán, presidente de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados.
El deponente aseguró que la medida es incompatible con el estado de derecho en Puerto Rico que garantiza un análisis “caso a caso” para determinar la fianza a imponerse de acuerdo con la gravedad del delito, la capacidad del acusado para prestarla, las probabilidades de convicción y la severidad de la pena que iguala el crimen cometido.
La pieza legislativa crearía una nueva “Ley de Fianza Segura” para establecer una fianza de $500,000 por cada cargo de asesinato en primer grado y $250,000 por cada cargo de asesinato en segundo grado, agresión sexual agravada o delitos sexuales cuando la víctima sea menor o incapaz.
A su vez, enmendaría las reglas de procedimiento criminal 6.1, 218 y 228, también dispone una fianza mandataria de $150,000 por cada cargo de utilización de menores para pornografía infantil, secuestro o robo agravado. De igual forma, impone una cuantía de $75,000 por cada cargo de robo, escalamiento agravado o violaciones graves a las Leyes de Sustancias Controladas, Armas y Violencia Doméstica.
Mientras, el director ejecutivo de la SAL, Félix Vélez Alejandro, catalogó como una “acción onerosa” la posibilidad de una fianza menor únicamente en “circunstancias excepcionales” que el imputado demuestre al tribunal que no representa un riesgo de fuga ni una amenaza de peligrosidad para la seguridad, siendo esta una responsabilidad del ministerio público.
“La medida propuesta, sin lugar a dudas, es un ataque directo a la presunción de inocencia que le cobija al imputado. ¿De qué manera el imputado sin representación legal en una vista de Regla 6, vista de causa para arresto, podrá cumplir con este quantum de prueba a los fines de que no se le imponga una fianza excesiva?”, cuestionó Vélez Alejandro.
El licenciado opinó que las reglas de procedimiento criminal ya brindan mecanismos que adelantan el interés del Estado de mantener el orden social, aunque criticó la aprobación de leyes en el pasado que, a su juicio, han limitado el derecho a la fianza y la presunción de inocencia.
En un turno sobre la medida, el representante Pérez Cordero indicó que tiene reservas con ciertas ambigüedades jurídicas en la propuesta legislativa y, a pesar de que reconoce la intención de combatir la criminalidad, dijo tener preocupaciones con los derechos constitucionales que se podrían afectar. Inquietudes similares fueron compartidas por legisladores de las diferentes delegaciones políticas que participaron de la vista pública.
“Yo puedo entender la intención y el mensaje que se quiere llevar allá afuera a los criminales, pero también tengo que pensar en esas personas que son inocentes; cómo nosotros vamos a velar por la garantía de la presunción de inocencia, que es tan importante y tan valiosa en nuestro ordenamiento jurídico”, manifestó Pérez Cordero, quien adelantó que la comisión cameral requerirá una evaluación más amplia para poder tomar una posición respecto al proyecto.
Agencias advierten implicaciones
Un panel compuesto por el Departamento de Justicia, la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) alertó que legislación resultaría en un “cambio radical” para el estado de derecho vigente y, potencialmente, generaría un problema de hacinamiento carcelario ante el aumento de sumariados en las instituciones penales.
“Sí puedo afirmar que constituye un cambio radical al estado de derecho vigente en Puerto Rico con relación al derecho a la fianza. Nunca antes se habían establecido mínimos para la imposición de fianza, así que es un cambio importante, y yo diría trascendental, en el ejercicio de un derecho en el procedimiento penal en Puerto Rico”, expresó el director administrativo de la OAT, Sigfrido Steidel Figueroa.
Steidel Figueroa defendió la discreción del tribunal como un aspecto “inviolable” del derecho penal, mientras declinó que la OAT sea el ente encargado de establecer las guías de fianza, como ordena la legislación, debido a una falta de jurisdicción de la agencia.
Aunque el DCR favoreció la aprobación del proyecto, el licenciado Pedro Vargas Echevarría, secretario de Asuntos Legales, sugirió que la fianza fija se imponga por ley en aquellos delitos donde existe la modalidad diferida con la intención de evitar que la fianza no prestada genere una eventual sobrepoblación carcelaria.
“Lo único que podemos prever del proyecto es que muy probablemente haya algún aumento en las personas privadas de su libertad o sumariadas, que son aquellas que no pueden apropiar la fianza. No prevemos que sea un aumento drástico de entrada, pero, ciertamente, prevemos que haya un aumento”, resaltó.
Vargas Echevarría detalló que, hasta la fecha, totalizan 1,252 las personas imputadas de delitos que reciben asistencia del Programa de Servicios con Antelación al Juicio (PSAJ), de las cuales 10 están prófugas.
Por su parte, la secretaria interina de Justicia, Lynnette Velázquez, se opuso a la eliminación de la fianza diferida por el PSAJ para los imputados de delitos graves al defender en un memorial explicativo que este contrato tiene como objetivo asegurar la comparecencia de la persona acusada ante el tribunal en todas las etapas del proceso judicial.
La licenciada destacó que eliminar este beneficio incidiría negativamente tanto en el negocio jurídico de prestación de fianza, como en derecho a la libertad de los imputados.
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