(El Capitoliobv) – El Proyecto del Senado 38, cuyo fin es permitir que más menores de edad sean procesados como adultos en delitos graves, recibió este miércoles el rechazo de legisladores y organizaciones dedicadas a la protección de derechos civiles durante la evaluación de la medida en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes.
Entidades como la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), la Comisión de Derechos Civiles y el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) también manifestaron su oposición al Proyecto de la Cámara 807, que busca eliminar el requisito de agotamiento de remedios administrativos en los casos de faltas ocurridas en planteles escolares.
“Los Proyectos del Senado 38 y de la Cámara 807, al pretender armonizar la ley con el Código Penal de adultos y eliminar mecanismos restaurativos, desnaturalizan su propósito y vulneran tanto el ordenamiento local, como los estándares internacionales de derechos humanos”, expresó en su ponencia la presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga.
La SAL aseveró que las piezas legislativas se tratan de “medidas reaccionarias a eventos aislados” en medio de recientes crímenes juveniles en la Puerto Rico. El organismo reiteró que las consecuencias de ambas medidas serán criminalizar a la población juvenil al exponerlos a procesos menos garantistas que, incluso, los ubique en peor posición que la de un adulto sometido a un proceso penal.
“En la medida en que no hay una verdadera transformación de país si la niñez sufre hambre, sufre desamparo, sufre miedo, tampoco hay una verdadera transformación de país si seguimos permitiendo que nuestros menores de edad lleguen a una institución juvenil, y mucho menos a una institución de adultos”, puntualizó la licenciada Yahaira Colón, directora de la División de Asuntos Especiales y Remedios Post-Sentencia de la SAL.
Mientras tanto, el director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles, Ever Padilla Ruiz, destacó que la experiencia de la entidad es que la mayoría de los menores que se enfrentan al sistema de justicia juvenil provienen de contextos marcados por la pobreza, la violencia intrafamiliar, bajos niveles educativos, con problemas en el desarrollo, entre otros patrones de delincuencia intergeneracional.
Las organizaciones insistieron en que los menores de edad no tienen el desarrollo psicosocial necesario para la toma de decisiones responsables, por lo que sus percepciones sobre los riegos que asumen y las consecuencias de sus acciones son limitadas.
“Más que criminalizar las conductas de los jóvenes, debemos enfocarnos en fortalecer la permanencia de los jóvenes en las escuelas desde un modelo de atención integral, que incluya aspectos educativos, psicológicos y sociales”, precisó Padilla Ruiz.
“Permitir que estas dos medidas legislativas sean aprobadas es retroceder muchos años en las luchas y en los derechos que hemos conquistado para nuestros menores”, abundó.
Justicia favorece los proyectos
Por otro lado, el Departamento de Justicia respaldó el trámite legislativo de ambas piezas legislativas, al tiempo que describió el Proyecto del Senado 38 como una “loable medida” en su ponencia escrita.
Según los abogados de la agencia que comparecieron a la vista pública, las medidas actuarían como una herramienta de protección para las víctimas de jóvenes transgresores y, a su vez, como un disuasivo para evitar que reincidan.
“Entendemos que también van acorde con darle protección a las víctimas. Si bien es cierto que la Ley de Menores el norte es la rehabilitación, pero también exigirles responsabilidad. También hay que proteger el orden público y hay que atender a las víctimas que también tienen sus derechos”, opinó el licenciado Luis Ramos Vélez, procurador de Asuntos de Menores en la Fiscalía de Arecibo.
La posición de la Justicia fue increpada por los representantes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) Denis Márquez Lebrón y Adriana Gutiérrez Colón, quienes repudiaron la aprobación de ambos proyectos.
Los legisladores también advirtieron que el Proyecto del Senado 38 induce a error cuando en su exposición de motivos alude que busca atemperar las disposiciones de la Ley de Menores con el Código Penal del 2012.
A juicio de la representante Gutiérrez Colón, la legislación también amplía los delitos por los cuales un tribunal puede renunciar a su jurisdicción sobre un joven que sea mayor de 14 años y menor de 18 años que se le impute una falta de clase III.
El licenciado Ramos Vélez, no obstante, aseguró que “no meramente porque se radica una renuncia de jurisdicción quiere decir que automáticamente va a ser juzgado como un adulto”.
Gutiérrez Colón subrayó la necesidad de contar con estadísticas actualizadas sobre los asuntos que se pretenden legislar “antes de aprobar medidas que pueden tener unas serias consecuencias contra nuestra juventud”.
“Estamos de acuerdo con que se debe asumir responsabilidad por los actos que se cometan, siempre dentro del marco de la madurez, de la capacidad de los menores que, precisamente, por eso es que son diferenciados en nuestro sistema de justicia”, sostuvo la legisladora.
El presidente de la Comisión de lo Jurídico, José “Ché” Pérez Cordero, también mostró algunas reservas con los proyectos de ley, mientras alertó que las excepciones en ambas propuestas se pueden convertir en la norma. El legislador adelantó que continuará el análisis de ambas medidas en vistas públicas a las que citará a los Departamentos de Educación y Familia.
“Yo puedo entender el deber del Departamento de Justicia de buscar procesar y que haya consecuencias… pero me preocupa que estemos colgando los guantes y que no haya más análisis”, enfatizó Pérez Cordero.
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