(Recibe informe final sobre hallazgos en cárcel Las Cucharas en Ponce)
El Capitolio– Tras más de un año de investigación, y luego de los sonados casos que involucran al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), incluyendo la muerte de varios reos, el Senado recibió hoy el informe final de la Resolución 333 que ordenó la investigación de las condiciones de los confinados en la cárcel Las Cucharas en Ponce. Dicho informe será referido a Corrección.
“Hoy por hoy cada uno de nuestros casi nueve mil confinados le cuesta a cada uno de los contribuyentes puertorriqueños, más de $40 mil anuales y lo menos que debemos hacer nosotros es garantizarles a esos contribuyentes que cuando estos hermanos confinados salgan a la libre comunidad realmente estén rehabilitados y se puedan reinsertar al mundo laboral y no representen una amenaza para sus comunidades ni para sus familiares”, dijo el senador Carlos Rodríguez Mateo, autor de la medida.
“Exhorto a esta Asamblea Legislativa a hacer lo que corresponde que es fiscalizar y poner el dedo en la llaga para garantizar que podamos tener realmente un sistema correccional que rehabilite y en el que veamos al confinado como un ente biopsicosocial donde no estemos aislando los problemas o los estemos fragmentando para minimizarlos”, añadió el también médico de profesión en un turno inicial en la sesión.
En un memorial explicativo la American Civil Liberties Union (ACLU) expuso que desde el 2007 han recibido más de un centenar de cartas y querellas generadas en el sistema correccional de Puerto Rico en las que se alegan violaciones de derechos civiles y humanos.
Según la ACLU una investigación que realizó arrojó que la mayoría de las quejas eran por falta de acceso a la salud, comida dañada o expirada, abuso y agresión por parte de oficiales correccionales particularmente durante los registros de las viviendas o celdas, agresiones de otros confinados frente a oficiales correccionales y discriminación a los miembros de la comunidad LGBTT y a las minorías religiosas, entre otros. En el caso de las mujeres, informó que se les niega acceso a productos de aseo femenino.
Denuncias similares también fueron expuestas por la Comisión de Derechos Civiles la cual también expresó que Corrección ha tomado pasos afirmativos en beneficio de la comunidad penal.
A pesar de que la agencia, en una vista pública celebrada el 31 de agosto de 2018, informó que en dicha facilidad correccional se han implementado programas e iniciativas enfocadas en la salud física y mental, así como en mejorar los servicios médicos, de biblioteca, alimentación entre otros y que los mismos son evaluados constantemente, la Comisión recomendó que el Departamento busque en su presupuesto fondos dirigidos al desarrollo de mejores programas de rehabilitación.
Asimismo, se informó que la agencia debe extender programas que “han sido de éxito” en otras instituciones a las Cucharas y que se hagan evaluaciones periódicas d los programas de rehabilitación por parte de la población correccional, familiares y hasta los funcionarios que allí laboran. De igual forma, evaluar la posibilidad del desarrollo de programas a través de acuerdos colaborativos con entidades que forman parte del tercer sector o privado y con el Departamento de Educación para “aumentar” su programa académico.
También, recomienda el presidente de la Comisión de Seguridad Pública que se señalen las faltas administrativas a funcionarios que en más de una ocasión han faltado en coordinar la transportación a citas de seguimiento o facilitar el tratamiento médico.
La pieza legislativa fue radicada el 25 de mayo de 2017.
Precisamente, el pasado 31 de julio falleció el guardia, Pedro Joel Rodríguez Mateo, fue allegadamente asesinado por el confinado Luis E. Sostre Piccininni quien murió semanas después en una cárcel en Guayama.
La cárcel Las Cucharas es la quinta institución carcelaria de mayor población correccional a nivel Isla. Según una ponencia de Corrección, a la fecha del 31 de agosto pasado, la matrícula era de 448 confinados; 338 sumariados y 110 sentenciados.
Hace unas semanas la gobernadora Wanda Vázquez Garced despidió al exsecretario de Corrección Erik Rolón tras salir a la luz pública que varios reos fallecieron y de que se cuestionaran varios procesos de subasta.
Actualmente, Eduardo Rivera Juanatey funge como secretario interino de Corrección luego de que el Senado lo confirmara en dicho cargo de acuerdo con lo establecido en el Código Político.
A comités de conferencia
El Senado concurrió con varias enmiendas sometidas por la Cámara de Representantes a medidas legislativas. Sin embargo, no sucedió lo mismo con el Proyecto del Senado 1097, que establece la “Carta de Derechos del Consumidor de Seguros” por lo que solicitó conformar un comité de conferencia que estará integrado al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz y los senadores Eric Correa Rivera, Evelyn Vázquez Nieves, Miguel Pereira Castillo y Juan Dalmau Ramírez.
De igual forma, pasó con el Proyecto del Senado 1305, que enmienda la Ley de Municipios Autónomos para autorizar a los municipios a adquirir servicios, equipo o suministros cuando la suma total de dicho concepto no sobrepase los $5 mil mensuales o $60 mil anuales por año fiscal. El comité de conferencia estará integrado por Rivera Schatz y los senadores Nelson Cruz Santiago, Rodríguez Mateo, Aníbal José Torres Torres y Dalmau Ramírez.
En la Sesión se aprobaron varias medidas y se recibieron informes adicionales.
El próximo día de sesión será el jueves, 10 de octubre; a las 11:00 a.m. Las actividades comenzarán con una sesión especial para celebrar los 45 años de la Sociedad Americana contra el Cáncer.