(Y otras relacionadas a las peleas de gallo y safe kits)
El Capitolio- Bajo el estatuto de que “bajo ningún concepto se entenderá que lo establecido en esta ley, permite la privatización del Recinto de Ciencias Médicas (RCM)”, el Senado aprobó hoy el Proyecto del Senado 1430 que cambia la estructura jurídica de la administración, le da mayor flexibilidad operacional y funcional en la búsqueda de fondos.
Esa fue una de las enmiendas presentadas en la Sesión de esta noche a dicho proyecto radicado por Petición y se hizo con la intención de clarificar que no se está privatizando el RCM.
“No hay privatización de ninguno de los servicios. Se mantiene el tope y los acuerdos de colaboración…con las escuelas privadas y otras entidades se mantienen. El funcionamiento se mantiene tal y como está”, explicó el portavoz de la Mayoría, Carmelo Ríos Santiago.
Asimismo, esta legislación establece un claro marco legal para la responsabilidad profesional del personal o profesionales, únicamente aplicable al ejercicio de sus funciones de educación y entrenamiento dentro del Centro Médico Académico del Recinto y en sus departamentos o programas.
De igual forma, la pieza legislativa establece que “nada de lo dispuesto afecta o impide continuación o generación de alianzas, acuerdos colaborativos y rotaciones de residentes de escuelas de medicina privadas en el Centro Médico Académico del Recinto o algunos de sus programas”.
De igual forma, nada de lo dispuesto en el Proyecto impactará ni afectará la operación o funcionamiento de escuelas privadas de medicina, que seguirán contando con el marco legal de la Ley Núm. 136, supra para el funcionamiento de sus centros médicos académicos. Asimismo, ninguna de las disposiciones afecta las protecciones legales dispuestas en la Ley 136, supra para las instituciones privadas, cuya normativa permanece inalteradas y que continuará proveyendo un marco legal adecuado para el entrenamiento profesional de residentes en las escuelas privadas de medicina.
El RCM es la única institución de educación superior perteneciente gobierno que dirige un centro médico académico. No obstante, es también la única institución en su clase que enfrenta retos fiscales, administrativos y operacionales dentro del Plan Fiscal a ser certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
Regulan mediante Ley Safe Kits
Luego de realizar varias vistas públicas, y ante las denuncias presentadas sobre el atraso en el análisis de cientos de safe kits, el Senado dio paso al Proyecto del Senado 1350 que crea la “Ley para Regular el Inventario de Safe Kits”.
Mediante este proyecto se pretende buscar procedimientos “eficientes” para el análisis de los Safe Kits y la creación de un portal cibernético de seguimiento estatal que garantice que las víctimas puedan recibir información precisa que les permita tomar medidas para proteger sus derechos. Al mismo tiempo, puede prevenir la colocación incorrecta de los equipos, las democras en las pruebas o la destrucción de las mismas.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Henry Neumann Zayas, explicó que, con esta pieza legislativa, de convertirse en ley, se crea un protocolo “exacto” relacionado con la forma y manera que se trabajan estas pruebas “para que los agresores sexuales que hayan cometido este terrible delito sean llevados a la justicia”.
Pelean por la industria de gallos
El Senado urgió hoy unánimemente a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, realizar todas las gestiones pertinentes para que el Congreso legisle y provea un periodo de transición de cinco años en la aplicación a Puerto Rico de las disposiciones de la Ley Agrícola de 2018 (Farm Bill) que prohíbe las peleas de gallo en la Isla.
Los autores de la Resolución Conjunta del Senado 459, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz y el senador popular José Luis Dalmau Santiago, también solicitaron que desarrollen en conjunto con un plan de trabajo para dicho periodo de transición y que debe estar listo en un máximo de 180 días una vez la Cámara de Representantes local apruebe esta pieza legislativa.
Según los legisladores, este plan de trabajo, que debe ser entregado al Congreso, debe permitir el desarrollo de estudios económicos necesarios y que se definan los protocolos de transición, manejo y disposición de las aves, así como los programas de readiestramiento y reempleo de los participantes del deporte e industria de gallos en la Isla.
“El periodo de transición de un año que provee esta Ley (federal) no es suficiente para mitigar el impacto económico que representa para la economía de la Isla, ni tampoco el tiempo necesario a las agencias de orden público federal para que puedan implementar la misma. Por lo que se fomentaría la proliferación de las peleas de gallos clandestinas”, indicaron los senadores en la pieza legislativa.
De cumplirse el tiempo establecido por el gobierno federal de un año, y que se hace efectivo en las próximas semanas provocaría el cierre de 70 locales que pagan licencias, servicios básicos esenciales (agua, energía eléctrica, pago de patentes municipales, entre otras utilidades) y la asistencia para readiestramiento de empleo a 11,134 personas. Todo esto aparte de la pérdida de $65 millones en la economía local, que incluye impuestos, arbitrios, consumo de productos, turismo, alimentos de aves, entre otros).
El proceso de transición de cinco años permitirá que las personas empleadas en esta industria puedan tener un tiempo “razonable de transición” hacia otras industrias, y que la mejoría económica “que estamos experimentando” no se vea afectada por el “súbito golpe” que representa la prohibición de las peleas de gallo.
Minutos después de que se aprobara la medida, llegaron a las gradas del hemiciclo del Senado más de 20 galleros. Al percatarse de la presencia de los galleros, el presidente incidental del Cuerpo, el senador Nelson Cruz Santiago, le dijo a los galleros “no están solos en esta encomienda. El presidente ha dado instrucciones claras de respaldo total a todos ustedes”.
También se aprobó el Proyecto de la Cámara 2230 que establecer que las licencias de galleras serán por un término de dos años, prohíbe la importación y exportación de pollos y/o gallos con el propósito de participar en peleas organizadas de gallos y de cualquier otro equipo, material y/o espuelas para uso exclusivo en la celebración de peleas de gallos. De igual forma, ordena un estudio sobre las prohibiciones contenidas el “Animal Welfare Act” y establece mediante reglamento el alcance de dichas prohibiciones.
Estas medidas al igual que otras 24 medidas fueron aprobadas en votación electrónica.
La Sesión continúa.
