El Capitolio- La Comisión de Gobierno del Senado en conjunto con la Comisión de Hacienda realizaron una vista pública sobre la Resolución del Senado 1287 de la autoría de los senadores, Migdalia Padilla Alvelo, Larry Seilhamer y el Presidente Senatorial, Thomas Rivera Schatz. La misma le ordena a las comisiones antes mencionadas realizar una investigación sobre la viabilidad de establecer un programa de retiro incentivado a los empleados de Agencias y/o Corporaciones e Instrumentalidades Públicas cobijados anteriormente bajo las disposiciones de la Ley Núm. 447 de 4 de mayo de 1951, según enmendada; y la Ley Núm. 1 de 16 de febrero de 1990, según enmendada.
“Nosotros como Comisión, lo que queremos es buscar alternativas viables para hacerle justicia a los empleados públicos. No es la dinámica de las diferencias entre agencias; no es el peloteo de responsabilidades entre unos y otros; por eso los convocamos hoy a los seis, para que salgamos de aquí con alternativas viables para hacerle justicia a los empleados públicos”, sostuvo el presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Rodríguez Mateo.
Sostuvo que “los empleados públicos no están esperando de su gobierno que le digan que hay unos planes fiscales certificados, que hay una quiebra gubernamental. Que se aprobaron una leyes justas e injustas en perjuicio de los retirados de la Isla. Ellos están esperando de sus legisladores, de aquellos que enviaron aquí a representarlos es que presenten alternativas reales y se les haga justicia una vez que se retiren”.
Según la medida, los Sistemas de Retiro de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura fueron reformados mediante la aprobación de la Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”. Mediante dicha Ley, se derogó la Ley 211-2015, pero se garantizaron todos los derechos y obligaciones creados al amparo de dicho estatuto sobre aquellos pre retirados que se encontraban participando del Programa.
“Ante cuestionamientos surgidos de la investigación realizada por la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, en virtud de las Resoluciones 252 y 570 con respecto al proceso de implementación del Programa, se aprobó la Ley 262-2018. Mediante dicha Ley, se enmendó el Artículo 7.1 de la Ley 106-2017, ordenando a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a reevaluar las solicitudes de Preretiro que habían sido oportunamente presentadas por las entidades gubernamentales”, concluyen los autores de la medida.
A su vez, con el propósito de continuar el análisis que llevaba a cabo la Oficina de Gerencia y Presupuesto de las solicitudes que tenía ante su consideración, y con el fin de culminar dicha gestión, se aprobó la Ley 72-2019. La misma, entre otras cosas, añadió un inciso (G) al Artículo 7.1 de la Ley 106-2017 a los fines de garantizarle los beneficios del Preretiro a aquellos participantes que hayan cumplido sesenta y un (61) años siempre y cuando no se encontraran en otro Programa de Preretiro, o renunciado al puesto que ocupaba como empleado en el Servicio Público.
El Departamento de Hacienda aseguró en vista pública que de acuerdo a la información que se les solicitó, entiéndase, el número de empleados cobijados bajo ambas leyes y si existen fondos presupuestarios para costear dicho programa, actualmente, según estos, bajo la Ley 447 hay 109 empleados, bajo la Ley 1 hay 622, otras leyes, 1, 001 para un total de 1,737 empleados.
“En síntesis, y tal como establece la tabla, existen 731 de un total de 1,737 empleados que les cobija una de las dos leyes a las que hace referencia esta medida, por lo que cualquier iniciativa de retiro incentivado pudiera afectar al 42% de los empleados de la agencia. Este personal tiene un costo aproximado anual de $30 millones anuales a la agencia, lo que incluye el salario, beneficios marginales, aportaciones al plan médico y el bono de Navidad”, aseguró Christie Machín Ramírez, quien asistió a la audiencia pública en representación del Secretario de la agencia, Francisco Parés.
“Para el Departamento representaría un disloque en sus funciones el que un 42% de los empleados de la agencia, mucho de estos en puestos esenciales, cesen sus labores para acogerse al retiro. Esto sin contar la cantidad de empleados del Departamento que se acogieron a leyes de retiro anterior, o que por diversas razones ya no forman parte de la plantilla del gobierno”, insistió Machín Ramírez.
Mientras, la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH) destacó la situación fiscal de los sistemas. “Destacamos la situación fiscal que históricamente se ha señalado llegaría a padecer el sistema de pensiones del servicio público. A tenor con las expresiones de expertos economistas, juristas, funcionarios y la opinión pública, la situación actual apremia e impera cierta incertidumbre sobre si el resultado representará en algunos casos, una reducción considerable de las pensiones de los jubilados”, indicó la Lcda. Naomi Álamo en representación de la Directora de dicha agencia, Sandra E. Torres López.
Aun así, la OATRH confirió completa deferencia a la opinión de la Junta de Retiro del Gobierno en pleno, en torno a la viabilidad de una iniciativa como la que se analiza y el posible impacto en la ya precaria situación del Sistema de Retiro de Empleados de Gobierno y la Judicatura.
Ante la posición de esta y otras agencias presentes en la vista pública, tanto el Presidente de la Comisión de Gobierno, Carlos Rodríguez Mateo como la Presidenta de la Comisión de Hacienda, Migdalia Padilla Alvelo, condenaron la posición de las agencias pertinentes sobre dar deferencia a otras sobre este asunto y que no se hayan llevado soluciones específicas sobre la problemática con los Sistemas.
“Para darle celeridad a este proceso nosotros vamos a salir de aquí con alternativas. No con deferencias. Ya de eso los servidores públicos se cansaron. Llevan tres años escuchando lo mismo. No necesitan que otra agencia más le diga que hay planes certificados y que hay una Junta de Control Fiscal. Eso lo sabe todo el mundo. Si es para eso, en el ánimo de economizarle al erario público, no tendríamos que estar celebrando vistas públicas. Hoy vamos a salir de aquí con una solución viable a la problemática de los retirados de Puerto Rico”, enfatizó Rodríguez Mateo.
Por su parte, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) indicó que actualmente, conforme la Ley 106-2017, las pensiones de los retirados se sostienen y desembolsan a través del sistema Pay-Go. Este sistema, según orientaron, consiste en el establecimiento de un cargo equivalente a la cantidad en efecto pagada a los Pensionados y Beneficiarios provenientes de cada entidad cubierta por la Ley 106-2017. “Por esa razón, este impacto sobre el Fondo General es considerado al momento de confeccionarse el Plan Fiscal y el Presupuesto. Por consiguiente, alterar los supuestos bajo los cuales se formularon las proyecciones sobre las cuales se confeccionaron el Plan Fiscal y el Presupuesto podría afectar adversamente la implementación de los documentos que sirven de base para la operación del gubernamental. Además, variar estos supuestos pudiese incluso tornar la legislación en significativa inconsistencia con el Plan Fiscal certificado, lo que pudiese conceder a la JSF la potestad de impedir su implantación”, señaló la agencia.
“Los servidores públicos ya están cansados de eso. De aquí tenemos que salir con soluciones y no con deferencias, ya ellos no quieren escuchar de que hay o no hay una Junta de Control Fiscal sino de soluciones”, cuestionó Carlos Rodríguez Mateo.
Mientras que la senadora Padilla Alvelo se expresó incomoda al recordar que en innumerables ocasiones han solicitado información precisa sobre el número de empleados que están acogidos a ambas leyes de Retiro y hasta el momento no se les ha provisto. “De esta manera no podemos trabajar”, acotó la legisladora.
Rodríguez Mateo adelantó que mañana sostendrán otra vista pública sobre esta Resolución del Senado 1287.
