Da paso a legislación para veredictos por jurado unánime para que aplique de manera retroactiva
El Capitolio– A los fines de brindar mayor autonomía, integrar, organizar y actualizar las leyes que disponen sobre la organización, administración y funcionamiento de los municipios, el Senado aprobó hoy la creación del ‘Código Municipal de Puerto Rico’ que establece el ordenamiento jurídico del Siglo XXI e integra todas las leyes existentes vinculadas a la administración municipal.
El Proyecto del Senado 1333, que fue avalado públicamente por la Federación y Asociación de Alcaldes, tuvo el aval de todos los senadores. La medida pasa ante la consideración de la Cámara de Representantes. En la sesión estaba presente en representación de la Asociación de Alcaldes, el alcalde de Guayanilla, Nelson Torres Yordán.
El senador Juan Dalmau Ramírez anunció un voto explicativo en contra de la pieza legislativa.
A juicio del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el Código Municipal es una medida “de avanzada adaptada a las necesidades de los municipios en los tiempos modernos”.
“Hay gente que no logra comprender que sin una instrumentalidad pública como los municipios funcionando a plena capacidad, entendiéndose por plena capacidad el tener todas las facultades para hacer y servir), la gobernabilidad de se ve muy lastimada”, añadió Rivera Schatz.
“No tengo la más mínima duda de que lograr que los gobiernos municipales tengan una mayor capacidad y facultad en el sentido más amplio más es lo que va a permitir que el gobierno funcione de manera adecuada”, argumentó el presidente senatorial al rememorar el trabajo de los gobiernos municipales en los huracanes de 2017, los temblores que se sienten desde diciembre 2019 y en la pandemia del COVID 19.
De paso, Rivera Schatz recordó en su alocución el trabajo vital del exgobernador Rafael Hernández Colón a quien catalogó como un “visionario” de los municipios al crear y darle paso a lo que fue la Ley de Municipios Autónomos de 1991. Lo mismo sucedió con el exgobernador Luis A. Ferré bajo cuya administración se establecieron los últimos dos municipios: Florida y Loíza.
El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, Nelson Cruz Santiago, explicó que la medida estriba en la autonomía municipal y opinó que “si algo he aprendido en este trayecto es que el proceso legislativo debe ser dinámico. Este Senado tiene un presidente aliado que no termina hoy su visión ante los municipios”.
Mientras, el senador por el Distrito de San Juan, Miguel Romero Lugo, indicó que “hoy estamos avanzando”. “Vemos que hay municipios que tienen que atender el mantenimiento de carreteras estatales y que durante los meses de veranos son los que atienden las necesidades de las escuelas que son del gobierno central. Nunca en ningún caso se asignan los fondos necesarios para atender esas necesidades y salen del fisco municipal”, añadió.
“Hoy estamos en un proceso que ha sido transparente, participativo. Proceso que recoge y nace de las necesidades que tienen los municipios para poder llevar a cabo su labor”, concluyó el Senador por el Distrito de San Juan.
El portavoz de la delegación de Mayoría, Carmelo Ríos Santiago, señaló que “ya era hora de que tuviéramos un Código Municipal”. Sin embargo, opinó que el Código Municipal puede ser revisitado.
“Este Senado tiene tres logros: hemos aprobado una Reforma Electoral, un Código Civil y estamos aprobando un Código Municipal en el que le estamos dando a los alcaldes las herramientas para una administración sana”, añadió Ríos Santiago.
El portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia Gautier, declaró que este “es un ejercicio importante porque estamos poniendo en un solo Código, lo que debe ser la secuencia de lo que comenzó Rafael Hernández Colón en el 1989 cuando empezaron a trabajarse todas las enmiendas de la Ley de Municipios Autónomos…
Hoy es el momento de declarar en el Senado que comenzamos un proceso de municipalización 2.0. El 1.0 fue el de Hernández Colón y el de ahora es 2.0 “.
El Código Municipal se compone de los siguientes ocho libros:·
“Gobierno Municipal” = Incluye las normas, reglas y leyes concernientes a los poderes y facultades del alcalde como representante del poder ejecutivo y la legislatura municipal. ·
“Administración Municipal” = Contiene las disposiciones concernientes a la planificación, organización y control de los recursos de los que dispone el municipio. ·
“Servicios Esenciales” = Agrupa las actividades de importancia trascendental y de utilidad pública que el gobierno municipal debe realizar y cuya interrupción afectaría “adversamente” el bienestar y estabilidad de sus residentes. ·
“Procesos Municipales y Gestión Comunitaria” = Se refiere a los procesos municipales vinculantes al desarrollo de las comunidades y participación ciudadana.·
Normas, Reglas y Leyes Concernientes a la capacidad del municipio para auspiciar, promover y mercadear el establecimiento de negocios e industrias, y fomentar el desarrollo turístico para procurar aumentar el empleo y la salud fiscal en general. ·
“Planificación y Ordenación Territorial” = Incluye las normas, reglas y leyes concernientes al uso sostenible de los terrenos municipales, donde se consideren y conecten los aspectos sociales, culturales y económicos que componen la jurisdicción geográfica en específico. ·
“Hacienda Municipal” = Contiene las normas, reglas y leyes relacionadas a los ingresos y financiamiento para la operación de municipios. ·
“Definiciones Legales y Tabla de Contenido”.
El Código Municipal, es producto de las diversas ‘Cumbres Municipales’ y reuniones con alcaldes populares y novoprogresistas que realizó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, desde el comienzo de la presente administración.Para el análisis de esta pieza legislativa, en adición a los resultados obtenidos de las Cumbres Municipales y mesas de trabajo, la Comisión de Asuntos Municipales solicitó, además, memoriales explicativos a los alcaldes de los 78 municipios, al igual que a las instituciones que los agrupan como la Federación y la Asociación de Alcaldes. A su vez, se solicitó recomendaciones a las siguientes agencias del Gobierno Central: Departamento de Justicia,
Oficina del Contralor de Puerto Rico, Oficina de Gerencia y Presupuesto, CRIM, Junta de Planificación y a la Oficina de Gerencia de Permisos, adscrita al Departamento de Desarrollo Económico. Por su parte, la Puerto Rico Builders Association y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat presentaron sus comentarios por escrito.
Este proyecto senatorial estuvo publicado por varios meses en el portal cibernético del Senado y el borrador del informe fue enviado hace unos días a los alcaldes de ambos partidos para sus respectivas recomendaciones.
Jurado por unanimidad
Tal y como lo anunció esta mañana el Presidente del Senado flanqueado por reconocidos abogados criminalistas y constitucionalistas, el Senado aprobó por unanimidad el Proyecto del Senado 1590 para que los jurados tengan que rendir veredictos unánimes para encontrar culpables a los acusados. Esto es para atemperar las leyes locales a las recientes determinaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos y el de Puerto Rico.
Dicho proyecto legislativo, que enmienda las Reglas de Procedimiento Criminal, establece que, para un veredicto de no culpabilidad, serán necesarios, como mínimo, nueve votos.
En la pieza legislativa se indica que se permitirá que cualquier persona que está cumpliendo pena de reclusión a consecuencia de un veredicto que no fue unánime, pueda presentar moción para que se celebre un nuevo juicio conforme a las determinaciones del máximo foro judicial estadounidense en el caso Ramos vs. Louisiana y la interpretación del Tribunal Supremo local de que dicho caso, a través del caso Pueblo vs. Torres Rivera, es de aplicación a la Isla.
En el mencionado caso, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que conforme a la sexta enmienda de la Constitución federal, se requiere un veredicto unánime para encontrar culpable a un ciudadano de un delito grave, y que la unanimidad, es parte integral del derecho fundamental a un juicio por jurado.
También, decidió que el caso es de aplicación a todos aquellos que no sean finales y firmes. Aunque aún no se ha resuelto la retroactividad de estas opiniones, y existe un caso ante la consideración del Tribunal Supremo de Estados Unidos, este proyecto hace retroactivo el cambio a casos finales y firmes. Rivera Schatz, quien fue abogado de defensa y fiscal, opinó que el derecho “siempre tiene que estar en armonía con el el sentido común, no puede haber un distanciamiento”. De paso argumentó que “¿Cuándo comienza el juego limpio? Comienza al principio”.
A jucio del presidente del Senado la pieza legislativa recién aprobada “no está exonerando a nadie” y aseguró que “todos somos solidarios con las víctimas de delito”. “Si triste y lamentable es que una persona pierda la vida o un familiar pierda un ser querido por la criminalidad…igual de triste es que una persona sea condenada sin un juicio justo o acusado sin el balance de intereses”, opinó.
“Estamos estableciendo como cuerpo legislativo que no queremos a ningún ciudadano sin tener la oportunidad de tener un juicio justo…Debe haber una sola vara y justicia para todas las personas inclusive para las víctimas”, concluyó Rivera Schatz.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez opinó que las Reglas que se están adoptando “recogen el espíritu de lo que debe ser un derecho fundamental…La aplicabilidad de esta regla no se limita al futuro sino a todos aquellos que enfrentan una convicción y enfrentarán un nuevo juicio. Yo habré de votar a favor”.
“Así debió haber sido siempre…Cuando son tus pares quienes te enjuician que sean todos ellos más allá de duda razonable los que determinen que tú eres culpable”, argumentó el senador independentista
El senador Bhatia Gautier, quien también anunció que votaría a favor, dijo que “nadie debe estar en la cárcel sino es por un jurado unánime…Estamos haciendo lo correcto. Esta es una legislación importante y necesaria”.
Mientras, el senador Héctor Martínez Maldonado opinó que “la justicia debe aplicar a todos y máxime si no se pudo aprobar su caso más allá de toda duda razonable”.
El grupo de abogados que asesoró al presidente senatorial estuvo compuesto por la secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, el procurador general Isaías Sánchez, la jefa de Fiscales Arlene Gardón. También participó un grupo de abogados del sector privado y de la academia tales como: Félix Vélez Alejandro, director de la Sociedad para la Asistencia Legal, Julio Fontanet Maldonado, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, los profesores Carlos Ramos y Andrés Córdova, así como los abogados criminalistas Harry Padilla, Roberto Alonso, José Andreu Fuentes, Leonardo Aldridge, Pablo Colón, Edgar Vega Pabón, Rubén Falú, Gerardo Cruz y Antonio Sagardía.
Estas fueron algunas de las medidas aprobadas en la Sesión de hoy. El próximo día de Sesión Ordinaria será el próximo jueves, 21 de mayo de 2020; a las 11:00 a.m.
