El Capitolio- El Senado dio paso hoy a una petición de información del senador por Acumulación, Gregorio Matías Rosario, al secretario de Seguridad Pública (DSP), Pedro Janer, requiriendo un “informe detallado” sobre la compra del vehículo blindado Chevrolet Suburban por un costo no menor de $245 mil.
“El senador que suscribe respetuosamente solicita que a través de la Secretaría de este Alto Cuerpo, se requiera al secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer, que provea un informe detallado sobre la compra número 18040440053 mediante la cual el gobierno de Puerto Rico compró un vehículo Chevrolet Suburban ‘premier’”, solicitó el Senador por Acumulación en la petición la cual deberá ser contestada en un máximo de cinco días calendario a partir de la notificación para que se someta la información requerida.
Matías Rosario urgió a que se incluya, sin que se entienda como una limitación, la siguiente información: contrato de compra, evidencia de pago, facturas pendientes (si alguna) y copia de toda evidencia de gestiones para dar seguimiento al suplidor ‘Texas Armoring Corporation” para la entrega del vehículo. También, los nombres y posiciones ocupadas, tanto al momento de la compra como al presente, de los funcionarios involucrados en el procesamiento de la compra y entrega del pago, toda evidencia de gestiones para cancelar la compra y cualquier otra información relevante a la compra, pago y entrega del vehículo.
Esta petición se realiza de conformidad con el Reglamento del Senado de Puerto Rico.
Alivio a la venta de autos – El Senado aprobó un proyecto del presidente Thomas Rivera Schatz y el senador Héctor Martínez Maldonado para reducir en un 50 por ciento y por un periodo de 120 días el arbitrio para automóviles importados, nuevos y usados, vehículos de motor comerciales y camiones introducidos del exterior o fabricados en la Isla.
No obstante, en la Resolución Conjunta el Senado 534, aprobada a viva voz, se aclara que dicha reducción en el pago de los arbitrios deberá reflejarse “íntegramente” en el precio de venta al cliente.
Las disposiciones de esta Resolución serán aplicables al inventario de vehículos existentes en la Isla al momento de la declaración de emergencia a raíz de la pandemia del COVID 19 así como al que llegue y sea vendido durante el término de reducción temporera. Si los arbitrios ya fueron pagados previo a la venta, los vendedores comerciales debidamente registrados para tales propósitos, podrán reclamar un crédito sobre la cantidad pagada.
De la misma manera, si un vendedor comercial registrado, genera una orden de compra durante el término de vigencia de la Resolución Conjunta, le será de aplicación la disposición aunque la entrega del automóvil, vehículo de motor comercial o del camión se realice una vez culminado dicho periodo.
Protege a los consumidores de las “facturas médicas sorpresa”
Convencidos de que el problema mayor que enfrentan los ciudadanos cuando reciben servicios de salud, es que frecuentemente reciben “facturas sorpresa”, con cargos por procedimientos en salas de emergencias de hospitales o proveedores de salud que el consumidor no tuvo opción de seleccionar, los senadores votaron a favor de que se aprobara el Proyecto del Senado 1528 de la autoría del presidente senatorial, que establece la “Ley de protección al paciente ante las facturas médicas sorpresa”.
La medida, que a su vez le añade, un Capitulo 48 a la ley del “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico” a los fines de atajar estas llamadas “facturas sorpresa”, agrega que las mismas pueden surgir de diferentes maneras. Por ejemplo, en una emergencia, un paciente puede terminar en un hospital que no está en la red de su asegurador. Incluso, para una cirugía programada en un hospital dentro de la red, no todos los médicos (cirujanos, anestesiólogos, por ejemplo) pueden estar en el plan de los pacientes.
Continúa explicando la pieza legislativa, que cuando los proveedores de atención médica están fuera de la red del plan, los cargos por los servicios pueden solo estar parcialmente cubiertos o no estar cubiertos en lo absoluto, según el tipo de seguro y el diseño de los beneficios. En algunos casos, los servicios particulares (por ejemplo, ciertas pruebas de laboratorio) o productos (por ejemplo, ciertos medicamentos recetados), también pueden no estar cubiertos por un plan médico.
En la Isla los consumidores y aseguradores continúan reportando cargos exorbitantes por parte de ciertos profesionales e instalaciones de la salud por concepto de servicios fuera de la red, incluyendo en la facturación del saldo. Además, en ciertos casos se remiten a cobro, lo que redunda en el aumento en los costos de los servicios y seguros de salud y en más sacrificios a los consumidores de atención medica”, expone Rivera Schatz en la medida.
En la Exposición de Motivos del Proyecto del Senado 1528 se indica que una encuesta en el 2018, de Kaiser Family Foundation, encontró que al 67 porciento de las personas les preocupa no poder pagar una factura médica inesperada, por encima del temor de no poder pagar por los medicamentos recetados, las primas o deducibles. Según la referida encuesta, el 57 por ciento de los adultos estadounidenses se han sorprendido por una factura medica que pensaron estaría cubierta por un seguro, y el 20 porciento indicó que sus “facturas sorpresa” fueron el resultado de que un médico no era parte de la red.
En la ley se decreta que como política pública de este gobierno, se establezcan los mecanismos pertinentes para reformar el sistema de prestación de atención médica en Puerto Rico, con el propósito de mejorar la protección de los consumidores, evitar las facturas sorpresas, resolver ciertas disputas de facturación de atención médica, atender el aumento en los costos y medir el logro de estos objetivos.
Esta pieza legislativa, al igual que las demás esbozadas en este comunicado, fueron aprobadas a viva voz y queda pendiente la votación electrónica.
Confirman a comisionado de OCIF Luego de realizar una vista pública en la que esbozó sus propuestas para la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), el Senado confirmó a viva voz a Víctor M. Rodríguez Bonilla como comisionado de dicha institución.
Dicho nombramiento, fue avalado, según consta en el informe positivo de la Comisión, por el director del programa de confiscaciones del Departamento de Seguridad Nacional federal (Homeland Security), José Félix Santiago.
En la audiencia pública, Rodríguez explicó que se propone establecer un acuerdo formal con el FBI, Homeland Security, el Departamento de Estado Federal, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Reserva Federal de Nueva York para trabajar en conjunto y crear un Task Force para el desarrollo de la industria financiera.
Allí también propuso que las entidades bancarias aumenten su participación en proyectos de bienestar social y en transacciones financieras que ayuden al desarrollo de la infraestructura del gobierno y el desarrollo de viviendas en el País, y atraer inyección inmediata de dinero para aumentar el presupuesto de la OCIF que actualmente está entre $30 millones y $40 millones, pero gran parte va al Fondo General.
Asimismo, que se establezca un “International Financial/ Banking Hub”, desarrollar “formalmente” una Escuela de Examinadores de la OCIF que constará de alianzas con las universidades públicas y privadas y de la participación de los Reguladores Federales existentes e implementar un programa de seminarios y formación profesional para todas las entidades financieras de la Isla de la mano de las agencias reguladoras estadounidenses.
También se confirmaron otros nombramientos.
La Sesión continúa.
