En medio de la discusión del presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación para el próximo año fiscal
(El Capitolio) – El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Eddie Charbonier Chinea, advirtió sobre posibles descuadres en el presupuesto del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) ante el desconocimiento de la agencia sobre el gasto público y los riesgos que conllevará la cancelación del contrato con la compañía Physician Correctional.
Mientras ocurre la transición, el DCR continuará destinando $11.7 millones anuales de sus finanzas para que Physician Correctional mantenga sus servicios de salud a la población correccional de manera compulsoria, informó este miércoles el secretario Francisco Quiñones en las vistas públicas sobre el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2026-2027.
Sin embargo, el titular del DCR tampoco pudo precisar el tiempo que tomará la salida de la empresa que, por separado, administra un asignación de aproximadamente $55 millones dirigida al presupuesto del Programa de Salud Correccional.
“La preocupación de esta comisión es en cuanto a costos. Costos que, por culpa de una mala decisión… nos dañen otros planes que pueda haber”, señaló Charbonier Chinea. “Quizás el Departamento consiguió unos chavitos para aumentarle los salarios a los empleados públicos y el Departamento, de momento, tiene que pagar la demanda”, añadió.
El legislador mostró reparos con realizar enmiendas futuras al nuevo presupuesto con el fin de que el DCR pueda sufragar los aspectos vinculados a Physician Correctional –como el pleito legal que permanece en los tribunales– y la contratación de una nueva proveedora que “nos cueste más cara”.
El secretario del DCR aseguró que, una vez se escoja a la nueva compañía, el proceso de transición “puede tomar meses” y, por lo tanto, Physician Correctional está obligada a mantener la prestación de sus servicios.
Quiñones también informó que el comité conformado para evaluar las compañías interesadas en asumir el nuevo contrato rindió un informe preliminar el pasado 3 de abril que contiene las propuestas de 10 proveedores.
Indicó que ocho de estas empresas hicieron ofertas para todos los servicios que actualmente brinda Physician Correctional, incluyendo tratamientos para la salud mental y física de la población juvenil, así como la salud mental y física de adultos.
“Nosotros aquí hemos queridos ser bien juiciosos. No estamos hablando de tomar – y sé que esa no es la preocupación – una decisión caprichosa. Estamos velando por los mejores intereses de la población correccional”, afirmó Quiñones, quien reiteró que, pese a las irregularidades señaladas contra Physician Correctional, la compañía opera bajo “los más altos estándares” de cuidado clínico.
“Se vaya a quedar hasta el 2028 o se vaya mañana, mientras nos estén dando servicios y el Departamento esté pagando por ellos, (tenemos que) asegurarnos que el servicio, dentro de las circunstancias, cumpla con nuestras exigencias”, manifestó el jefe del DCR.
Por su parte, el representante Gabriel Rodríguez Aguiló solicitó la entrega del borrador y los datos de las 10 compañías que están en revisión. El legislador, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara, también adelantó que convocará vistas públicas para estudiar el proceso de transición que se llevará a cabo.
“Yo quiero tener claro cuáles son esas 10 compañías, quiénes son los dueños de esas compañías y si tienen a algún representante que esté haciendo las gestiones por ellos frente a Corrección”, puntualizó Rodríguez Aguiló.
Entretanto, el DCR presentó ante la Comisión de Hacienda una solicitud de aumento de $49.8 millones con cargo al Fondo General para el próximo año fiscal. El secretario peticionó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) un presupuesto del Fondo General de $489.9 millones, de los cuales $274.5 corresponden a nómina y otros $157.8 millones a gastos operacionales.
Según Quiñones, la partida que requirió para la nómina de la agencia permitirá atender la necesidad de reclutamiento y ascensos requeridos para la supervisión adecuada en las cárceles de adultos y los Centros de Tratamiento Social para los juveniles.
Asimismo, el funcionario destacó que parte de esta asignación costeará el gasto de nómina actual, que incluye un aumento al cuerpo de oficiales correccionales por la cantidad de $19 millones que fue alcanzado en el año fiscal vigente.
Entre sus prioridades para el próximo año fiscal, mencionó la instalación de cámaras de seguridad, contratación de personal crítico, remodelación de la institución Ponce máxima y puntualizar sobre el dinero retroactivo de la agencia.
“Las proyecciones para el año fiscal 2026-2027 buscan alcanzar una administración con visión estratégica, prudencia, compromiso con la seguridad pública y la rehabilitación efectiva. Cada asignación presupuestaria al DCR impacta directamente la protección de la ciudadanía”, aseveró Quiñones.
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