El Capitolio- La Comisión de Asuntos de la Mujer presidida por la senadora Itzamar Peña Ramírez, celebró hoy una vista pública sobre el Proyecto del Senado 1211, de Administración, para crear la “Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad grave”, a los fines de concederles quince (15) días sin sueldo anuales a estos Empleados, para contribuir a que puedan atender las situaciones de violencia identificadas; establecer los criterios de elegibilidad y proveerles un acomodo razonable o condiciones flexibles de trabajo.
Según la media, una de las preocupaciones que presentan las agencias e instituciones que ofrecen servicios para enfrentar este tipo de situación, es que, al atender a una víctima de violencia doméstica o de género, no siempre se puede coordinar el servicio más favorable para la persona. Esto es así, porque en muchos de los casos de violencia doméstica la víctima o sobreviviente no necesariamente quiere radicar cargos criminales o solicitar una orden de protección. Cuando la víctima teme por su vida y la única alternativa viable para protegerla es coordinar servicios de albergue, la persona se ve obligada a escoger entre su seguridad física y emocional o su empleo y seguridad económica.
La Procuradora de la Mujer, Lersy G. Boria, quien fue una de las convocadas para esta audiencia, describió esta medida como una que tiene unos efectos positivos “tanto para los empleados como para los patronos”, avalando así la misma.
“Para una víctima de violencia, su empleo representa muchas veces su único sustento y el único medio para salir de la relación de maltrato. Por otra parte, en muchas ocasiones los familiares de las víctimas de maltrató son sus únicos recursos de apoyo. Para atender una situación de violencia física y emocional. Siendo ello así, constituye un interés apremiante establecer una licencia especial sin paga para que los empleados públicos y de la empresa privada puedan atender situaciones donde el empleado o un miembro de la familia este afectada por un acto de violencia doméstica o de género y extender dicha protección a situaciones de maltrato de menores, hostigamiento sexual en el empleo, agresión sexual, actos lascivos o de acecho en su modalidad grave”, insistió la Procuradora.
Asimismo, destacó que para el año 2018, la Línea de Orientación 24/7 de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), atendió 3,296 llamadas para orientaciones a víctimas de violencia doméstica. Para ese mismo año, la OPM atendió 966 situaciones de violencia doméstica, 73 situaciones de acecho y 29 situaciones de agresión sexual. “Estas cifras demuestran solamente las situaciones atendidas por la OPM, dichas cifras no toman en consideración las situaciones atendidas por otras organizaciones en Puerto Rico”, señaló Boria.
“Queremos destacar que esta es una medida de administración y considero que es una iniciativa de avanzada y de justicia, pero tenemos que tener claro cómo se va a establecer la legislación para que no haya mal interpretaciones”, dijo por su parte la senadora Peña Ramírez.
Según la Procuradora de la Mujer, de aprobarse esta pieza legislativa, Puerto Rico se convertiría en la decimoséptima jurisdicción a través de los Estados Unidos que legisla una licencia especial para situaciones de violencia doméstica o de género, uniéndose a estados como: California, Carolina del Norte, Colorado, Connecticut, Florida, Hawaii, Illinois, Kansas, Maine, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon y Washington.
Mientras la senadora Itzamar Peña resaltó cual es una de las mayores virtudes del Proyecto del Senado 1211. “Queremos darle las herramientas a esas víctimas para que puedan atender su situación sin perder su empleo y sin que el patrono tome represalias contra estas víctimas. Todo lo contrario, lo que queremos es que esas víctimas no pierdan sus empleos y que puedan hacer sus denuncias y tomar las acciones necesarias sin que tengan miedo de que perderán su empleo y su sustento”, fue enfática la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer.
“No estamos hablando de una pérdida de empleo sino de una garantía de empleo”, enfatizó Peña Ramírez.
“Vamos a asegurarnos que la legislación sea claramente establecida y no quede a la interpretación de un juez o jueza para que haya más garantías para aquellas personas que queremos ayudar”, recalcó la legisladora.
De hecho, la medida establece que todo patrono que no cumpla con las disposiciones de esta ley estará sujeto a una multa administrativa de hasta $10,000. En adición el Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos o la Procuradora de las Mujeres, según proceda, tendrá la facultad de investigar, recibir y presentar querellas e imponer las penalidades dispuestas.
Por su parte, el Departamento de Justicia no tiene objeción legal ni de otra índole en torno al Proyecto del Senado 1211 y favorece su aprobación. “Estamos convencidos de que esta pieza legislativa representa una herramienta adicional para las víctimas que les permitirá recurrir a un albergue, solicitar órdenes de protección o radicar cargos criminales sin miedo a perder sus empleos o ser afectadas adversamente por sus patronos”, lee la ponencia de Justicia.
En cuanto al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos endosa la medida y la cataloga como una efectiva. “Luego de haber examinado la medida propuesta, estamos convencidos de que esta adelanta tales fines al proveer una nueva protección a la clase trabajadora, pero sin implicar una carga onerosa sobre las relaciones laborales”, detalla Carlos Saavedra, Secretario de dicha agencia.
te proyecto es sumamente importante y lo estamos trabajando con la urgencia que se necesita para bajarlo en el Senado lo más pronto posible”, concluyo la senadora Peña Ramírez.
